Los jóvenes latinoamericanos dejan las casas de sus padres, en promedio, a los 28 años. Enfrentados a la realidad de la vida adulta, las preocupaciones de las nuevas generaciones se van acumulando una sobre la otra: falta de trabajos, salarios precarios, fenómenos asociados al cambio climático, salud mental, violencia, migración. Y encima de todo eso prevalece una pregunta común: ¿podremos tener casa propia algún día?
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 82 por ciento de la población latinoamericana vivía en 2023 en zonas urbanas. Nuestra región es una de las más urbanizadas del mundo. Sin embargo, también es una en la que su población, especialmente las personas jóvenes, enfrenta más retos para acceder a una vivienda.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mostró que para 2010 apenas 42 por ciento de las personas entre 15 y 39 años eran propietarias de su casa. En algunos países, como Colombia, sólo 21 por ciento de los jóvenes tenía una vivienda propia. Y quienes sí la tienen, muchas veces viven en condiciones precarias.
“América Latina y el Caribe tiene un problema estructural de acceso a la vivienda. Se estima que hay 45 por ciento de la población que todavía tiene deficiencias”, explica Tania Gallegos, directora de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.
Para Carla Escoffie, investigadora de vivienda y autora del libro País sin techo, “la vivienda es un derecho base para el ejercicio de otros derechos”. Tener un espacio seguro, dice, es indispensable para los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, al descanso y a otros. En algunos casos, incluso, es un factor determinante para aspirar a un trabajo. El acceso a la vivienda no es solo una comodidad, sino una necesidad.
Desde hace décadas, gobiernos y organismos de la región han desarrollado mecanismos, proyectos y leyes para solventar el déficit de vivienda. El problema es que la mayoría de estos proyectos se centran en la adquisición de vivienda nueva y brindan apoyo al sector formal o bancarizable: personas con un trabajo fijo, en una empresa con cierto nivel de organización, fuera del sector agrícola, con seguros y garantías laborales, etc.
Es usual que estos proyectos olviden a los 27 millones de jóvenes latinoamericanos que trabajan en el sector informal. Pero, sobre todo, a grupos demográficos sobrerrepresentados en la informalidad, como las mujeres, los migrantes, las poblaciones indígenas, afrolatinas y LGTBI+. Esta situación ha obligado a gobiernos, organismos especializados en vivienda y a las propias comunidades, a buscar nuevas soluciones, adaptadas a las necesidades de los jóvenes.
De acuerdo con Gallegos, algunas de estas soluciones responden a patrones que podrían ser considerados buenas prácticas, si bien todavía no son la norma. Se trata de iniciativas que buscan reparar inmuebles bien ubicados, ofrecer y financiar diferentes modelos de acceso a vivienda —desde la compra de casas o apartamentos hasta subsidios de alquiler y cooperativismo—, así como resolver problemas de poblaciones vulnerables específicas, como jóvenes, adultos mayores o personas LGBTI+.
En el Barrio 31 de Buenos Aires, por ejemplo, donde la mitad de los habitantes son menores de 25 años, un grupo de organizaciones internacionales utilizan la tecnología blockchain para promover la regularización de personas en condiciones vulnerables, lo que les permitiría acceder, entre otras cosas, a créditos.
Mientras tanto, el gobierno chileno ejecutó un subsidio para el arrendamiento llamado “Chao Suegra”, que ofrece a jóvenes entre 18 y 30 años hasta 200 mil pesos chilenos mensuales (232 dólares estadunidenses) para pagar el alquiler.
Para realizar esta investigación se identificaron 109 iniciativas nacionales vinculadas a la vivienda, pero muchas de ellas son generales, es decir, no están enfocadas en resolver los problemas de grupos poblacionales específicos: jóvenes, mujeres o personas LGBTI+. Algunas han fracasado o quedado en un limbo. No obstante, unas pocas han logrado su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a pequeñas comunidades de personas.
Tres proyectos gubernamentales de Costa Rica, Colombia y Bolivia que, con sus luces y sus sombras, han ayudado a miles de jóvenes, generalmente con ingresos medios, a financiar y adquirir una casa propia.
Costa Rica: viviendas para miles de jóvenes
El Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios de Costa Rica no estaba orientado a beneficiar jóvenes. Sin embargo, eso es justamente lo que ha terminado haciendo.
Este proyecto surgió en 2019 como parte de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y diversas entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, como mutuales, bancos y cooperativas. Básicamente, otorga créditos bancarios para la compra y construcción de terrenos e inmuebles, así como bonos familiares de vivienda.
