El Informe final del Mecanismo para el Esclarecimiento Histórico (MEH) dedica un espacio al tema de los "vuelos de la muerte" realizados por el Ejército mexicano durante los años 70 contra presuntos guerrilleros, los cuales eran arrojados al mar previo disparo en la nuca.
A pesar de que, como denuncia el MEH, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y otras instituciones del Estado les restringieron todo acceso a sus archivos, fue posible obtener indicios de información clave para seguir documentando todo lo relacionado con los “vuelos de la muerte”, como, por ejemplo, viajes de personal militar a Israel en 1973 para recibir adiestramiento en el manejo de los aviones Aravá en los que se realizaban los vuelos.
En este nuevo ejercicio de revisión del pasado, el MEH sostiene que “los vuelos de la muerte” ejemplifican “el extremo del combate a las organizaciones políticos-militares y a las disidencias, así como a otro tipo de grupos identificados como población objetivo”.
Los “vuelos de la muerte” formaban parte de una estrategia anclada en una consigna: “Contra la Nación, nadie tiene la razón”. Si esto se relaciona con la idea de la seguridad interior, entonces “el ‘enemigo interno’ es la población objetivo de los planes y operaciones militares”.
La creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 fue resultado de un decreto presidencial firmado en octubre 2021.
Luego de casi tres años de trabajos, el informe final del MEH se hace público sin el reconocimiento ni respaldo institucional. La Secretaría de Gobernación les negó hasta el acuse de recibo.
Otros “vuelos de la muerte” en Chiapas
Uno de los hallazgos de la investigación del MEH fue particularmente relevante, a juicio de los especialistas. Pudieron constatar, dicen en el informe final, que los “vuelos de la muerte” se habían utilizado en otras regiones del país. Encontraron que “prácticas militares que pensábamos circunscritas a ciertos contextos” fueron usadas de manera regular para distintos objetivos.
Por ejemplo, “ahora contamos con evidencia de que la táctica militar conocida como “vuelos de la muerte” no se circunscribió a la base aérea de Pie de la Cuesta para desaparecer y ejecutar a miembros de organizaciones político-militares”.
Hubo otros “vuelos de la muerte”, destacan en el informe. “Esta práctica también fue usada contra líderes comunitarios que defendían a los suyos frente a la imposición de una planta hidroeléctrica en Chiapas”.
Hacen referencia al desplazamiento forzado, la tortura y ejecuciones que ocurrieron para asegurar la construcción de la planta hidroeléctrica Itzantúm, en Huitiupán, Chiapas, en 1980. Para la ejecución de este proyecto, el Ejército impuso un cerco militar sobre un estimado de 14 mil personas.
“Los líderes comunitarios de los ejidos afectados, indígenas de origen batsi vinik o tsotsil, fueron desaparecidos y ejecutados en vuelos de la muerte, según hemos documentado a través de fuentes testimoniales”.
Sobre la acción militar de arrojar los cuerpos al mar, el informe planta una tesis: “los ‘vuelos de la muerte’ ejemplifican el extremo del combate a las organizaciones políticos-militares y a las disidencias, así como a otro tipo de grupos identificados como población objetivo”.
En esta práctica militar, se lee en el apartado “Vuelos de la muerte: rastreo espacio-temporal”, se reproduce la organización militar; la cadena de mando a cargo del plan u operación, en la que se identifican secciones y unidades de combate, en ocasiones especializadas, que es como actúa el Ejército mexicano.
La cadena de mando es, para este informe, una manifestación concreta de la cultura castrense, “cultura en la que la guerra se considera mito de origen y servicio a la patria, y donde la disciplina queda conceptualizada como la relación mando obediencia y la lealtad como identidad de linaje”.
Con tales premisas, explica el informe, se debe entender la consigna “Contra la Nación, nadie tiene la razón”. Si esto se relaciona con la idea de la seguridad interior, entonces “el ‘enemigo interno’ es la población objetivo de los planes y operaciones militares.
