CDMX eleva penas por despojo hasta 11 años de prisión
Despojo en CDMX: castigan con 11 años de prisión y multas. La ley responde a 19,992 carpetas de investigación abiertas entre 2019 y 2024.
El Congreso de la Ciudad de México respondió a una creciente ola de despojos de viviendas y terrenos. A finales de la semana pasada, la Cdmx aprobó de manera unánime una reforma que eleva las penas de prisión hasta 11 años y establece trece circunstancias que agravan el delito de despojo. Esta medida legislativa busca enfrentar un problema que registra un promedio de nueve denuncias diarias y que, según expedientes judiciales, implica la complicidad de notarios y otros funcionarios públicos que se prestan a la falsificación de documentos notariales.
La reforma, impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, modifica el Código Penal y otras leyes para aumentar el castigo. La pena por despojo en Cdmx ahora será de seis a once años de prisión —un año más que el máximo anterior— y se acompañará de multas que pueden superar los 100,000 pesos. La sanción se aplicará al tope de la escala cuando concurra alguna de las nuevas agravantes.
Entre estas circunstancias se incluyen los casos en que la víctima sea una persona mayor de 60 años, cuando intervenga un notario o un servidor público, o cuando se use documentación alterada o se suplante la identidad de la víctima. El castigo también será máximo cuando varias personas actúen de manera conjunta o cuando exista un vínculo familiar entre el despojador y el afectado.
La nueva ley crea, además, una figura específica para sancionar a quien, a pesar de un requerimiento de la autoridad, mantenga la ocupación ilegal de un inmueble. También se presume la “mala fe” del posesionario cuando su derecho derive de actos simulados o de contratos que sabía que eran inválidos.
Un delito en ascenso
La aprobación de esta normativa se produce en un contexto de aumento de las denuncias. Hasta el 15 de julio de 2025, las autoridades capitalinas habían registrado 2,245 denuncias por el delito de invasión, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2024.
Entre 2019 y 2024, se abrieron 19,992 carpetas de investigación por despojo en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esta cifra equivale a un promedio de 9.12 casos cada día.
Foto: Graciela López Cuartoscuro,
Según las autoridades, el despojo se comete sobre todo mediante la simulación de compraventas, la usurpación de identidad y la falsificación de instrumentos notariales. La complicidad de algunos notarios que validan documentos sin verificar la identidad de las partes, es un factor que facilita estos crímenes. A esto se suma que algunos agentes del Ministerio Público desestiman las denuncias complicando a las víctimas la restitución de sus bienes en procesos que pueden alargarse durante años.
El modus operandi y la impunidad
Las investigaciones periodísticas han encontrado varios patrones que se repiten en distintas escalas. Uno de los casos, miembros de una organización civil denominada “Construyendo un Proyecto de Vida AC” se apoderaron en 2020 de un inmueble en la colonia San Rafael. Los despojadores mintieron al Instituto de Vivienda, afirmando que la propiedad no tenía dueño, lo que inició un proceso de expropiación que luego fue suspendido.
Otros casos emblemáticos más recientes son los que han terminado en el desalojo masivo de la calle República de Cuba en el Centro Histórico, en donde se aprovechó que el inmueble estaba intestado para simular una compraventa a espaldas de los vecinos, o el caso de Mar Blanco en la Colonia Popotla en donde simplemente un grupo violento tomó el predio sin juicio de por medio.
Otro caso ocurrió en el centro de Tlalpan donde actuarios del Tribunal Superior de Justicia dieron por válidos documentos apócrifos presentados por un particular para apoderarse de una casa.
Fotos: Rogelio Morales, Cuartoscuro
En muchos de los casos, la corrupción pasa de las notarias a los Ministerios Públicos que mal aconsejan a los agraviados y trasciende hasta el propio sistema judicial. De 2019 a 2023, la Fiscalía aseguró 1,007 inmuebles, pero solo 432 fueron restituidos a sus legítimos dueños. En ese mismo periodo, se abrieron 16,349 expedientes, lo que significa que solo el 2.6% de los casos concluyó con la recuperación de la propiedad.
Las redes criminales han encontrado en este delito un lucrativo negocio. En la carpeta de investigación abierta en 2021 por el despojo de departamentos en la unidad habitacional Fuerte de Loreto en Iztapalapa, integrantes de “La Unión Tepito” ingresaron con violencia, cambiaron cerraduras y vendieron viviendas en menos de 100,000 pesos.
Otras reformas aprobadas
En la misma sesión, el Congreso local avaló un paquete de reformas complementarias. Se endurecieron las penas por el delito de amenazas, que ahora puede castigarse con hasta tres años de prisión y multas de más de 100,000 pesos si el amago se produce en el ámbito familiar o de pareja.
También se votó a favor de castigar hasta con 10 años de prisión a quien forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con el propósito de cometer despojo de viviendas en Cdmx. Las penas serán aún mayores para quienes tengan funciones de dirección dentro del grupo.
El gobierno capitalino había adelantado en su primer informe de actividades su intención de realizar cambios normativos para combatir el despojo. La iniciativa de Brugada fue presentada el pasado 12 de octubre, durante su primer informe de Gobierno, y fue avalada este jueves por unanimidad en el pleno, marcando un intento frontal por contener un delito.
