Múltiples recortes a su presupuesto, déficit de más de mil millones de pesos, deterioro de museos, monumentos y zonas arqueológicas; restricciones para hacer investigación, reducción de la planta laboral y carencias básicas múltiples, son algunos de los grandes retos para su nuevo director, de acuerdo con un amplio diagnóstico de 150 páginas elaborado por la comunidad de profesores, investigadores, trabajadores académicos, técnicos, administrativos y manuales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El déficit en su presupuesto, el deterioro en zonas arqueológicas, monumentos históricos y museos de todo el país, la falta de personal de base y la carencia de recursos para desarrollar proyectos de investigación mantienen al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en una crisis sin precedente.
Su nuevo director, Joel Vázquez Herrera, tendrá que enfrentar problemas que se han agravado en los últimos años y sacar a flote a la institución con un proyecto centrado en cuatro ejes, según explicó este 16 de julio durante su toma de posesión:
“Identificar oportunidades para la mejora de actividades cotidianas; identificar prioridades; dar continuidad a la planeación de los trenes del altiplano y del norte de México, al Programa Nacional de Reconstrucción y al fortalecimiento de las escuelas del INAH; y dignificar los museos y zonas arqueológicas del oriente del Estado de México”.
Joel Vázquez Herrera tiene poco más de ocho años en distintos cargos dentro de la administración del INAH. Antropólogo Social por la Universidad Autónoma de Querétaro, inició su trayectoria como servidor público en el Consejo Estatal de Población de Querétaro y, luego, en el Consejo Nacional de Población.
Llegó al INAH en septiembre de 2016, invitado por Diego Prieto, quien lo nombró director del Centro INAH Oaxaca. Tres años después, lo designó como titular de la Coordinación Nacional de Centros INAH, época en que se llevaba a cabo la recuperación de los monumentos históricos y arqueológicos afectados por los sismos de 2017.
Sin embargo, en ese cargo duró menos de un año porque Diego Prieto lo llamó de regreso para que ocupara, nuevamente, la dirección del Centro INAH Oaxaca, donde permaneció hasta este miércoles 16 de julio de 2025, cuando lo nombró director general del INAH.
De acuerdo con el Artículo 6° de la Ley Orgánica del INAH, para ser director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia se requiere ser mexicano por nacimiento con grado académico y “méritos reconocidos” en alguna de las materias de competencia del INAH.
Sin embargo, Joel Vázquez carece de obra publicada ni posee “méritos reconocidos” como antropólogo social. El único libro en el que aparece su nombre es en Oaxaca Patrimonio Cultural: Investigaciones Recientes, pero como coordinador y no autor.
“Es un director que se caracteriza por una visión muy dialógica con las áreas, sindicatos, trabajadores. Tiene espléndida relación con gobierno de Oaxaca y gobiernos municipales, con la Fundación Harp-Helú. Yo creo que es un profesional que se sabe enfrentar al conflicto sin que ello suponga alegrarse ni angustiarse o perder la cabeza… es un profesionista sereno”, lo describió Diego Prieto al presentarlo como su sucesor.
Los retos para la gestión de Joel Vázquez son profundos. Al tomar posesión como director del INAH, anunció que en las próximas semanas convocará a mesas de trabajo para atender los problemas que la comunidad ha planteado en múltiples ocasiones.
“Esto permitirá reconciliar asignaturas pendientes y dar continuidad a temas que se han trabajado en los últimos años”, dijo ante coordinadores y directores de diferentes áreas del Instituto.
Recortes al presupuesto
Desde el año pasado, arqueólogos, antropólogos, historiadores, arquitectos, restauradores, administrativos, técnicos y manuales de esta institución mantienen un Plan Nacional de Acción en la Ciudad de México y en los 31 Centros INAH que existen en los estados de la República.
El plan de acción incluye desde la colocación de mantas con denuncias de lo que ocurre en sus lugares de trabajo hasta un detallado “Diagnóstico del INAH”, un documento que identifica los principales problemas que afectan el funcionamiento dell Instituto desde hace una década y que el director del INAH saliente, Diego Prieto, no atendió, según alertaron cuando fue presentado.