Los tres comisionados que suscriben el informe final realizado por un equipo amplio de investigadores y especialistas señalan que el hecho de trasladar deliberadamente en aeronaves a personas detenidas de manera arbitraria para, desde las alturas, aplicar técnicas de tortura o deshacerse de cadáveres de personas previamente ejecutadas en prisiones clandestinas o durante enfrentamientos con elementos de seguridad, es una práctica militar documentada por este mecanismo y otras investigaciones para estados como Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa o Veracruz en el periodo de 1975 a 1990 en adelante.
El documento agrega que, de acuerdo con testimonios recuperados como parte de sus trabajos, además de las naves Aravá, esta misma práctica se realizó usando aeronaves del tipo Alouette II o Bell 212, entre otros helicópteros utilizados para búsqueda y rescate.
Según la investigación realizada, el uso de aeronaves para cumplir con el objetivo de aniquilar ‘al enemigo interno’, a quien se considera traidor a la patria, es parte de los aprendizajes sistematizados en los manuales como el de Guerra Irregular del Estado Mayor de la misma Secretaría de la Defensa Nacional.
El MEH identificó en ese documento la alusión que se hace a helicópteros y aviones de enlace para el sobrevuelo e identificación de zonas de interés, así como la quema de bengalas lanzadas desde lo alto del vuelo para ordenar a las unidades militares el ataque inmediato de contraguerrilla.
Y aunque existen elementos para ampliar las pruebas de esas prácticas sistemáticas de los planes y operaciones militares, fue imposible comparar, contrastar y corroborar esta información con documentos militares debido a la negativa de la Sedena para permitirle a los investigadores del MEH la consulta irrestricta de su archivo histórico y de concentración.
A pesar de esas restricciones, lograron obtener indicios que refieren a jóvenes oficiales de distinto rango militar, procedentes de varios estados del país, quienes formaron parte de la tripulación que tanto en helicópteros como en aeronaves Aravá atestiguaron desde su posición de transmisiones (encargados de las radiocomunicaciones) cómo fueron arrojados cadáveres mar adentro desde baja altura en costas de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
Además del rastreo espacio-temporal -el eje de trabajo de este apartado en el volumen 2 del informe final del MEH-, a partir de los indicios también se logra exhibir la lógica de la cultura castrense de la relación de subordinación mando-obediencia, sobre la cual se consolidará formalmente el circuito detención-desaparición con los “vuelos de la muerte”, como una de las tácticas militares para evitar dejar rastro físico de los “enemigos de la patria”.
1973: los viajes a Israel
El MEH señala que para sus trabajos de investigación tuvo grandes dificultades para el acceso y la consulta irrestricta de la documentación relacionada con violaciones graves a derechos humanos y los “vuelos de la muerte” depositada en el archivo de concentración de la Dirección General de Archivo e Historia (DGAH) de la Sedena, así como de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN), y del Centro Nacional de Inteligencia (CISEN), hoy Centro Nacional de Inteligencia resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN)
Pero a pesar de todas las limitaciones que les impusieron, pudieron hallar en el archivo de concentración, que resguarda información administrativa de la Sedena, la serie 101.41 (organización de dependencias y oficinas militares-visitas), en la cual se logró establecer algunos orígenes de la práctica de los “vuelos al mar”, como la adquisición de las aeronaves IAI Arava-201 por parte del gobierno mexicano.
Esa documentación, dice el MEH, da cuenta de las visitas que miembros de las Fuerzas Armadas de México realizaron en 1973 a Israel. En enero fue visitada la empresa Israel Aircraft Industries; más tarde, en abril, otro grupo de pilotos visitó la ciudad de Tel Aviv, donde recibió adiestramiento de vuelo y tierra, así como para trasladar a México cinco aviones del tipo recién adquirido. Posteriormente, en mayo, dos técnicos civiles (un piloto y un mecánico) de la Israel Aircraft Industries se trasladaron a México para continuar con el asesoramiento y puesta en marcha de los vehículos.
Sin embargo, justo cuando las condiciones de consulta documental en el archivo de la DGAH posibilitaban la revisión de expedientes y tipos documentales de utilidad, se establecieron restricciones que hicieron imposible volver a revisar esa serie documental y otras de la misma índole, como quedó mencionado en el reporte Las formas del silencio que presentó el Mecanismo el 15 de agosto del 2023.
