La UIF censura al Poder Judicial por desbloquear de cuentas de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga
De 31 mil mdp bloqueados, el Poder Judicial ha desbloqueado 23 mil mdp. En el caso Gómez Mont-Álvarez Puga, un tribunal ordenó a la UIF eliminarlos de la lista de personas bloqueadas.
En la conferencia de prensa matutina de la Presidencia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez señaló directamente al Poder Judicial por el desbloqueo de miles de millones de pesos vinculados a casos de corrupción, entre ellos, los de cuentas bancarias del abogado Víctor Manuel Álvarez y la conductora de televisión Inés Gómez Mont.
En acatamiento a una sentencia emitida por un tribunal federal, la UIF giró instrucciones el 4 de marzo para que las se reanudarán las operaciones de las cuentas del matrimonio Gómez Mont-Álvarez Puga, involucrado en un caso de fraude por servicios inexistentes en el sistema penitenciario en 2016.
“El Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera en México”, reprochó Gómez Álvarez a jueces como lo ha hecho en ocasiones previas.
Según el ex dirigente político y estudiantil, estas resoluciones han favorecido a quienes lavan dinero, así lo expresó de forma directa ante la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa.
“Piden la suspensión (de la Lista de Personas Bloqueadas) y los jueces inmediatamente la otorgan, la inmensa mayoría de los jueces”, dijo el titular de la UIF la misma semana en la que 3 mil 414 aspirantes iniciaron sus campañas electorales al Poder Judicial.
De acuerdo con datos de la unidad, de los más de 32 mil millones de pesos que se han bloqueado desde 2018, la unidad apenas ha retenido el 11% (3 mil 631 mdp), el resto, ha sido desbloqueado en últimos años mediante resoluciones judiciales (23 mil 575 mdp), del Tribunal Contencioso Administrativo (82 mdp) y de la propia UIF al dar audiencia a las personas investigadas (5 mil 61 mdp).
Gómez Álvarez recalcó la relevancia de la inteligencia financiera, al ser México el país vecino de Estados Unidos y contar con múltiples investigaciones de lavado de dinero por parte de organizaciones del narcotráfico y ex servidores públicos.
“(Esta resolución) les permitirá hacer uso del sistema financiero nacional sin ninguna restricción, a pesar de que el ministerio público cuenta con orden de aprehensión”, señaló el titular de la UIF sobre el caso de Inés Gómez Mont y Álvarez Puga.
Una indagatoria federal a la que tuvo acceso el diario Reforma mostró que la empresa Seguridad Privada Inteligencia Cibernética (SPICSA) captó 2 mil 950 mdp en dos contratos con el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (ODAPRS), posteriormente, el dinero se distribuyó a seis empresas fachada.
Las autoridades cuentan con transferencias por 17 mdp a cuentas de Álvarez Puga e Inés Gómez Mont provenientes de Gupea y Tangamanga, dos compañías de papel boletinadas por el SAT.
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