De acuerdo con el medio costarricense CRHoy, en 2020 este Programa Integral financiaba hasta 65 millones de colones (126 mil dólares), aunque en promedio sus créditos rondaban los 30 millones de colones (59 mil dólares, aproximadamente), con una tasa de interés de 6.5 por ciento.
Para acceder al programa, es necesario contar con un núcleo familiar ya establecido, no tener propiedades a su nombre, no haber recibido bonos de vivienda y mantener una estabilidad laboral de al menos un año para las personas asalariadas o una antigüedad de tres años para personas no asalariadas. La mayoría de estos requisitos se repiten en programas similares.
Pues bien: para junio de 2023, este proyecto había ejecutado más de 200 millones de dólares en créditos. Lo curioso es que 70% de los beneficiarios eran personas entre 18 y 35 años, según datos proporcionados por la Dirección del Fondo Nacional de Vivienda de Costa Rica. Hablamos de 3 mil 100 jóvenes, de los cuales 507 tienen menos de 25 años.
Sin duda, este es un referente para futuros programas latinoamericanos que quieran impulsar el acceso de personas jóvenes a una vivienda propia. Sin embargo, todavía queda debiendo a la hora de beneficiar a los jóvenes de menos recursos, seguramente los que más lo necesitan. Como lo indica su nombre, este está pensado para personas de clase media.
En efecto: el grupo objetivo de este programa son familias con un ingreso mensual bruto entre los 414 mil (808 USD) y 1 millón 657 mil colones (3 mil 233 USD). El problema es que para julio de 2023, el ingreso per cápita de 60% de los hogares costarricenses estaba por debajo de 253 mil colones (490 USD), según el Instituto Nacional de Estadística de Costa Rica. Esto excluye a gran parte de la población, incluyendo la joven, de acceder a este programa.
De acuerdo con Franklin Solano, especialista del sector costarricense de vivienda, 40% de los hogares del país no tienen posibilidades de acceder a este programa por no tener los ingresos mínimos necesarios. Otro 20% apenas cumple con los montos, aunque también carga con otras deudas.
Por el momento, la falta de soluciones para los sectores con menos ingresos se mantiene como una de las principales críticas al Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios de Costa Rica. “Los subsidios deben ser para una población que demuestre que realmente tiene una condición de vulnerabilidad muy extrema y los otros sectores jugar con las condiciones de mercado<“, dice Franklin Solano.
Pese a esto, el Programa ha demostrado un gran éxito entre personas jóvenes con ingresos superiores. La mayoría de los beneficiados son parejas sin hijos y muestran una relativa equidad de género en la distribución de los créditos, con 45.1 % de mujeres beneficiadas, según información del Banhvi.
Colombia: cómo cambiar un país de alquileres
En Colombia las personas alquilan más que en cualquier otro lugar de América Latina. Para 2011, cuatro de cada diez colombianos era inquilino en la casa donde vivía, cifra que ha ido en aumento desde la década de 1980. Según un estudio realizado por el BID en 2019, una tercera parte (34 por ciento) de las casas en Colombia se destinaba a alquilar, mientras que el promedio en América Latina era de 21%.
Los efectos en la población son conocidos: hay quienes pagan más de 45% de su sueldo sólo en arrendamiento. Para abril de 2023, los precios de las rentas alcanzaron su mayor alza en los últimos cuatro años, por lo que miles de colombianos vieron cómo su dinero rendía cada vez menos.
“El 50 por ciento de los bogotanos viven en arriendo. Eso quiere decir que cada vez las propiedades que hay en el stock de disponibilidad son menos y los habitantes de las grandes ciudades tienen que acceder más a figuras como el arrendamiento”, dice Carlos Benavides, activista colombiano por el acceso a la vivienda.
Uno de los grupos más golpeados por esta realidad es el de los jóvenes. Para empezar a cambiarla, el Estado colombiano desarrolló el programa Jóvenes Propietarios, lanzado como respuesta al estallido social de 2021. Se trata de un programa del Estado y el Fondo Nacional del Ahorro que busca facilitar la compra de una vivienda a jóvenes entre 18 y 28 años, ofreciéndoles opciones de financiamiento adecuadas a sus necesidades.
