Caso Ayotzinapa: El Ejército “ocultó” cientos de documentos al clasificarlos como “seguridad nacional”
A tres meses de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que se cumpla una década de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el panorama para las familias de las víctimas es incierto, dado [...]
A tres meses de que termine el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que se cumpla una década de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el panorama para las familias de las víctimas es incierto, dado que el Ejército clasificó cientos de documentos como de seguridad nacional, lo que dificulta obtener información que podría dar pistas para encontrar a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Hoy, en conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los padres y sus representantes legales expresaron su inconformidad con la entrega incompleta de documentos de inteligencia militar y su rechazo a la validez de los análisis genéticos que la Fiscalía General de la República (FGR) está practicando, sin dar aviso a los peritos designados por las familias.
El desacuerdo con el gobierno se originó el lunes 3 de junio, luego de la reunión realizada con el presidente López Obrador al día siguiente de la elección presidencial ganada por Claudia Sheinbaum.
En el encuentro, López Obrador, así como Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y Rosendo Gómez Piedra, fiscal especial del caso Ayotzinapa por parte de la FGR, informaron a los padres que existían avances de cara al fin de sexenio.
Los reportes de inteligencia: más dudas que respuestas
Desde 2021, los folios generados por el el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) Centro, con sede en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, generaron interés entre quienes siguen el caso.
Los documentos confirman el monitoreo de las comunicaciones privadas desde 2014. Según el primer informe de la CoVAJ y las investigaciones del GIEI, el Ejército usó programas espía para enterarse de los mensajes y llamadas generados en la época.
En octubre de 2023, el ex titular de la Covaj, Alejandro Encinas, dio a conocer 18 folios CRFI que encontró arrumbados en archivos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), uno de los folios es una conversación entre Francisco Valladares (comandante policial de Iguala) y Gildardo López Astudillo (uno de los líderes de Guerreros Unidos) que situó a 17 estudiantes detenidos en una cueva y que serían entregados al grupo criminal.
El señor Mario González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, señaló que la Covaj proporcionó una carpeta con apenas 15 nuevos folios, en los que se menciona una conversación sobre cuerpos encontrados en un sitio llamado “La Laguna”, en la colonia Jardines del Sol.
Esos hechos deben investigarse, insistió González, quien expresó su incertidumbre sobre el contenido de los cientos de folios restantes y criticó la auto-investigación del Ejército.
Por otro lado, Santiago Aguirre, director del Centro Prodh destacó que el Ejército decidió de forma unilateral que los cientos de folios restantes no tenían que ver con el Caso Ayotzinapa y los ocultó bajo la clasificación de Seguridad Nacional, recalcó que en esos documentos podría haber más información.
Análisis genéticos, similares a los del gobierno peñista
Hilda Hernández, madre de César Manuel González, habló sobre una revelación que se les hizo el 3 de junio en Palacio Nacional: que la FGR estaba analizando muestras por medio de análisis mitocondrial de ADN, una técnica que se usó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y dio origen a la identificación en falso del normalista Jhosivani Guerrero.
No solo eso, la FGR ni siquiera avisó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un grupo de peritos con reconocimiento internacional que han colaborado y que tienen el respaldo de las familias de los normalistas.
“No vamos a tomar en cuenta estos hallazgos, están haciendo lo mismo que el anterior gobierno”, dijo Hilda Hernández al comparar el manejo del caso con el que realizó la administración peñista.
Melitón Ortega, quien ha fungido como vocero de los padres, criticó no solo la ausencia del equipo de peritos argentinos, incluso del laboratorio de la Universidad de Innsbruck. Sin la participación de estas dos instancias (cruciales en la investigación y el hallazgo confirmado de restos), los padres no darán crédito a los nuevos resultados de la FGR.
Caso Ayotzinapa: tensión con Palacio Nacional
El próximo 3 de julio, el presidente López Obrador presentará un nuevo informe sobre el caso a las familias, quienes han reiterado su rechazo a los intentos oficiales de sembrar división entre las familias y a los señalamientos del presidente contra los asesores legales de las familias, Santiago Aguirre y el abogado Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.
El pasado lunes, López Obrador aprovechó una de sus conferencias matutinas para hablar del caso Ayotzinapa y nuevamente hostilizar a los defensores de derechos humanos y defender al Ejército: “Hasta hoy no tengo ninguna prueba de que haya sido el Ejército, así, y le he buscado por todo y tengo toda la información, soy el presidente de México”.
Rosales pidió al presidente pruebas de sus acusaciones y lamentó que esté exculpando a los militares, y recordó un testimonio recogido por la UEILCA según el cual la sede del 27 Batallón de Infantería sería uno de los sitios a los que estudiantes habrían sido llevados para ser asesinados y, posteriormente, desaparecerlos.
En la sesión de preguntas y respuestas, se discutieron temas adicionales como la imprecisión en el número de restos por parte de la FGR y la incertidumbre que genera la transición presidencial del próximo 1 de octubre, unos días después de que se cumplen 10 años de la búsqueda de los estudiantes.
