Un grupo de asociaciones civiles locales, nacionales e internacionales publicaron su informe Misión Civil de Observación sobre Impactos del Tren Maya.
El documento detalla lo que califica como "graves e irreparables violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos, a los derechos indígenas y a los derechos de la naturaleza". Y menciona aspectos que han dominado el debate público: la devastación ambiental, los abusos y excesos militares, la inseguridad, el impacto social, la privatización del territorio, entre otros.
La imagen muestra a un campesino que, de lejos, mira la Estación Nicolás Bravo/Kohunlich del Tren Maya y se queja ante la cámara: “Ver pasar el tren me sale muy caro”.
Muchos meses antes le habían dicho que necesitaban parte de su terreno para tender las vías por las que se desplazaría el tren en su Tramo 7 y que bastaba con sólo una superficie de unos 850 metros de largo por 40 metros de ancho de los terrenos en que siembra maíz. No le afectarían tanto.
En realidad, no fue así: el Ejército extrajo cientos de metros cuadrados de tierra productiva que hoy es estéril. Varios funcionarios de los tres niveles de gobierno convencieron a la comunidad del municipio de Nicolás Bravo, Quintana Roo, de ceder una parte de sus tierras para construir el Tren Maya. Si accedían, se les pagarían conforme al valor de catastro.
“Ni un metro más se les va a dañar”, le prometieron.
“Sobre toda esa tierra que se sacó, se rellenó con puro sascab (piedra de cal). Ya no es tierra productiva. Toda esa tierra buena la tiraron hacia los lados. Si siembras una plantita, se va a morir porque es puro material calizo. Las capas fértiles de la tierra ya no existen. No hay dónde sembrar”, dice el campesino en su testimonio en video.
La construcción del Tren Maya creó así un desierto en su entorno. Además, a los campesinos de la comunidad de Kohunlich les pagaron menos de lo acordado por afectar parte de sus terrenos:
“Llegaba a mi predio y con tristeza veía cómo tiraban piedras de roca caliza sobre mis plantas. Iba con los militares de alto rango a decirles que eso no permitiría crecer mi cosecha. Ya sabemos quiénes son los militares. No me escuchaban. Ya no había manera de comunicarse con nadie. Hoy, cuando voy a mi predio, sigo viendo pasar el tren y eso a mí me sale muy caro”, expresa el campesino.
El testimonio de este campesino de Quintana Roo fue exhibido durante la presentación del Informe de la Misión Civil de Observación de los Impactos del Tren Maya, en la que participaron representantes de comunidades afectadas, asociaciones civiles, académicos de la UNAM, la UAM y el INAH, así como integrantes del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU.
“Miedo e indefensión”
La presencia de las fuerzas armadas en la Península de Yucatán –destaca el Informe- ha instaurado “un clima de miedo e indefensión” que se traduce en abusos de poder, daños a parcelas y tierras comunales, explotación de fuentes de agua y cercamiento de espacios públicos como estaciones del Tren Maya, hoteles, caminos, bancos de materiales, parques, zonas arqueológicas e incluso escuelas públicas.
“En los tramos del sur de la Península, donde antes predominaban territorios rurales con bajo índice delictivo, arrecian las violencias vinculadas a la expansión de economías ilegales. Las disputas criminales, antes concentradas en polos turísticos como Cancún y Playa del Carmen, hoy alcanzan los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco, Quintana Roo”, reporta el Informe.
En el aspecto ecológico, la misión civil documentó que la construcción del Tren Maya, así como las obras paralelas impulsadas, han generado deforestación de más de 11 mil hectáreas de selva, fragmentación de ecosistemas, perforación y destrucción de cenotes y cavernas subacuáticas, alteración de humedales, contaminación del Acuífero Maya y la pérdida de hábitat de especies emblemáticas, sobre todo en los tramos 5, 6 y 7 del tren, en su trazo Playa del Carmen-Tulum-Chetumal-Escárcega.
La Misión Civil de Observación también constató que más de 50 demandas de juicios de amparo interpuestas desde 2020 no lograron detener daños ni modificar el curso del megaproyecto del tren, mientras que las medidas cautelares ordenadas por juzgados federales fueron desacatadas por el gobierno federal, el cual declaró el Tren Maya como un proyecto de seguridad nacional.
“Lo que acontece en la Península de Yucatán es una crisis civilizatoria, una falta de comprensión de la humanidad. Hay un régimen tecno-económico que gobierna el mundo devastando la vida en el planeta. Y ese es el grado de la tragedia”, explicó Enrique Leff, doctor en ciencias socioambientales por la UNAM e integrante del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.