Para aplicar a este programa, las personas solo deben cumplir con el rango etario, tener ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos vigentes, no ser propietario de una vivienda y no ser beneficiario de otro programa gubernamental con subsidio de vivienda. El monto crediticio depende de la capacidad de pago de la persona y del costo del inmueble. No obstante, suele cubrir hasta el 80-90% del valor de este último. La tasa de interés del programa puede llegar hasta el 12.3% en algunos casos, aunque suele ser del 6.8%, menos de la mitad de la que ofrecen los bancos privados.
Estas son algunas de las razones que explican que Jóvenes Propietarios, que en 2023 cambió de nombre a Generación FNA, haya tenido resultados exitosos. Y es que para agosto de 2022, un año después de su lanzamiento, la iniciativa ya había aprobado 17.078 créditos.
Una de las personas beneficiadas fue Mónica Rivera, quien logró comprar su primer apartamento a los 28 años. “Siempre digo que es una muy buena oportunidad, pero también que influyó mucho mi condición de tener un salario que me diera la oportunidad de estar en el lugar donde estoy”, dice.
En efecto: si bien el programa está disponible para jóvenes de escasos recursos, esto no significa que todos tengan la misma posibilidad de acceder a su crédito. Como explica el experto en vivienda Axel Murillo, más que un programa social, Jóvenes Propietarios es un producto financiero, por lo que «los jóvenes van a encontrar barreras para acceder».
Estas barreras suelen dejar atrás a una gran cantidad de jóvenes con empleos informales o autónomos. Por eso, Murillo señala la necesidad de construir un marco jurídico que reconozca abiertamente las necesidades específicas de los jóvenes, así como incluir en el programa a más entidades financieras que brinden tasas preferenciales a los jóvenes. Además, plantea que la Ley de Vivienda y Hábitat amplíe el rango de personas jóvenes hasta los 35 años.
Esto último beneficiaría a un número importante de personas entre los 29 y los 35 años que, pese a ser jóvenes también, ahora mismo cuentan con menos recursos para acceder a una vivienda. Como William Botia, un joven trabajador independiente que aplicó a créditos hipotecarios dos veces, sin suerte.
Pese a estas áreas de mejora, lo cierto es que Jóvenes Propietarios / Generación FNA ha impactado positivamente la vida de miles de jóvenes colombianos que, como Rivera, ya son dueños de sus propias casas. Pero sobre todo, puede haber abierto un camino a la hora de pensar programas sociales desde el Gobierno o el Estado. Como explica Carlos Benavides, este proyecto logró «focalizar una política pública para incluir en una solución de vivienda a un grupo específico, en este caso a los jóvenes. Eso no se había visto anteriormente».
Bolivia: casas abandonadas en un país sin vivienda
Bolivia es el segundo país de América Latina con menos población joven propietaria de vivienda, solo detrás de Colombia. Según el Instituto Nacional de Estadística de este país, tres de cada diez personas no cuentan con una vivienda propia, por lo que se ven obligadas a buscar otras formas de acceder a un hogar, usualmente a través del alquiler. Las personas que sí tienen uno, en muchos casos enfrentan condiciones de hacinamiento, falta de acceso a recursos como agua potable y alcantarillado, o viven en zonas vulnerables.
Uno de los grupos más golpeados por esta realidad es el de los jóvenes. Por eso en 2019 el Estado creó el Plan de Viviendas para Jóvenes. Este proyecto es liderado por la Agencia Estatal de Vivienda de Bolivia (AEvivienda), que desde 2011 se encarga de diseñar y ejecutar programas habitacionales para poblaciones vulnerables como personas con bajos ingresos o discapacidad, adultos mayores y madres solteras.
La intención del Plan de Viviendas para Jóvenes es facilitar créditos hipotecarios a personas entre 18 y 29 años que quieran comprar una casa, incluso aunque ganen salarios mínimos de 2.300 bolivianos (aproximadamente 330 dólares). Para ello, el programa subvenciona hasta el 30% del costo de la vivienda a aquellos jóvenes que accedan a su crédito. También permite que las familias de los beneficiarios asuman parte de las cuotas.
En principio, este parece un buen proyecto. En 2022, a tres años de iniciado, el Plan de Viviendas reportó haber beneficiado a 1.746 jóvenes y sus acompañantes. Sin embargo, como sucede con otros proyectos de AEvivienda, estos resultados podrían haber sido mejores, y tenido un impacto más notable entre jóvenes en condiciones vulnerables, de no ser por obstáculos financieros contradictorios: aunque el Plan asegura ofrecer créditos para personas con salarios mínimos, en la práctica no parece que estos sean su prioridad.