Con esta limitación impuesta a los investigadores, denuncia, se violó el derecho a la verdad. “En este caso, se debió permitir el acceso y la consulta irrestricta al equipo de investigadores del MEH no solamente para dar efectividad al derecho a la verdad de la sociedad, sino también por ser uno de los cinco mecanismos que integran la CoVEHJ, de acuerdo con el decreto del presidente de los Estados Unidos Mexicanos del 6 de octubre de 2021. Dicho decreto claramente establecía como una prioridad para el gobierno de México implementar acciones concretas para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante el periodo antes señalado”.
Los otros testimonios
En el capítulo Ejecución Sistemática e Intensiva, el mecanismo recupera testimonios orales y por escrito de miembros de colectivos de víctimas, asociaciones de familiares de detenidos, desaparecidos, desplazados por la guerra… de los que, dice, apuntan a la ocurrencia de los “vuelos de la muerte” como práctica militar sistemática e intensificada en las costas del Pacífico.
Uno de los testimonios anónimos de quien participó en trabajos de construcción al interior de la BAM No. 7 mencionó que esas edificaciones se levantaron en 1973 y que también fueron usadas para alojar a jefes o altos mandos que llegaban al lugar:
MEH: Los bungalós que construyó ¿Qué uso tenían?
Anónimo: Esos bungalós que yo hice eran en ese tiempo, no se usaban.
MEH: ¿Pero dice que hizo diez?
Anónimo: Hice diez al lado del mar, al lado del mar, hice diez.
MEH: ¿Qué uso tenían? ¿Cuál es la finalidad de su construcción?
Anónimo: Para cuando llega algún jefe, una persona importante.
MEH: ¿Ahí lo alojan, es como un cuarto especial?
Anónimo: Ándale, exactamente, porque acá el dormitorio, pura tropa.
MEH: ¿Y ahí, como cuántos cabían? ¿Cuánta gente podía dormir en los dormitorios?
Anónimo: Varios, estaban grandes.
MEH: ¿Y en el bungaló?
Anónimo: No, ahí es especial, especial.
MEH: ¿Y había más bungalós dentro de la base?
Anónimo: No, en aquel tiempo no había muchos, ahora creo ya hay muchos, ha cambiado.
En el cuartel militar de Atoyac de Álvarez los testimonios de las personas detenidas coinciden en que escucharon sobre los “vuelos al mar” o bien presenciaron prácticas como la de introducir en costales de ixtle a personas o colocarles zapatos de cemento.
Reynalda Villa Flores, en relación con la detención arbitraria y desaparición de Raymundo Barrientos Reyes del 1 de octubre de 1974, y de más hombres de la comunidad del Rincón de las Parotas, municipio de Atoyac de Álvarez, dijo:
Llegaron a la cancha, así que allá apartaron a todos los que se iban a llevar y a nosotras las mujeres nos llevaron a otro lado y cuando vemos que llega el helicóptero y ahí lo manearon de los pies, de las manos y lo echaron a un costal, manearon el costal y ahí se lo llevaron […] Los ponen en el saco a todos y dicen que los botaron al mar, sí dicen, los botaron porque yo no lo vi, dicen que los botaron al mar.
Armando Santiago Hernández fue detenido por elementos del Ejército mexicano cuando se trasladaba a su trabajo como constructor de carreteras por el simple hecho de llevar unas botas tipo militar y portar lonche o víveres. Según los militares, el calzado lo obtuvo de sus compañeros asesinados en emboscadas y el lonche lo llevaba para darlo al grupo de Lucio Cabañas (Partido de los Pobres). Fue recluido en el cuartel de Atoyac de Álvarez, maniatado y vendado de los ojos y recuerda haber escuchado lo siguiente:
Pero oigamos las latas, las latas se oye, aquí antes se acostumbraba que había muchas latas en las panaderías, traían la manteca, se oía el ruido de las latas. Entonces los mismos guardias, por ellos nos dimos cuenta que esas latas las ocupaban para meterle los pies a las personas y echarles cemento, ya que estaba cuajado todo eso, los echaban al mar. Los sacaban, porque cada rato llegaba el helicóptero, cada rato llegaba el helicóptero y se los llevaban, porque ellos mismos platicaban, nosotros no los vimos. Ellos decían: ‘ya se van a llevar, le toca a fulano de tal, sutano de tal’, se los llevaban y los echaban al mar.