La construcción del Tren Maya, continuó Leff, ha desencadenado un proceso de devastación, a través de una violencia hacia la naturaleza y hacia los pueblos que padecen el despojo de sus prácticas tradicionales, de su tejido social. “Además, se ha desmantelado los recursos mínimos de acceso a la justicia, a los derechos existenciales de pueblos y comunidades que también han sido silenciados”.
Economista, sociólogo y ecólogo con una trayectoria profesional de más de 50 años, Enrique Left indicó que el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza y el Tribunal Permanente de los Pueblos han dictado una sentencia: “Juzgamos estos hechos emprendidos desde el gobierno mexicano como actos de genocidio y de etnocidio. No usamos metáforas. Son categorías científicas, filosóficas y sociológicamente fundadas”.
Enrique Leff señala que en la Península de Yucatán se ha desencadenado uno de los procesos más devastadores en el mundo, quizá con buenas intenciones y eso es parte de la tragedia:
“Con la intención de sacar de la pobreza, de incluir en la modernidad a los pueblos y comunidades tradicionales, en aras de un progresismo de izquierda, se ha desencadenado un proceso de devastación a través de una violencia hacia la naturaleza y hacia los pueblos que padecen el despojo de sus prácticas tradicionales y de su tejido social”.
En la presentación del Informe sobre la Misión Civil de Observación de los Impactos del Tren Maya, participó Guillermo D’ Christy como parte del Colectivo Cenotes Urbanos.
En la ruta Playa del Carmen-Tulum-Chetumal-Escárcega (tramos 5, 6 y 7), explicó D´Christy, se ha contabilizado la pérdida de al menos 20 millones de árboles. “Son millones de ecosistemas totalmente barridos; millones de nidos de aves destruidos. El corredor biológico que se tenía todavía al norte de Quintana Roo ha sido vulnerado totalmente, a pesar de que es uno de los lugares con el mayor número de avistamientos de jaguares y, en general, de fauna protegida por ley”.
D` Christy recordó que también han sido afectados alrededor de 130 cenotes y cavernas subterráneas que tienen salida a la superficie, mismas que ahora presentan perforaciones, rellenos con cemento o han sido destruidas en su totalidad para soportar la obra de del tren.
“En total se hincaron alrededor de 15 mil pilas de acero y de concreto directamente sobre el Acuífero Maya, el cual ya se está contaminando por los procesos de corrosión de los metales. Nunca hubo un estudio que señalara las posibles afectaciones a mediano y largo plazos. Aún no lo sabemos, empezamos a hacer algunos estudios, pero es un daño inconmensurable”, ejemplifica.
También alerta que en los últimos 60 años se ha perdido aproximadamente 90 por ciento de selvas en México. Quintana Roo registra la mayor tasa de deforestación, no porque en otras partes de México no ocurra, sino porque ya no hay en otras partes del país con selva tan prístina, como la que se tenía todavía en Quintana Roo.
Guillermo D’ Christy alertó sobre otro daño irreversible: “La especulación inmobiliaria da cuenta de la poca selva que ya está quedando entre el Tramo 5 y la carretera 307 de Quintana Roo. Las invasiones a tierras y territorios se suman al afán de querer vender ´el paraíso’ en pequeñas parcelas para que la gente, que no vive ahí, construya ecochips, sin preocuparse por los sistemas de drenaje, tratamiento de agua residuales, alcantarillado y demás servicios”.
En su turno, la antropóloga Giovanna Gasparello abordó otro de los temas polémicos: para qué sirven los vestigios arqueológicos descubiertos a los largo de la ruta del Tren Maya en la Península de Yucatán. “Su uso es mercantil y escenográfico, pese a que forman parte de la memoria histórica del pueblo mexicano y de la humanidad.
“El patrimonio arqueológico se utiliza como un producto económico, como una ancla para abrir nuevos territorios al mercado turístico, incluyendo la memoria de los pueblos mayas, quienes aún consideran estos lugares como lugares sagrados. Muchos de los investigadores del INAH que han denunciado el gran fraude que representa lucrar con los vestigios arqueológicos han sido silenciados por las autoridades”, cuestiona la investigadora.
Pese al escenario adverso, el Informe sobre la Misión Civil de Observación de los Impactos del Tren Maya subraya que persiste un “tejido social activo”, integrado por las comunidades, asambleas ejidales, redes de científicos y organizaciones que articulan acciones sociales y legales para defender los territorios.
“Demandamos a las autoridades federales asumir con urgencia las responsabilidades ambientales, sociales y jurídicas derivadas de la construcción y operación del Tren Maya, incluyendo el nuevo tren de carga; y garantizar la protección de la Selva Maya, del acuífero peninsular y de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y locales”, concluye el Informe de la Misión Civil de Observación.