Por ejemplo: en 2017 el gobierno boliviano construyó en la ciudad de Cochabamba los condominios Bartolina Sisa, para jóvenes no propietarios beneficiarios de Aevivienda. Sin embargo, para acceder a los créditos los aspirante debían ganar entre 4 mil 500 y 7 mil bolivianos mensuales (entre 650 y 1.000 dólares, aproximadamente), es decir, entre el doble y el triple de los 2 mil 300 bolivianos del salario mínimo. En ese sentido, el programa ha fallado en dar una solución accesible para los jóvenes más desfavorecidos.
Para Marcelo Delgado, director de Aevivienda entre 2013 y 2016, una debilidad en el diseño de estos programas es que los responsables de identificar a los beneficiarios son entidades bancarias privadas. «En su momento contrataron al Banco Unión. Por tanto, no va a privilegiar condiciones sociales para destinar o identificar potenciales beneficiarios, sino que va a cuidar que las personas que se seleccionan tengan capacidad de pagar la deuda», explica.
Como resultado, muchas de las casas construidas como parte de proyectos gubernamentales terminan abandonadas. Mientras tanto, la mayoría de los jóvenes que no son propietarios de una vivienda, justamente aquellos para los que están pensados estos proyectos, no pueden acceder a los créditos para comprarlas. Sin embargo, esto no ha detenido al Estado de seguir construyendo complejos habitacionales de este tipo.
En 2022, una comisión de diputados del Congreso boliviano denunció irregularidades en los proyectos iniciados desde 2016, que resultaron en miles de casas vacías. «Las viviendas que se suponía debían estar en condiciones óptimas presentaban un evidente deterioro», dice a Distintas Latitudes la senadora Senaida Rojas.
Estos diputados descubrieron que existían proyectos financiados que ni siquiera habían sido construidos o terminados, lo que planteó sospechas sobre posibles malversaciones de fondos públicos y falta de transparencia.
También encontraron que el Estado adjudicó la construcción de seis proyectos de viviendas urbanas a diferentes constructoras por más de 83 millones de dólares y que el 91% de las casas de esos proyectos están deshabitadas. Aun así, Aevivienda anunció la construcción de 100 mil casas más en toda Bolivia para el periodo 2020-2025.
«Estos resultados arrojaron luz sobre las irregularidades en la gestión de los proyectos y la aparente falta de coordinación entre la ejecución de las viviendas y la demanda habitacional real en la región. La investigación reveló un importante desequilibrio entre la inversión realizada y el uso efectivo de las viviendas construidas, planteando preguntas sobre la eficiencia de los recursos públicos y la necesidad de una mayor transparencia en la planificación y ejecución de proyectos similares en el futuro», dice Rojas.
Mientras esas miles de casas se desmoronan por el abandono, muchos jóvenes con salarios mínimos y mujeres sin hijos ni esposos encuentran trabas injustas e innecesarias para encontrar un lugar donde vivir.
Las bases para la vivienda del futuro
En los últimos años se ha escrito ampliamente sobre el problema de la falta de acceso a la vivienda para las personas jóvenes, sus causas, impactos y consecuencias a futuro. Aun así, organismos internacionales, gobiernos y expertos en vivienda reconocen que existe un vacío de información oficial y contrastada sobre el tema.
Por eso, Tania Gallegos, del BID, señala la importancia de recabar información que permita entender el problema como algo regional y establecer objetivos conjuntos. «A veces esos objetivos comunes que deberíamos tener en nuestras políticas no siempre son coherentes y la calidad de la información no siempre es adecuada», dice.
Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), coincide con Gallegos. Considera que «es difícil hacer políticas cuando no conoces un problema». No obstante, Emanuelli ve esperanza más allá de los modelos tradicionales de acceso a la vivienda que endeudan a las personas por 30 años e imaginan la vivienda únicamente como un producto financiero.
Desde su experiencia, organizaciones comunitarias, barrios y los mismos ciudadanos han encontrado muchas respuestas a la crisis basadas en la organización y la autonomía, en vez de esperar a que el Estado intervenga. «Las políticas y las leyes que se han logrado son fruto de muchos esfuerzos, de mucha movilización, de mucha pelea», dice.
Porque sí: la evidencia de estos proyectos muestra que la respuesta a la falta de vivienda para jóvenes, mujeres, personas LGBTI+ y otras poblaciones vulnerables no está en la experiencia de casos aislados, sino en un ejercicio constante y colectivo de pensar dónde y cómo queremos vivir.
Esta investigación fue realizada por la 7ma Generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y está disponible en https://viviendalatam.distintaslatitudes.net/
