Cuba 11: familias desalojadas denuncian hostigamiento policial y de antros

El campamento de personas desalojadas instalado en la calle de República de Cuba, número 11, vive un momento delicado: mientras esperan que el gobierno capitalino cumpla sus promesas de revisar el proceso legal que permitió el desalojo forzado de 19 familias, en su mayoría de personas de la tercera edad, en los últimos días han sufrido actos de hostigamiento y un clima de inseguridad.

Desalojados a finales de agosto pasado, las familias cumplieron ya dos meses de resistir a pie de calle y este miércoles, en conferencia de prensa, denunciaron una serie de actos intimidatorios ocurridos durante los últimos días, además de señalar conductas arbitrarias por parte de funcionarios y policías de la Ciudad de México.

El lunes pasado, policías capitalinos que se negaron a identificarse se apersonaron en el campamento para intentar recabar nombres e información sensible, además de documentar la cantidad de personas presentes y tomar fotografías con actitud amenazante. Por si fuera poco, el pasado 24 de octubre, personal de los centros nocturnos de la calle de Cuba ingresaron al campamento a robar comida y suministros.

Esta denuncia es preocupante pues, de acuerdo al abogado Arturo Aparicio, que representa a las familias desalojados, existen documentos e información que relaciona a personas ligadas al negocio de los antros LGBT+ de República de Cuba directamente con varios desalojos en esa zona aunque evitó dar nombres “por motivos de seguridad”.

Fortalecimiento del campamento y advertencia

Frente a esta situación, los miembros del campamento “Desalojo Cuba 11” anunciaron una serie de medidas para incrementar su seguridad. Colocarán bardas perimetrales para un mejor control de accesos, sin impedir el paso a los predios, y registrarán y denunciarán cada nuevo incidente.

“Consideramos que las personas que han estado detrás del desalojo están desesperadas por desmovilizarnos, ya que saben que el caso está avanzando en el gobierno”, afirmaron. Como prueba de este avance, mencionaron la iniciativa de reforma a la ley presentada a inicios de mes por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para evitar despojos con fraudes procesales, la cual se deriva directamente de su caso.

Sin embargo, los desalojados señalan una fractura al interior del gobierno capitalino y específicamente de sus cuerpos policiacos. Por medio de la Jefatura de Gobierno se había acordado otorgar medidas de protección y vigilancia, pues República de Cuba es –debido a la abundancia de antros y centros nocturnos– también una zona de venta de drogas disputado por grupos criminales. Estas medidas de seguridad, se han incumplido y, al contrario, la policía parece haberse sumado a los actos de intimidación lo cual sugiere, denunciaron los vecinos, falta de coordinación o directa desobediencia de integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública.

Hicieron un llamado público a donaciones de materiales como tablas, mecates, lonas, alambrado, ladrillo y cemento, así como a la conformación de brigadas de acompañamiento por parte de organizaciones estudiantiles para monitorear la seguridad. Advirtieron que, de persistir la intimidación, solicitarán una revisión completa de la situación jurídica de los centros nocturnos colindantes, incluyendo sus permisos administrativos y cumplimiento de normativas.

Una iniciativa ciudadana

Paralelamente a la defensa inmediata de su campamento, los afectados preparan una propuesta de ley para crear garantías legales a favor del derecho a la vivienda. La iniciativa, que será presentada en los próximos días al Gobierno de la Ciudad de México, contiene 14 puntos clave.

Entre ellos, se plantea que en casos de fraude procesal para apropiarse de un inmueble, el predio pueda ser destinado a vivienda social. También se propone tipificar el “despojo simulado”, donde se use la infraestructura institucional para disfrazar un despojo de un desalojo legal.

La iniciativa ciudadana obligaría a los jueces a verificar la legalidad del proceso y la protección de los derechos humanos antes de un desalojo, estableciendo que este debe ser la última opción. Además, busca que el Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI) medie en la búsqueda de soluciones alternas y que la Comisión de Derechos Humanos local esté presente para documentar el operativo.

Para impulsar esta propuesta, mientras resisten los actos de hostigamiento, los residentes de Cuba 11 iniciarán una campaña que incluirá foros con activistas y académicos, y la recolección de firmas de apoyo para que sea tomada en cuenta por el Congreso local.

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