Documentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los elementos de la Guardia Nacional han sido protagonistas de episodios oscuros en los cinco años de existencia de la corporación.
Las recomendaciones emitidas por la CNDH no dejan espacio a la duda: sus visitadores han documentado un pequeño pero significativo catálogo de violaciones graves a los derechos humanos de la población cometidas por elementos de la Guardia Nacional: desde detenciones arbitrarias y torturas hasta ejecuciones extrajudiciales.
Aquella noche del 20 de octubre de 2020 tres balas impactaron en la camioneta en la que viajaban Jaime Torres y Jessica Silva, agricultores y activistas que horas antes se habían manifestado por la defensa del agua de la presa La Boquilla, en el municipio de Camargo, Chihuahua.
“Bájense culeros, bájense a la verga”, ordenó uno de los elementos de la Guardia Nacional (GN) que había disparado contra ambos, según contó después un testigo del ataque, trabajador de un negocio aledaño al lugar en el que el matrimonio fue baleado.
Jessica no pudo hacer caso al elemento de la Guardia Nacional: murió en el momento; Jaime sobrevivió, pero uno de los proyectiles se le alojó en el cuello. Aun así, fue detenido arbitrariamente.
Un año después, en noviembre de 2021, una menor de 16 años murió de la misma manera que Jessica: por disparos de elementos de la Guardia Nacional, sólo que a cientos de kilómetros de distancia, en la carretera Zapotlanejo-Guadalajara. Los elementos le marcaron el alto al conductor del vehículo en que viajaba ella, un joven de 17 años que era pareja de la chica; el joven no se detuvo por temor a los agentes. La menor que murió en el ataque se encontraba embarazada.
El mismo patrón de abusos y violaciones graves a los derechos humanos se ha repetido en al menos 15 ocasiones durante los últimos cinco años, los cinco años que lleva de existencia la Guardia Nacional desde que se fundó el 30 de junio de 2019: disparos sin mediar palabra contra migrantes, ejecuciones, agresiones sexuales, simulacro de ejecuciones y torturas que han formado parte de la historia de las fuerzas policiacas (como los tehuacanazos), entre otras vejaciones, constituyen algunos de los episodios oscuros en los que elementos de la Guardia Nacional han participado.
La Guardia Nacional, adscrita en el papel a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero en la práctica a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acumula asesinatos por uso excesivo de la fuerza y torturas contra víctimas que aún sobrellevan los traumas de las mismas.
Media década: militares con total autonomía
El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el 30 de junio de 2019 el acto público que marcó el arranque del despliegue de la Guardia Nacional en el país para realizar tareas de seguridad pública.
Integrada en gran medida por elementos del Ejército y de la Marina, ha tenido desde un principio una estructura y un perfil militar que ha sido cuestionado por académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Cinco años después, con 130 mil elementos, 401 cuarteles y 32 comandancias, López Obrador conmemoró el aniversario de la Guardia Nacional e insistió en la necesidad de realizar una reforma constitucional que subordine con todas las de la ley a esta corporación “civil” al mando militar.
Samuel Storr, consultor del Programa de Seguridad Ciudadana (PSC) de la Universidad Iberoamericana, recuerda que la Guardia Nacional “tiene su antecedente en el Ejército mexicano” y que en realidad el presidente López Obrador nunca tuvo la intención de mantenerla como una corporación civil.
De hecho, gran parte de sus elementos provienen de la Policía Militar, apunta Storr. Al cierre de 2023, según datos del PSC de la IBERO, la institución se conforma con 48 por ciento de policías militares, 38 por ciento de elementos de Semar y Sedena, 14 por ciento de expolicías federales y solo uno por ciento de nuevos reclutas.
Un lustro de violaciones
Aun cuando especialistas han sido críticos de lo que consideran una postura muy cercana al oficialismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha llevado un registro de las quejas en contra de la Guardia Nacional por cometer violaciones a los derechos humanos.
Al cierre del sexenio, ha registrado mil 779 quejas, de las cuales mil 510 han sido concluidas, puesto que considera que no se acreditan violaciones a los derechos humanos.
