A 30 años de la masacre de Aguas Blancas, el luchador social dice que cuando se integró a la OCSS, en 1994, “sabía que podía morir porque al gobierno no le conviene que exista gente como nosotros”. Preso político con cuatro condenas, logró que se le aplicara el Protocolo de Estambul: tras 23 años, se reconoció que sus declaraciones autoinculpatorias fueron arrancadas bajo tortura. “Yo le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que recuerde mi caso y busque justicia real; los que ordenaron matar a mis compañeros y quienes los encubrieron están libres”
En los 24 años que lleva preso en el Centro de Reinserción Social Varonil de Atlacholoaya, en Morelos, Antonio Barragán Carrasco varias veces ha perdido la paciencia y la esperanza. Quién sabe cómo ha hecho para no enloquecer.
Sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas e integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), insiste en que nunca ha sido amonestado ni llamado al Consejo Técnico y aunque cada tanto las autoridades penitenciarias decomisan kilos y kilos de cocaína o marihuana en el penal, él se ha mantenido sobrio. Ni siquiera fuma.
A sus 63 años, intenta llevársela en paz con sus compañeros de encierro. Sabe que algunos de ellos han delinquido, matado, secuestrado; él ya no los juzga. Lo que sí, recalca su inocencia.
–Yo no soy un preso regular: soy preso político.
A 30 años de la matanza en la que policías judiciales del estado de Guerrero asesinaron a 17 campesinos cafetaleros de la OCSS, Antonio Barragán se reivindica como militante en entrevista vía telefónica con El Sur. Está convencido de que ser parte de la organización fue la causa de que lo encerraran. Pero eso es, también, lo que le ha ayudado a resistir.
–Es lo que me ha mantenido vivo –afirma–. A mí me ayudó muchísimo ser un miembro de la organización campesina para aguantar aquí. Con mis compañeros yo aprendí a luchar por lo justo, entendí lo que es un ideal. Cuando me integré a la OCSS en 1994 yo sabía que por ser luchador podía caer en la cárcel. Sabía que podía caer al hospital, que podía morir porque al gobierno no le conviene que exista gente como nosotros. Así que ya estaba mentalizado. Yo siempre dije: “A mí las paredes no me van a hacer nada, a mí no me va a rendir la cárcel”.
Habla con un orgullo triste, sin heroísmo: no ha sido fácil. Cuando llegó al penal de Atlacholoaya, en 2001, permaneció un año y tres meses encerrado en una celda oscura, apandado. Sólo los domingos le permitían salir para ver a su familia. Esto fue después de los golpes, las bolsas en la cabeza, las agujas en los dedos y los choques eléctricos para obligarlo a declararse culpable de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), de secuestrar a la hija de un empresario hotelero y de asesinar a tres secuestradores, sus presuntos compañeros.
Permaneció más de una década sin sentencia. Hace un año, por fin, la Guardia Nacional le aplicó el Protocolo de Estambul: una herramienta cuyo propósito es verificar más allá de toda duda que una persona fue víctima de tortura, documentando secuelas médicas y psicológicas. Desarrollado por médicos forenses, psicólogos y abogados de más de 15 países como una herramienta jurídica, el protocolo ha sido adoptado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un mecanismo esencial para confirmar o descartar la tortura en casos judiciales.
Antonio Barragán dio positivo a la prueba: después de 23 años, se reconoció que las declaraciones por las cuales se autoinculpó fueron arrancadas bajo tortura, presionado con amenazas de violación a su hija, de asesinarlo a él, a sus hijos y a todos sus seres queridos.
Falsos culpables, de la mano de García Luna
Desde 2018, en la sentencia de un amparo directo (114-2018), el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 18º Circuito admitió que Antonio Barragán había sufrido actos de tortura. Los certificados médicos que registraron su llegada al penal exhibieron una extensa variedad de lesiones: “equimosis violáceas en ambas regiones retroarticulares (…), en el párpado superior del ojo izquierdo (…), en el hombro derecho, en el hombro derecho, en el tórax, en la región subescapular izquierda…”.
Por ello, la sentencia recomendaba desechar como prueba sus primeras declaraciones y reponer el proceso judicial en su contra pero, de manera inexplicable, la sentencia sólo cambió su delito de homicidio calificado a homicidio simple.
–Desde el momento de mi detención me comenzaron a golpear –recuerda–. Me esposaron, me llevaron a un camino de terracería. Ahí pusieron bolsas de plástico en mi cabeza. Desde ese momento, el señor Eduardo Gallo me dijo que yo tenía que declararme culpable por matar a los secuestradores de su hija. Con una “chicharra” –un aparato que se usa para arrear ganado– me dieron choques eléctricos en las costillas.
La historia es antigua: el 16 de julio del año 2000 aparecieron muertos, en la carretera México-Cuernavaca, los hermanos Neftalí y Juan Miguel Lima, además de Miguel Salgado. Ese mismo día, en un pueblo de Morelos, fue encontrada sin vida Paola Gallo Delgado. Días antes, la familia de la joven había pagado rescate por su secuestro.
