Organizaciones civiles presentan amparos contra proyectos de gas en Baja California
Los proyectos de gas fósil en el Golfo de California impactan negativamente en comunidades indígenas, cuyas identidades están ligadas al mar y al ecosistema.
Por omisiones en megaproyectos de extracción de gas fósil licuado (GFL) en las costas del Golfo de California, región conocida como el “acuario del mundo”, dos organizaciones presentaron demandas de amparo contra la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Presidencia de la República.
Este miércoles, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (DAN) anunciaron las acciones presentadas ante el Poder Judicial ante la falta de respuestas de las autoridades, que han sido llamadas a prevenir impactos ambientales de manera urgente.
Los proyectos señalados por las organizaciones y colectivos que defienden el medio ambiente son el Gasoducto Sierra Madre (Frontera–Puerto Libertad), la Terminal GNL de Sonora (Saguaro Energía), el Gasoducto Corredor Norte y la Terminal Marítima Vista Pacífico LNG en Topolobampo, Sinaloa.
La presentación de amparos surge tras no haber obtenido respuestas a una carta dirigida el 7 de julio pasado a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente. En el escrito, las organizaciones pidieron realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en la región e implementar una moratoria a todos los proyectos de gas licuado.
Entre las comunidades más vulnerables ante estos impactos se encuentran pueblos indígenas cuyos modos de vida, identidad cultural y vínculos espirituales están íntimamente entrelazados con el mar y sus ecosistemas. La instalación y operación de infraestructura de GNL podría transformar de forma irreversible sus territorios
La semana pasada, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertaron en una carta al gobierno de México por las afectaciones en los entornos naturales y en las comunidades debido a los megaproyectos de licuefacción.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por las emisiones previstas de gases de efecto invernadero, la contaminación tóxica, la alteración de los ecosistemas y otros daños ambientales”, escribieron nueve relatores en comunicaciones giradas a las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente en el gobierno.
Con los amparos admitidos por el Poder Judicial, las organizaciones buscan sentar un precedente que obligue al Estado a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de transparencia y protección ambiental.