No obstante, diversos casos han dado pie a investigaciones que concluyen en recomendaciones. Quince de ellas, al menos, documentan violaciones graves de derechos humanos: detenciones y cateos sin órdenes judiciales, omisiones al consignar a detenidos, torturas para aceptar delitos no cometidos y, en los casos más graves, asesinatos de personas desarmadas.
Según las recomendaciones, existen casos en los que los miembros de la Guardia Nacional alteraron escenas del crimen, falsearon declaraciones, ocultaron evidencia e hicieron todo lo posible para obstaculizar la investigación de la CNDH.
Los testimonios rendidos ante personal de la CNDH describen las actuaciones de la Guardia Nacional, que son similares a quejas similares presentadas históricamente contra el Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) o la extinta Policía Federal (cuyos miembros pasaron a las filas de la Guardia Nacional).
Un amplio abanico de torturas
Las recomendaciones de la CNDH a la Guardia Nacional documentan abusos de 2020 a 2022 y no tienen un patrón geográfico determinado. Han ocurrido en Chihuahua, Guanajuato, Durango, Estado de México, Jalisco, Guerrero, Zacatecas o Chiapas, por ejemplo.
La recomendación 138 VG recoge el testimonio de un hombre que esperaba a su esposa a bordo de un auto estacionado en un tramo de la carretera Chetumal-Quintana Roo. De pronto, alcanzó a escuchar la voz de un agente de la corporación : “Ahorita te vamos a sacar la verdad, súbete a la patrulla”. Después fue víctima de torturas en un sitio despoblado, entre ellas, un simulacro de ejecución y asfixia con refresco.
En junio de 2022, agentes de la Guardia Nacional retuvieron a una pareja en un cerro en la localidad de Ojocaliente, Zacatecas, y las sometieron a interrogatorios con torturas. “¿Quieres que se pare el pedo?, contesta”, increpó un guardia a una de las personas mientras la ahorcaba con un cinturón; a otra le dijo que “cavarían sus propias tumbas” en el desierto. A ambas las obligaron a caminar descalzas sobre espinas de cactus.
En un caso parecido al anterior, en Guerrero un hombre que se dedicaba a repartir comida fue detenido por dos patrullas de la Guardia Nacional en Tetipac, Guerrero. Fue sometido a torturas para que se inculpara de delitos que no había cometido. “Este cabrón no va a hablar, tráiganse la bolsa”, escuchó el hombre tras ser asfixiado con chorros de agua y recibir amenazas de muerte contra su familia.
Otras de las recomendaciones revelan falsedad de declaraciones y encubrimiento de las autoridades, como en el caso de la desaparición de un joven en Durango en 2022. La detención quedó registrada en video y solo así la Guardia Nacional, que había negad los hechos, reconoció haberlo retenido. A juicio de la CNDH, el joven murió por golpes de los agentes en un sitio despoblado.
Una mentira más: en un caso registrado en 2023, durante una persecución en Jalisco, los agentes de la GN manifestaron que la víctima les había agredido con un arma. La CNDH determinó que la víctima –asesinada a tiros por los guardias- no presentaba indicios de haber disparado, según las pruebas químicas aplicadas en sus manos.
Continuidad militarizada
A pocos meses de que termine el gobierno de López Obrador e inicie otro, la Guardia nacional se mantiene en el papel como un cuerpo de uniforme pixelado que patrulla las calles y carreteras del país, pero con formación y adiestramiento militares.
La reforma constitucional que se impulsa desde el gobierno le daría legalidad a lo que ya sucede “de facto” en las calles.
La presidenta electa Claudia Shienbaum ratificó el mes pasado, en la inauguración de un cuartel más en Oaxaca, las intenciones de adscribir la Guardia Nacional al Ejército. Omar García Harfuch, el próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, también fue directo sobre el futuro de la institución: la instrucción de nuestra presidenta electa es clara: el fortalecimiento de la Guardia Nacional que creó el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dentro de la Sedena“.
