A 51 años de la desaparición de Rosendo Radilla, la Corte analizará la sentencia del caso
El 25 de agosto de 1974, el compositor Rosendo Radilla fue detenido y desaparecido en un retén militar en Guerrero.
Al cumplirse más de medio siglo de la desaparición forzada de corridista Rosendo Radilla, el caso podría volver nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó la organización civil Fundar, que acompaña a la familia Radilla en la búsqueda de acceso a la justicia.
Y es que el caso llegó por primera vez a la Suprema Corte al resolver en 2011 que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) -que reconoció la responsabilidad del Estado mexicano- era de cumplimiento obligatorio para las autoridades mexicanas.
Ahora, una sentencia en el Poder Judicial también reconoció a México como autor de terrorismo de Estado y ordenó, por ejemplo, el procesamiento de militares. Sin embargo, diversas instituciones impugnaron -a través de ocho recursos de revisión- el fallo dictado por la jueza Karla Macías Lovera el año pasado.
En febrero de este año, Fundar informó que se presentaron recursos de reclamación ya que solo dos de las impugnaciones son admisibles y que éstas serán turnadas a la Suprema Corte, que en su próxima integración tendrá que confirmar o desechar la resolución histórica de la jueza Lovera, la cual instruyó también a establecer planes de búsqueda de personas desaparecidas e instalar sitios de memoria en instalaciones militares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Sentencia demoledora para militares
La sentencia del juicio de amparo 565-2018, del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, presenta una relatoría del caso y exhibe los documentos militares en los que las órdenes directas, emitidas por el entonces General secretario Hermenegildo Cuenca Díaz, consistían en “aniquilar” al activista Lucio Cabañas Barrientos y a sus aliados.
Uno de los planes militares, llamado Telaraña, ordenó en 1971 la “localización y captura o neutralización, en su caso, de los grupos de maleantes”, mientras que los partes militares dieron cuenta de las operaciones de exterminio contra campesinos de Guerrero en la década de los setenta, recurriendo en varios casos a los “Vuelos de la muerte”, táctica común en dictaduras de Latinoamérica para desaparecer a opositores.
El fallo de la jueza buscó la acumulación de diversas causas penales y la judicialización de una treintena de militares, entre los que destaca el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Enrique Cervantes Aguirre, quien entonces era Jefe del Estado Mayor de la 27/a Zona Militar.
La sentencia que será analizada por la Corte “representa una oportunidad invaluable para la nueva configuración del nuestro máximo tribunal, para avanzar hacia la justicia, la reparación integral de todos los casos ocurridos en este periodo, y la no repetición de estos crímenes atroces”, indica Fundar en un comunicado.
