Clara Brugada responde a marcha contra la gentrificación: anuncia medidas y regulación
Clara Brugada anuncia 14 medidas para frenar la gentrificación en CDMX, incluyendo regulación de rentas y 20 mil viviendas sociales.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que este miércoles, 16 de julio, anunciará un paquete de 14 medidas para combatir la gentrificación, fenómeno que ha escalado hasta convertirse en una crisis de vivienda en la capital. La presentación se hará a las 12 del día en el Museo de la Ciudad de México y marca un punto de inflexión tras las protestas del 4 de julio que reunió más de mil manifestantes en la colonia Condesa, después de al menos un sexenio de protestas en contra de este fenómeno en distintas colonias.
La gentrificación es como se le conoce al proceso por el cual barrios históricos o populares son transformados por la llegada de residentes con mayor poder adquisitivo —especialmente nómadas digitales y turistas—, desplazando a la población original al dispararse los precios de rentas y servicios en zonas como Condesa, Roma y Doctores. En la Ciudad de México este fenómeno se ve acompañado de oleadas de desalojos forzados, despojos y fraudes notariales en los que participan tanto empresas como instituciones públicas.
Actualmente, plataformas como Airbnb se han apoderado de un total de 26 mil viviendas sobre todo en las colonias céntricas de la ciudad, mientras el déficit de vivienda asequible alcanzó las 500,000 unidades y aunque ha intentado regularse para evitar la competencia desleal con el sector hotelero y que el turismo merme la vivienda disponible, Airbnb ha logrado sortear las regulaciones más fuertes y se espera que su presencia en la capital se multiplique con la celebración del Mundial del 2026.
Brugada ya ha adelantado algunos ejes de trabajo a través de su secretario de gobierno, César Cravioto. Por un lado promete regular el mercado inmobiliario y establecer límites estrictos al alquiler de corta estancia –el tope de 180 noches al año por vivienda todavía no se implementa, por ejemplo–; fiscalizar los usos de suelo para evitar construcciones ilegales pues se ha detectado la construcción de edificios de hasta ocho pisos en las zonas céntricas violando los límites de niveles permitidos; además, se recordó que existe una ley para impedir que la renta aumente por encima de la inflación.
Sin embargo, pocas de estas medidas se aplican. En los hechos, buena parte del mercado inmobilario e inquilinario opera en la ilegalidad o aprovecha los vacíos: triplican la renta después de desalojar a los vecinos o rentan Airbnb todo el año pues no existe ninguna autoridad que vigile que se cumplan con los límites de días.
Entre las otras medidas que Brugada ha presumido en los últimos días como medidas para contener o combatir la gentrificación en la Ciudad de México destaca el programa “Vivienda Pública para Renta” que la jefa de gobierno presentó el pasado viernes. Con él se busca ofrecer 20 mil espacio accesibles –con rentas que van de los $3,000 a los $7,500 mensuales– para jóvenes, adultos mayores, personas desalojadas y familias con ingresos menores a 3 salarios mínimos.
Además, Brugada anunció la construcción de cuatro complejos habitacionales en Buenos Aires, Centro Histórico, El Rosario y Tacuba, integrando servicios como comedores y guarderías.
Lo que reveló la marcha antigentrificación celebrada la semana pasada, además de que existe una marcada animadversión contra los estadounidenses y extranjeros que han llegado a ocupar las colonias centrales de la ciudad, es la urgencia de toda una generación que ya no tendrá acceso a una vivienda en crédito y ni siquiera alquilada.
La fuerza de la marcha ya obligó al gobierno capitalino, al menos a tomar una posición. Además de condenar la xenofobia y anunciar cero tolerancia al recordar que la Cdmx es considerada “ciudad santuario” para la migración, Clara Brugada ha anunciado una jornada de asambleas ciudadanas continúas, como la realizada en parque España con más de 300 vecinos para intentar diseñar soluciones colectivas.
“La demanda es legítima, pero no puede justificar el odio”, dijo Clara Brugada en referencia a los insultos y expresiones ‘gringofóbicas’ en la pasada marcha. Aseguró que su estrategia busca atacar las causas estructurales, como la falta de regulación a plataformas digitales y la complicidad de desarrolladores inmobiliarios, mientras protege a los residentes históricos.
El éxito de estas medidas dependerá de la forma en que sean implementadas en los hechos. Mientras ciudades como Viena o Barcelona han logrado comenzar a frenar la gentrificación con vivienda social y controles de renta, en México persisten obstáculos: una burocracia lenta que no puede competir con la velocidad con la que los edificio se compran y venden en el mercado financiero, la corrupción de notarios, fiscalías y juzgados que se prestan a ejecutar desalojos forzados o incluso despojos de propiedad, además de la presión de fondos e inversiones como Airbnb o Blackrock que ya se disputan el suelo urbano.
Brugada, quien se formó en las bases del Movimiento Urbano Popular y la Unión Popular Emiliano Zapata, organizaciones que nacieron con el derecho al acceso a la vivienda digna como una bandera, insiste en manifestarse por el derecho a la ciudad: “Queremos una ciudad integrada, pero sin desplazamientos. El derecho a la vivienda no es negociable”.