El Diagnóstico es una radiografía de 150 cuartillas elaborado por la comunidad y entregado a las autoridades del INAH, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la titular de la Secretaría de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza.
“El INAH no había tenido una crisis tan severa de pobreza, desatención, inoperancia y descoordinación administrativa como la actual”, se lee en el Diagnóstico, en el que los trabajadores precisan que desde 2016 a la fecha este Instituto opera con un déficit en su presupuesto de más de mil 100 millones de pesos por los constantes recortes a su gasto.
La limitante presupuestaria constituye un fuerte obstácilo para que el INAH atienda de manera eficiente y oportuna las múltiples y complejas responsabilidades que tiene a su cargo:
El registro, investigación, recuperación y preservación de los monumentos históricos de los siglos XVI al XIX de todo el país; 210 zonas arqueológicas abiertas al público y una paleontológica; una red de 162 museos; 11 zonas arqueológicas y 10 centros históricos declarados por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad; redes de bibliotecas, fonotecas y fototecas, tres escuelas… un universo cultural que cada año se incrementa.
Las consecuencias de esos recortes presupuestales se han hecho evidentes en los museos, centros de trabajo y zonas arqueológicas, donde la falta de mantenimiento adecuado e insumos básicos como papel higiénico, jabón de manos y líquidos para limpieza de inmuebles son constantes.
“Tampoco hay gasto básico para resolver cuestiones mínimas como compra de agua para beber, material de oficina, tinta para impresión, renovación de extintores, fumigación, impermeabilización en los centros de trabajo, gasolina para los autos y las podadoras, equipos de emergencia y hasta focos para iluminar las entradas de museos”, afirman los trabajadores.
De la crítica que le hacen a la administración que encabezó Diego Prieto durante nueve años señalan su falta de pericia para que este Instituto tenga los recursos necesarios y desempeñe sus funciones sustantivas: investigar, proteger, conservar, restaurar y recuperar el patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de la nación.
Deterioro en museos y zonas arqueológicas
En el Diagnóstico realizado, los trabajadores destacan que las consecuencias de esos recortes presupuestales se han hecho evidentes en los museos, centros de trabajo y zonas arqueológicas, donde los trabajos se realizan con los pocos recursos con los que se cuenta, lo que ha afectado el funcionamiento.
Por ejemplo, el Museo de San Juan de Ulúa en Veracruz permanece cerrado desde hace año y medio; la Zona Arqueológica de El Tajín no tiene un plan de manejo ni recursos suficientes para su conservación, incluso sus murales fueron incendiados hace dos años por desconocidos, a pesar de que la Unesco la declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad.
El Museo Baluarte de Santiago en el Puerto de Veracruz lleva cerrado siete años, aunque fueron destinados 8.5 millones de pesos para la restauración de este monumento histórico. Tampoco se da mantenimiento en los 11 museos que tiene el INAH en el estado, ni a las zonas arqueológicas: “El Zapotal, Las Higueras y Cempoala están sumamente descuidadas”, advierten los trabajadores del INAH.
En Jalisco, el Museo Regional Guadalajara, uno de los más importantes del país, trabaja con algunas salas desmanteladas y se desconoce cuándo las abrirán. Además, el museo carece de servicios básicos para los visitantes, como toallas de papel, jabón y papel higiénico en sus sanitarios.
Los trabajadores señalan que esa misma situación ocurre en el Museo de las Culturas de Occidente, en Ciudad Guzmán; en el Hospital de Indios, en Teocaltiche; en el Museo del Cuale, en Puerto Vallarta, y en el Museo Casa Agustín Rivera, en Lagos de Moreno, entre otros. “Son carencias de mantenimiento que enfrentan los museos y zonas arqueológicas de la entidad”, precisan.
