Podría ocurrir en el Brasil de Bolsonaro, la Italia de las camisas negras, la hacienda salvadoreña de Nayib Bukele o la Plaza de la Ópera de Berlín, en 1933, cuando las llamas consumieron páginas y libros que iluminaban la existencia humana.
Pero no. Ocurrirá en un triste noviembre de 2024, en un México dominado por el éxtasis del poder casi absoluto y por un poco evangélico espíritu del sur que los lleva a aplicar una política de tierra arrasada.
Lo que ocurrirá es una oda a la oscuridad cuyo guión delineó un presidente cuya popularidad le alcanzó para cercenar los esfuerzos de toda una generación –incluidas muchas figuras de izquierda que hoy están en Morena– por construir instituciones que ayudaran a consolidar una democracia que no respondiera a la voluntad de una sola persona,
La mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso aprobará la reforma constitucional y consumará la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) y otros organismos autónomos.
La desaparición del Inai es la piedra de toque de una paradoja que hemos padecido desde la Conquista: la destrucción, literalmente hasta la última piedra, de una civilización que sucumbe ante el fuego arrasador de los vencedores.
Los conquistadores buscaban exterminar todo trazo que indicara que antes de su llegada había una cultura avanzada. La edificación del Palacio Nacional se hizo, simbólicamente, sobre el Templo Mayor de Tenochtitlán.
Y aquí estamos hoy, a nada de presenciar la caída de instituciones ante el poder de los nuevos vencedores.
En mayo de 1933 los estudiantes y profesores alemanes celebraban con bandas musicales la quema de libros; hoy, se corea con entusiasmo la eliminación de una institución, imperfecta y mejorable, que había arrojado cierta luz sobre el funcionamiento del poder público en México.
Las modificaciones legales que se aprobarán no conducirán a tener un mejor sistema democrático. Por el contrario, la desaparición del INAI representará un daño democrático, un acto de lesa democracia.
La extinción del Inai y el traslado de sus funciones al Poder Ejecutivo terminará por configurar un panorama parecido al que existía hace más de 30 años, cuando Carlos Salinas de Gortari era presidente de la República y todo era tricolor. Los colores de la bandera que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se apropió teñían todo el país.
El PRI controlaba la Presidencia, el PRI dominaba el Senado (tenía 60 de 64 senadores); el PRI ocupaba 300 de los 400 puestos que entonces tenía la Cámara de Diputados; los ministros de la Suprema Corte respondían al PRI en su mayoría. Los había nombrado un Senado priista a propuesta de un presidente priista.
Los 32 gobernadores de los estados pertenecían al PRI. Toda la vida pública respondía a la voz y los deseos del presidente. El PRI lo podía todo.
Los 32 gobernadores de los estados pertenecían al PRI. Toda la vida pública respondía a la voz y los deseos del presidente. El PRI lo podía todo. Era 1988.
Salinas de Gortari hizo las reformas constitucionales que quiso: privatizó Telmex y cientos de empresas estatales más, acabó con el reparto de tierras a campesinos y permitió que los ejidatarios las vendieran; le dio un insólito renocimiento político a la Iglesia. Estableció los primeros programas sociales con Solidaridad. Y aprobó el primer Tratado de Libre Comercio con EU y Canadá. Lo hacía porque podía.
Hoy, el abrumador peso político de Morena y sus aliados les permitirá hacer, de manera similar, lo que les ordenó el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El actual Congreso aprobó su primera reforma constitucional como un “regalo de despedida” a AMLO.
No ha sido suficiente. No ha bastado con la reforma al Poder Judicial; desean complacerlo aún más. Por eso van a eliminar al Inai. Los argumentos con que intentan justificar la desaparición son conocidos, pero sobre todo son rebatibles, aunque eso no importa a los legisladores.
Los partidarios de su extinción desdeñan la contribución del Inai al empoderamiento de la ciudadanía.
Décadas de sometimiento ciudadano ante los funcionarios de los gobiernos del PRI, cuyo poder descansaba en el ocultamiento de información vital para el pensamiento crítico de las y los mexicanos, se diluyeron a medida que ganamos información a cuyo acceso antes era impensable.
La intervención del Inai nos permitió conocer algunos años después los planes del gobierno de Ernesto Zedillo para contrarrestar el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los dispositivos de seguridad para cada una de las giras del presidente Vicente Fox, los resultados de las encuestas hechas para la Presidencia de Felipe Calderón, o la existencia y ubicación de miles de fosas clandestinas en todo el país, entre muchos otros temas centrales de la agenda pública.
La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, la Estafa Maestra, las empresas fantasma de Veracruz, por citar algunos casos emblemáticos que alimentaron el hartazgo social hacia el PRI y la corrupción, no podrían haberse realizado sin la existencia del Inai.
Costó décadas iluminar la oscuridad en que los gobiernos mantenían a la sociedad. Por eso, la desaparición del Inai daña el corazón de la transparencia.
Costó décadas iluminar la oscuridad en que los gobiernos en turno mantenían a la sociedad. Por eso, la desaparición del Inai daña el corazón de la transparencia en México.
La iniciativa de reforma presidencial enviada al Congreso por López Obrador pretende que el Ejecutivo sea juez y parte, que su titular controle la transparencia, que sea la figura que delegue en personas cercanas a ella la potestad de conceder o no la información a las y los ciudadanos.
Su intención de que una estructura ya existente como la Secretaría de la Función Pública (SFP) -ahora se llamará Secretaría Anticorrupción-, sustituya las funciones del Inai es inviable. En su naturaleza se encuentra el rechazo a la transparencia.
Solo por poner un botón de muestra: la SFP se negó sistemáticamente a conceder acceso a documentos de la investigación que se hizo a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray por el tema de la Casa Blanca, a pesar de que un fallo del Inai la instruyó a eso. Incurrió en desacato.
¿Imaginan lo que ocurrirá cuando se le entregue el poder formal para “administrar” el derecho al acceso a la información?
Que el Inai no funcione como debiera hacerlo tiene remedio. Las instituciones se pueden mejorar, podemos hacerlas más fuertes, dotarlas de mayores herramientas y capacidades; hacerlas eficientes y transparentes. Pero no desaparecerlas.
Desafortunadamente, no existe la mínima intención de los legisladores del oficialismo de detenerse. Están decididos a anular derechos ya conquistados, a expropiar el derecho de los mexicanos a saber, a colocarnos de nuevo una venda en los ojos, 22 años después de que nos la quitamos.
Ciertamente, es un fenómeno desesperanzador porque nos despojarán del derecho a saber, pero tocará a nuevas generaciones resetear las batallas e iluminar el camino para recuperar lo que tanto costó arrebatar al antiguo régimen.
Porque, como dice el slogan del diario The Washington Post, la “democracia muere en la oscuridad”. Sí, la oscuridad mata a la democracia. Y millones no quieren, no queremos, que eso suceda.