Un año después, en San Quintín, Baja California, Antonio Barragán Carrasco fue detenido. Estaba trabajando en el campo, junto a su hijo. No había orden de aprehensión en su contra, pero lo acusaron del secuestro de Paola Gallo y de matar a sus presuntos cómplices.
Quien lo detuvo fue un civil: Eduardo Gallo y Tello, padre de Paola. Antonio Barragán asegura que, enfrente de su hijo –también esposado y arrodillado–, recibió una golpiza brutal de ese empresario y un policía identificado como “Rey David”.
No fue el único. Orlando Ávila, Gerónimo Hernández y Gilberto Aguirre también fueron detenidos, torturados y obligados a inculparse entre sí. La OCSS ha denunciado en repetidas ocasiones que los detenidos fueron chivos expiatorios usados para encubrir los operativos fallidos e ilegales realizados bajo el cobijo del entonces director de la Agencia Federal de Investigaciones, Genaro García Luna.
Por años, personajes políticos como la exsenadora Nestora Salgado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum han declarado que el caso de Antonio Barragán debe revisarse al ser considerado uno de los tantos falsos culpables fabricados por García Luna, en contubernio con civiles como Eduardo Margolis en el caso Florence Cassez, o Isabel Miranda de Wallace y el supuesto secuestro de su hijo. En el caso de Gallo, él mismo relató su cruzada vengadora en el libro Paola: Historia de un secuestro y una sociedad corrupta (México, Grupo Editorial Vid, 2002).
“Antes de Aguas Blancas ya nos estaban matando”
Los presos de la OCSS eran cafetaleros unidos para detener el saqueo de madera y otros recursos de la sierra de Tepetixtla y exigir la presentación con vida de sus desaparecidos: padres y hermanos que fueron borrados del mapa durante la guerra sucia. Desde el primer año de existencia de la organización, 1994, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer los etiquetó como “guerrilleros” y comenzó a “cazarlos por deporte”.
–Antes de Aguas Blancas, antes del 28 de junio, ya nos estaban matando –relata Antonio Barragán–. Metieron paramilitares a los pueblos; en Tepetixtla mataron a Ismael Mena Álvarez y a Eugenio Aguirre. A Gilberto Romero lo desaparecieron.
Antonio todavía recuerda la sangre y los alaridos de sus compañeros, el olor a gasolina y plomo de hace 30 años, en el vado de Aguas Blancas. Después de este incidente, como muchos otros, Antonio huyó con su familia. Pero los pistoleros los siguieron a todas partes.
–Por esas épocas mi papá fue balaceado. Lo dejaron casi muerto. Fueron paramilitares, guardias blancas que estaban bajo órdenes del gobierno de ese tiempo. Y, mira, mi papá nunca simpatizó con la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Él siempre fue partidario de los caciques, del PRI, me invitaba a las reuniones del partido, que me iban a dar armas, poder. Pero yo no soy así, preferí unirme a la OCSS para defender al bosque de la tala –cuenta Antonio.
“Esa gente nunca pisa la cárcel; son libres para matar”
Después de la masacre de Aguas Blancas decidió irse a Morelos con su familia. Se cambió el nombre y en el año 2000 consiguió trabajo como jornalero en San Quintín, Baja California, en donde pensaba trabajar por temporadas. Fue inútil: allí los detuvieron y los torturaron hasta el cansancio.
Sus compañeros de la OCSS acusados del secuestro de Paola Gallo salieron libres recientemente. Ninguno fue absuelto: cumplieron la mitad de su condena o lograron reducir su pena por buena conducta. Sólo Barragán continúa preso.
Como no tuvo dinero para pagar una defensa legal, a Antonio lo representó un abogado de oficio que apenas conoció. Y cuando otros abogados más hábiles quisieron ayudarlo, fueron amedrentados por Eduardo Gallo y Tello, quien se presentaba en las audiencias pistola en mano para obligarlos a renunciar.
Le han sido negadas peticiones tan simples como conseguir unos lentes para poder leer sus expedientes. Y cuando organizaciones defensoras de derechos humanos se involucraron en su caso, ya era tarde: cuatro sentencias cayeron casi inapelables sobre él, sumando un total de 118 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, asociación delictuosa, delincuencia organizada, secuestro, robo y otros delitos.
la justicia nunca llega a las personas pobres
–Tal parece que la justicia nunca llega a las personas pobres –dice la voz de Barragán en el teléfono–. Yo le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que recuerde mi caso y que busque justicia real. Porque los que ordenaron matar a mis compañeros y quienes los encubrieron están libres. Ni el exgobernador Rubén Figueroa Alcocer ni el expresidente Ernesto Zedillo fueron castigados. El jefe de la policía que dirigió la masacre de Aguas Blancas salió libre después de seis años. Los que ordenaron mi tortura también siguen ahí. Esa gente nunca pisa la cárcel; ellos están libres, libres para matar.