En el Estado de México al menos 21 museos y sitios arqueológicos se encuentran en riesgo por la falta de mantenimiento y dotación de insumos; algunos inmuebles históricos presentan daños estructurales, grietas, filtraciones y hundimientos, como el ex Convento de San Agustín en Acolman, el Convento de Oxtotipac en Otumba y el Museo Casa de Morelos en Ecatepec.
Entre los sitios que requieren urgente atención están la Zona Arqueológica de Tenayuca, en Tlalnepantla, una de las más afectadas y en cualquier momento puede colapsar porque los polines y soportes de los túneles están a punto del derrumbe a causa del abandono.
Las zonas arqueológicas de Texcotzingo, en Texcoco; la de Calixtlahuaca, cercana a Toluca, y la de Valle de Bravo también requieren de urgente mantenimiento. Además, se necesitan plazas de nueva creación de resguardo de las zonas arqueológicas, ya que existen sitios donde únicamente hay un solo trabajador y se requieren entre 8 y 10 personas, en otras más de 20.
En la Zona Arqueológica de Tula, en Hidalgo, hay una ausencia de proyectos de conservación y prevalecen el abandono, la falta de mantenimiento y escasez de personal que custodie la zona. Además, la carencia de materiales de trabajo impide que el Museo de Sitio permanezca abierto y sólo da servicio intermitentemente a los visitantes. A pesar de su importancia, en esta zona arqueológica solo trabajan cinco custodios, una persona del área administrativa y otro trabajador por contrato.
Outsourcing en el INAH
Otro problema que destaca el Diagnóstico del INAH es la reducción de la planta laboral que se ha registrado desde administraciones pasadas por programas de retiro voluntario, defunciones, renuncias y jubilaciones. Pero, en lugar de ocupar las vacantes o abrir nuevas plazas, las autoridades del INAH optaron por contratar personal eventual en distintas áreas sustantivas.
“El INAH subroga la contratación de servicios de seguridad, secretarias de oficina, arqueólogos, albañiles, arquitectos, restauradores, museógrafos, diseñadores, montajistas, impresores… a pesar de que todos estos puestos están reconocidos por el Instituto y la Secretaria de Hacienda como actividades de base reguladas mediante tabuladores salariales”, subrayan.
Desde la década de 1980, el outsourcing se ha utilizado para contratar personal sin garantizarle acceso a servicios de salud, salarios dignos o seguridad en el empleo.
Los trabajadores lamentan que esta práctica se la realice el INAH en la actualidad: “Las plazas vacantes se ‘cubren’ con la contratación de prestadores de servicios, en forma similar a una empresa privada e incluso les solicitan fianza para incorporarse a la plantilla laboral. Otras actividades y servicios básicos, como limpieza, se contratan con compañías externas que, al ocurrir retraso en el pago por el INAH, los empleados no reciben su sueldo a tiempo”.
Aunque en 2021 el gobierno federal impuso restricciones a la subcontratación de personal a empresas privadas, esta práctica sigue vigente dentro del INAH bajo las categorías de “trabajadores eventuales” y “prestadores de servicios externos”.
En esta condición se encuentran por lo menos 2 mil 229 empleados que desempeñan desde trabajos de albañilería hasta investigación histórica y arqueológica. Sin embargo, este número puede ser mayor, ya que no incluye todos los trabajadores contratados por terceros (empresas).
Otro riesgo que identifican es que la contratación de terceros. No sólo es inconveniente en términos económicos, dice, sino que también perjudica por las numerosas adjudicaciones directas que pueden generar corrupción. Recuerdan que desde 2012 la atención a bienes muebles e inmuebles arqueológicos e históricos dañados se ha hecho mediante terceros.
“Las autoridades del INAH han justificado estas adjudicaciones alegando falta de profesionales especializados, experiencia, capacidad y elementos administrativos, cuando esto se debe a su incapacidad para manejar los procesos de restauración dentro de la Ley de Obra Pública”, explican los trabajadores.