Otro caso, el de Carlos Bello Manzanares, en relación con la detención de su hermano, el profesor Félix Bello Manzanares, ocurrida el 10 de diciembre de 1974, dijo: “El Ejército mexicano participó de una u otra manera, porque nos decían que ellos mismos iba a tirar al mar a la gente que habían detenido […] pues les ponían piedras o algo para que no salieran a flote”.
Aniceto Barrientos Nava fue detenido en la localidad de El Camarón, municipio de Atoyac de Álvarez, el 12 de octubre de 1974 y permaneció ocho meses en poder del Ejército mexicano. Fue torturado física y psicológicamente. En una ocasión, fue amenazado con ser arrojado al mar junto con su primo Julio Mesino Galicia:
Que nos echan en el helicóptero a los dos, pasamos por Pie de la Cuesta y al llegar al mar de Pie de la Cuesta, así pa’l mar le dice el piloto al soldado que iba a un lado de nosotros, dice: ‘vete abriendo la puerta, porque ahorita vamos a echar estos guerrilleros al mar para que se los traguen los tiburones’.
Aunque se trataba de amenazas, la brutalidad conque actuaban los militares daba credibilidad a las mismas. Finalmente, la cantidad de personas detenidas y de las que no se supo su paradero fue numerosa, aún incuantificable. Ignacio Galindo Romero comentó en relación con la detención de varios de sus familiares y la desaparición de su hermano Julio Galindo Romero, ocurrida el 4 de diciembre de 1977:
Dicen que se los llevan y que los botan al mar. Les echan, los amarran de las patas y los botan, les ponen, no sé, piedra o plomo, no sé qué les ponían y los botaban al mar. Y a ese que botaban, imagínese dónde lo hallaban uno. […] Sí los tiraban al mar, así nos dimos cuenta, pues, allá quién los va a hallar, imagínese. A lo mejor a mi hermano lo botaron pa’llá, pues ya nunca hallamos nada, ni restos, ni nada supimos de él, hasta la fecha, tiene más de cincuenta años.
Por otro lado, en Coyuca de Benítez y localidades aledañas, las personas entrevistadas por el MEH y que durante la década de 1970 se dedicaban a la pesca en la Barra de Coyuca recuerdan que, por aquellos años, el mar regresaba cuerpos a la playa y que estos fueron enterrados por ellos mismos o bien entregados a las autoridades municipales, las que depositaron los cadáveres en el panteón de Coyuca de Benítez. El pescador de mayor edad en Barra de Coyuca, así lo recordó:
MEH: ¿Usted o los pescadores cuando se reunían llegaron a ver algún cuerpo de alguien ahogado de la gente que aventaban mar adentro?
Valente Diego: Toda esa gente venía del mar.
MEH: ¿Encontraron ustedes a alguien alguna vez?
Valente Diego: Así en el mar, venían, los sacaban los tumbos del mar y ahí los enterramos en una orilla del mar.
MEH: ¿Ustedes mismos?
Valente Diego: Nosotros mismos y este, seguido tiraban gente, mucha gente en el mar.
MEH: ¿Hombres o mujeres o de los dos?
Valente Diego: Puros hombres, puro hombre.
A partir de estos estos y otros testimonios recabados en las últimas decádas, dice el MEH, se puede afirmar que el temor a la represalia y la afectación emocional permanece a pesar del transcurrir de los años. Debe considerarse que la situación en las comunidades era de violencia generalizada, por lo que: “[…] la amenaza vital aparece, por su carácter arbitrario, fuera del control de cada sujeto y de la población en general. Esto produce un clima psicológico de terror”.
Por eso mismo, denuncia el informe, en una situación en la que se está a merced del represor la amenaza que recibían de ser arrojados al mar, o ya fuera que sus familiares o cualquier persona desaparecida pudiera haber sufrido ese destino, aumentó el temor que implica una situación de tortura psicológica o tratos crueles inhumanos o degradantes.
