Violencia provoca desplazamientos masivos de población indígena en tres estados del país
Las organizaciones piden también que se respalde el Campamento Civil por la Paz, instalado ahora en la comunidad tsotsil de Tzajalchen, en Chiapas.
Distintas poblaciones indígenas, de al menos tres estados del país, enfrentan situaciones de violencia crítica que los han obligado a abandonar sus hogares y territorios para ponerse a salvo. Al menos 8 mil 190 personas han sido desplazadas en Chiapas –particularmente en los municipios de Frontera Comalapa, Siltepec y Chicomuselo–. En el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, se cuentan al menos 251 personas desplazadas y otras 110 en Michoacán.
Así lo informa un grupo de organizaciones, encabezadas por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Data Cívica, Fondo Defensores y el Grupo de Periodistas Independientes, quienes lazaron un llamado urgente al gobierno federal para que tome medidas inmediatas y proteja a las comunidades indígenas afectadas por las distintas olas de violencia que atraviesan sus territorios.
Desplazamientos masivos y ataques en comunidades indígenas
En las últimas tres semanas se registró, el homicidio de una persona indígena en la comunidad de Cinco Llagas, Chihuahua, otra más en Chenalhó, Chiapas, y otras dos en la comunidad de El Coire, en la costa michoacana. En esta última comunidad también se reportan 7 personas desaparecidas, entre las que se encuentran dos menores de edad.
Además de los homicidios y desapariciones forzadas, se cuentan múltiples amenazas hacia quienes se atreven a denunciar, ataques con drones a comunidades de Michoacán y Chiapas, en donde también se cuentan balaceras prolongadas dirigidas hacia poblados habitados, reclutamiento forzado de jóvenes, cobro de piso y más. Esto ha generado una situación de extrema vulnerabilidad.
La violencia en la región de Babirogame, Chihuahua, se ha recrudecido en las últimas semanas, por ejemplo. Luego de ser considerada por años una zona de refugio para población indígena desplazada de sus comunidades por la violencia armada de grupos del crimen organizado en la zona, hoy cientos de habitantes de esa región, particularmente de la comunidad Cinco Llagas, han tenido que huir.
Falta de respuesta gubernamental y complicidad con el crimen organizado
Las organizaciones denuncian que, a pesar de las solicitudes para reforzar la presencia militar y crear corredores humanitarios que permitan la evacuación segura de las familias, las autoridades estatales y federales han respondido con una notable omisión. En Chihuahua, por ejemplo, las pocas fuerzas desplegadas han sido reducidas, exacerbando la crisis.
Además, el comunicado critica la falta de coordinación entre el Ejército y las autoridades indígenas, lo que ha socavado la confianza entre las comunidades afectadas y el gobierno.
Ante esta crisis, las organizaciones firmantes exigen al Gobierno Federal que implemente acciones concretas para:
- Proteger a la población civil indígena con medidas preventivas que garanticen sus derechos humanos.
- Crear un corredor humanitario que permita la salida segura de las comunidades atrapadas por la violencia.
- Desarmar a los grupos criminales y garantizar la seguridad en las zonas afectadas.
- Respetar la autonomía de las comunidades indígenas en las zonas militarizadas.
- Proteger a los defensores de derechos humanos que han denunciado la situación.
Apoyo a las comunidades indígenas
El comunicado está firmado también por el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International-IPRI en México: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ; Colectivo Emancipaciones; Colectivo Masehual Siuamej Mosenyolchikauanij, (Mujeres que se apoyan), CONAMI, ECMIA; Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones indígenas.
En él se expresa también el respaldo a la comunidad tsotsil de Tzajalchen, en Chenalhó, Chiapas, que se ha autodeclarado como “Campamento civil por la Paz” para protegerse de la violencia. Las organizaciones instan al gobierno a respetar esta decisión y garantizar la seguridad de quienes se refugian allí.