Supresión de peritajes
En el diagnóstico que la comunidad del INAH realizó se precisa que la investigación antropológica ha sido gravemente afectada por las carencias de infraestructura y recursos, a pesar de que los antropólogos sociales analizan el impacto de megaproyectos en comunidades y pueblos originarios de diversas regiones del país.
Por ejemplo, en Chihuahua estudian el efecto de megaproyectos turísticos y forestales en comunidades rarámuris. En la sierra sonorense, examinan el impacto de megaproyectos mineros, como el derrame de desechos tóxicos en el Río Sonora y el despojo de territorios sagrados por narcotraficantes en la frontera con Estados Unidos.
En el valle de Yaqui, investigan la lucha histórica de la Tribu Yaqui contra el acueducto Independencia, así como las condiciones de las comunidades indígenas migrantes de Oaxaca, Guerrero y otros estados en los megacultivos de fresas y otros labranzas en el Valle de San Quintín, Baja California, y en zonas urbanas de Nuevo León.
En el sur y sureste, los antropólogos analizan el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que incluye la rehabilitación de puertos marítimos, 10 parques industriales llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar y parques eólicos y solares que afecta a comunidades nahua-popolucas, mixes, mixtecas, zapotecas y zoques.
La mayoría de los proyectos de los antropólogos sociales incluyen asesoría y peritajes especializados solicitados por las comunidades, conforme la Ley Orgánica del INAH, que establece que “el peritaje en ciencias antropológicas en el contexto de la pluralidad normativa y la diversidad cultural puede aportar argumentos sustantivos de prueba para la toma de decisiones en el ámbito jurídico (agrario, mercantil, familiar, penal o administrativo con el recurso de amparo)”.
Durante la década de 2010, el Programa Permanente de Peritaje Antropológico del INAH, adscrito a la Coordinación Nacional de Antropología, otorgó apoyo a pueblos originarios en diversos casos. Sin embargo, las autoridades del INAH han suprimido este programa.
“Ahora los peritajes solicitados por las comunidades sólo se realizan si contratan a investigadores del INAH por honorarios, fuera de la estructura institucional. A pesar de la importancia de los peritajes y asesorías en los proyectos del INAH”, denuncian los antropólogos.
Además, mencionan que los investigadores de esta institución a menudo enfrentan hostigamientos y amenazas externas. Un caso notable es el de un investigador del Centro INAH Sonora, amenazado por su asesoría a comunidades afectadas por la contaminación del Río Sonora, causada por una mina del Grupo México de Germán Larrea.
En la Sierra Negra de Puebla, a petición del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), un grupo de investigadores del INAH de la Ciudad de México y Puebla realizó un análisis crítico de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de dos hidroeléctricas verticales que buscaban desviar un río. El estudio reveló la falsificación de datos por parte de la empresa y demostró que la afectación perjudicaría a varias comunidades.
“Por su especialidad, los investigadores del INAH pueden realizar peritajes en distintos ámbitos. Esta labor es crucial para promover que se respeten los derechos de los pueblos originarios y comunidades mestizas con el fin de reducir los impactos negativos de las obras en su patrimonio cultural y social. Pero, ahora, este trabajo está mermado”, indican.
A partir de la construcción del Tramo 7 del Tren Maya que va de Chetumal, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche, profesores de investigación científica del INAH denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) la destrucción de un indeterminado número de vestigios y zonas de monumentos arqueológicos, así como paleontológicos, en las superficies por las que se instalaron las vías férreas, patios de servicio y estaciones del Tren Maya.
La denuncia se presentó en mayo de 2020 y a la fecha la FGR no ha respondido, a pesar de que las evidencias se ampliaron mediante el peritaje, fotografías y testimonios que un grupo de antropólogos, historiadores y arqueólogos proporcionaron para mostrar la destrucción del patrimonio arqueológico ocasionada por la construcción del Tren Maya.
Hostigamiento laboral
El Diagnóstico también describe las prácticas de acoso laboral que ocurren en los Centros INAH de todo el país: pueden ir desde vigilancia a través de cámaras hasta amenazas de despido o despidos injustificados, cambios arbitrarios de lugar de trabajo, bloqueo de apoyo a proyectos de investigación y cambio de materia de trabajo.