Una masacre que aún sigue, que no termina
Antonio Barragán duerme solo en una celda de 12 metros cuadrados. Su rutina es sencilla: el día comienza a las siete de la mañana, cuando abren su celda para pasar lista. El trabajo escasea estos últimos años; antes solía fabricar muebles de madera y artesanías, pero los materiales son cada vez más caros. Manufactura todavía bolsas de mimbre plástico que sus compañeros de la OCSS venden afuera del penal. Para entretenerse asiste a los grupos católicos o de Alcohólicos Anónimos que visitan la cárcel y a las seis y media de la tarde debe estar de regreso en su celda.
–Trato de pensar que estoy afuera para no desesperarme –dice.
Esta semana, a 30 años de Aguas Blancas, la Organización Campesina de la Sierra del Sur ha emprendido otra de sus jornadas pacíficas de lucha. Su principal demanda es, además de reabrir el caso Aguas Blancas como un crimen de Estado, solicitar de nuevo el indulto presidencial o la amnistía para Antonio Barragán Carrasco.
Se le pregunta a Antonio si no tiene miedo, si no le atemoriza que personas como Eduardo Gallo y Tello sigan pendientes de su caso.
–La gente que me encarceló todavía tiene relación con el poder. Cuando me encarcelaron a mí, este señor tenía muchas palancas, no sólo con García Luna sino con el Poder Judicial, con (el entonces presidente, Vicente) Fox y quién sabe con quién más. Yo sé que mi vida corre peligro al salir de aquí, pero no voy a dejar de luchar por mi libertad y mi inocencia. Si tengo que morir por eso, ni modo. Confío en la gente que me está apoyando allá afuera.
El miedo de Antonio Barragán no es infundado. Eduardo Gallo y Tello llegó a presidir la asociación México Unido Contra la Delincuencia, desde la cual tejió alianzas con las élites económicas y políticas del país. Se ha documentado la existencia de denuncias formales contra Eduardo Gallo por ordenar la tortura y violación de Petra Benítez, suegra de Antonio, y su posterior asesinato junto a sus dos hijos, uno de ellos de cuatro años.
Y no parece casualidad que otros presos que también fueron declarados culpables del secuestro y homicidio de Paola Gallo –y que no tenían adscripción a la OCSS– hayan muerto debido a las torturas que seguían recibiendo en prisión.
Además, en 2016, Macrina Policarpo, prima de Antonio y también sobreviviente de Aguas Blancas, acompañante de presos políticos y víctimas de tortura, fue detenida y torturada en Atlacholoaya. Dos años después sufrió el asesinato de su hija y de su sobrina. Ese mismo 2018, en Tepetixtla, secuestraron y asesinaron a Roberto Salgado Casarrubias, sobrino de Antonio.
Es como si la matanza de Aguas Blancas se extendiera a lo largo de los años, inexorablemente. La OCSS insiste en que, después de Aguas Blancas, más de 36 de sus militantes han sido asesinados: todos líderes o cuadros medios. Últimamente los distintos grupos del crimen organizado son los principales ejecutores de miembros de la organización. El año pasado, Uriel Barragán Tacuba, de 33 años e hijo de Antonio, también fue asesinado en circunstancias no esclarecidas.
–A mi hijo me lo mataron el año pasado –menciona–. Yo no tengo pruebas para señalar a nadie. Pero, a mi entender, lo que puedo decir es que el culpable de los asesinatos de mis familiares es el Estado. Porque al ser yo detenido y encerrado aquí, mis hijos quedaron en el olvido. Ellos eran chiquitos y yo no pude cuidarlos y se tiraron a la perdición. Yo culpo al gobierno de la pérdida de mi hijo y también de mis sobrinos y hermanos.
Antes era el gobierno; hoy, también, crimen organizado
–Las cosas han cambiado en 24 años. ¿Qué piensas de lo que sucede ahora en Guerrero?
–Es difícil –reflexiona Antonio antes de contestar–. Cuando salga no voy a saber ni de quién cuidarme, ¿verdad? Antes nos parecía muy fuerte escuchar de toda la gente asesinada o desaparecida en tiempos de la guerrilla, en los años sesenta, todos los presos… ahora la corrupción es más criminal. Hay más peligro. Tantos desaparecidos que hay, como nunca. Antes peleábamos contra el gobierno pero no había estos grupos delincuenciales. Sabemos que son también parte del gobierno, son todos ellos gobierno también.
–¿Qué piensas de Eduardo Gallo y Tello, o de Anselmo Hernández, quien mencionó tu nombre cuando lo torturaron? Entiendo que él sí participó en el secuestro de Paola.
–Eduardo Gallo es responsable de que yo haya perdido a mi familia. He perdido a mucha familia en estos años. Pero también, y esto me lo da la formación política, porque yo sólo cursé hasta el cuarto año de primaria, yo intento entender a las personas: hay una parte de mí que lo entiende. Yo se lo dije en su cara (a Gallo): le secuestraron a su hija, se la mataron. Es imperdonable. Él tuvo razón en investigar eso porque el gobierno nunca hace las investigaciones como debería. ¿Pero por qué tenía que meterse conmigo? Él sabe que yo soy inocente. Su coraje es que él cree que yo soy un miembro del EPR, que yo era un líder de un grupo armado. Se dejó llevar por Genaro García Luna, que quería destruir a nuestra organización. A mí entender eso fue lo que pasó.