“Ese clima laboral permite y hasta promueve el acoso y hostigamiento laboral, ya que los directores de los centros de trabajo ignoran las denuncias y empoderan a los acusados de tales actos, perpetuando un ambiente de impunidad y desprotección. A la vez que, en muchos casos, ellos son quienes hostigan a los empleados”, asevera la comunidad.
Los trabajadores describen casos notables de hostigamiento en el INAH, como el de Rutilia Amigón, arquitecta perito del Centro INAH Puebla, y el de Fernando Cortés de Brasdefer, arqueólogo del Centro INAH Quintana Roo.
La arquitecta Rutilia Amigón ha sido hostigada laboralmente desde 2021 por denunciar el desorden en el Programa Sismo del INAH y la entrega mediática de obras inconclusas afectadas por los terremotos de 2017. El acoso aumentó después de que ella publicó diversos artículos sobre el tema en un medio de comunicación, y se volvió más agresivo el acoso en febrero de 2022, mientras estaba hospitalizada:
“Durante su convalecencia se le notificó un cambio de adscripción de Puebla a Sinaloa y se le retuvo ilegalmente su sueldo. La arquitecta denunció la irregularidad administrativa en su contra, pero las autoridades del INAH rechazaron sus licencias médicas y la amenazaron con usar ‘su ausencia laboral’ para justificar su despido.”
En tanto, el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer ha sufrido hostigamiento laboral del director del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina Rendón, quien pretende cesarlo por compartir un texto por WhatsApp donde denuncia la destrucción del patrimonio arqueológico durante la construcción del Tren Maya. “La idea del director es cesarme. Dice que miento. Pero yo vi cómo las máquinas abrían el camino para el Tren Maya y cómo los arqueólogos contratados querían salvar los monumentos prehispánicos. Pero los militares, a cargo de la obra, los obligaban a avanzar y, al día siguiente que llegaban, ya no estaban las pirámides”, explicó Cortés de Brasdefer en entrevista con Fábrica de Periodismo.
Que escuche y atienda la crisis
Al final de su mensaje como nuevo director del INAH, Joel Vázquez expresó: “Nunca más un INAH de puertas cerradas y lejano a la gente”.
“Se necesita que el director esté cercano a todos los trabajadores que integran el INAH”, precisa Sergio Gómez Chávez, arqueólogo y doctor en antropología.
Sergio Gómez dirige el Proyecto Tlalocan, uno de los más importantes del INAH por la exploración que realiza en un túnel de 15 metros de profundidad y 103 metros de largo por debajo de La Ciudadela de la Zona Arqueológica de Teotihuacan y en cuyo centro se encuentra el Templo de la Serpiente Emplumada.
Por eso lamenta que en la administración pasada de Diego Prieto nunca haya habido voluntad política para escuchar el Diagnóstico y las propuestas que los trabajadores hicieron. “Se necesitaba un cambio de director, pero también de estructura, para que el INAH cumpla con sus objetivos primordiales. Es urgente que Joel Vázquez atienda el análisis que ha realizado la comunidad sobre la situación en los distintos centros de trabajo”, apunta en entrevista el arqueólogo.
Sergio Gómez alerta sobre la crisis del Instituto y afirma que, a julio de este año, la investigación arqueológica y la conservación de inmuebles históricos y zonas prehispánicas están detenidas en todo el país, excepto los proyectos vinculados con la ruta turística del Tren Maya.
“Ningún proyecto arqueológico ha iniciado. Hace ocho días, tuvimos una reunión con el secretario administrativo e informó que todo está detenido porque es un problema de la Secretaría de Hacienda. No sabemos si es verdad. Lo que preocupa es el avance en el deterioro del patrimonio por falta de recursos y la congelación de los proyectos de investigación”, asegura Sergio, quien tiene una trayectoria de tres décadas en el INAH.
