Familiares de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos hace tres años, piden investigar a la minera extranjera Ternium
A tres años de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, sus familias y ONGs internacionales señalan a la minera Ternium y exigen su colaboración en la investigación.
La minera Ternium, que explota las minas de hierro del municipio de Aquila, Michoacán, debería ser la más preocupada en investigar el destino del abogado Ricardo Lagunes Gasca y del maestro y líder indígena nahua Antonio Díaz Valencia, desaparecidos hace exactamente tres años, el 15 de enero de 2023, mientras se dirigían de Michoacán a Colima.
“Ternium es un actor sumamente poderoso en la región y, por su discurso de responsabilidad social, deberían ser los primeros interesados en investigar qué pasó con Ricardo y Antonio. Les hemos hecho llegar nuestras preguntas y exigencias a través de distintos organismos”, explica Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, en entrevista con Fábrica de Periodismo.
Familiares de ambos, con el respaldo de una docena de organizaciones nacionales e internacionales, instalaron en el Zócalo de la Ciudad de México, a un costado de la Catedral Metropolitana, un anti-monumento en memoria de las más de 130 mil personas que permanecen desaparecidas en el país.
En mayo de 2025, familiares y representantes viajaron a Europa y, a lo largo del año, expusieron ante las Naciones Unidas y la CIDH. En Luxemburgo se reunieron con autoridades y presentaron la primera denuncia ante la OCD relacionada con violencia contra personas defensoras en el sector del acero en contra de Ternium, con el apoyo de la Fair Steer Coalition e Initiative pour un devoir de vigilance”.
Un rumor se levanta en la comunidad nahua de Santa María Aquila, a pesar del silencio impuesto por el crimen organizado: la participación, de una u otra forma, de la empresa Ternium, consorcio de origen italo-argentino que explota la mina de hierro en el municipio de Aquila, en Michoacán, de donde era originario Antonio Díaz, un defensor indígena que se oponía a las operaciones mineras en las tierras de la comunidad.
Diversos trabajos periodísticos apuntan a que el enorme negocio detrás de esa mina es lo que sostiene, a su vez, a los grupos del crimen organizado que pululan en la zona.
La denuncia presentada exige a Ternium que, entre otras cosas, entable un diálogo directo con las familias y use su poder e influencia para buscar y encontrar al abogado Ricardo Lagunes y al maestro Antonio Díaz.
–Nosotras, como familiares, lo que hacemos es apelar a todos los medios de presión internacional para cuestionar a esta empresa que todavía hoy se presenta siempre muy en términos de “responsabilidad social” –dice Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, en entrevista con Fábrica de Periodismo–. Queremos interpelar desde ahí entonces: que hagan algo. Son un actor sumamente poderoso en la región.
–Hace poco se reveló que los asesinos de la defensora Berta Cáceres, en Honduras, fueron pagados con dinero de fondos internacionales, etiquetados como “desarrollo sustentable”.
–Sí –responde Ana Lucía Lagunes–. Eso se sabe. Hay un entramado entre las empresas, el gobierno y los cárteles: el crimen organizado tal cual. Ternium es un actor sumamente poderoso en la región y, por su discurso de responsabilidad social, deberían ser los primeros interesados en investigar qué pasó con Ricardo y Antonio. Les hemos hecho llegar nuestras preguntas y exigencias a través de distintos organismos.
“El capitalismo no es cristiano”
–Venimos a visibilizar específicamente el caso de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz, pero también el de las más de 133 mil víctimas de desaparición que reconoce el registro oficial.
Quien habla a pie de calle es el sacerdote Arturo Carrasco. En los últimos años, Carrasco ha acompañado a familias de personas desaparecidas en México. Antes o al final de las protestas, suele oficiar pequeñas ceremonias ecuménicas en donde cualquier tipo de espiritualidad es bien recibida. Esta vez, ha sido convocado para rociar de agua bendita el anti-monumento y ofrecer unas palabras a las víctimas.
Foto: Carlos Acuña
–En clave de fe, hacemos un llamado a la sociedad civil –dice–. Porque las autoridades nos defraudan. La delincuencia atenta contra la población desarmada y resulta que la clase empresarial está implicada. Especialmente en los casos de territorio, de agua, de tenencia de la tierra, de desplazamiento y gentrificación.
Con este acto –la instalación de un antimonumento en el Zócalo capitalino, acompañados de otras familias buscadoras–, las familias de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes convocan a un Mes de Acción Global para exigir la búsqueda efectiva de los activistas, su regreso con vida, la verdad, la justicia.
Las familias no han parado. El año pasado, además de viajar por Europa para presentar el caso ante instancias internacionales, representadas por Global Rights Advocacy, la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle y el abogado Gonzalo Cartas Bonilla, propusieron el Mecanismo Independiente para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo (MIRHAR), un instrumento diseñado para superar la fragmentación burocrática del Estado mexicano, además de la falta de cooperación de la empresa cuestionada y la ausencia de estrategias efectivas de búsqueda.
El mecanismo ya ha comenzado a dar algunos resultados.
En octubre pasado, un juez de distrito autorizó al MIRHAR el acceso a la información del caso. No es poca cosa. Sobre todo si se dimensiona a los involucrados en el equipo: expertos del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad en México (ODIM), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la experta en macro-criminalidad María Eloísa Quintero, además de Omar Villarreal Salas, quien ha trabajado en la Comisión Nacional de Búsqueda analizando patrones de contexto en desapariciones forzadas.
No sólo eso. Este año, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias incluyó el caso de Ricardo Lagunes y Antonio García y señaló como un patrón global las desapariciones forzadas vinculadas al poder económico.
Este mismo jueves, un grupo de expertos de la ONU exigió al Estado mexicano respuestas inmediatas sobre el caso y destacó el hecho de que Ricardo y Antonio eran representantes de la comunidad en donde se discutían acciones colectivas por los impactos en derechos humanos derivados de las operaciones de la minera Ternium, parte del grupo Techint, con sede legal en Luxemburgo.
El caso está registrado bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Foto: Carlos Acuña
A la fecha, hay tres detenidos como presuntos responsables por la desaparición de Ricardo y Antonio. Pero ellos siguen sin aparecer y de los autores intelectuales todavía no se sabe mucho. Las familias exigen una investigación a fondo, independiente, que no tema señalar a los empresarios o políticos que están también involucrados.
Es mediodía ya en el Zócalo capitalino.
Mientras familias del colectivo Hasta Encontrarles pegan fotos de sus seres queridos en el nuevo anti-monumento, el sacerdote Arturo Carrasco recuerda a Sergio Méndez Arceo, uno de los obispos que impulsaron la Teología de la Liberación en México.
–Decía con mucha sabiduría nuestro insigne obispo rojo: “el capitalismo no es cristiano”. Tenemos que desmantelar ese sistema. Y se los digo hoy: estamos en las mejores condiciones porque tenemos un motor que es incansable. Somos como soldados derrotados de una batalla que no conoce el cansancio. ¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos! Porque el amor es político y porque perseveraremos hasta encontrarles.
Una ciudad llena de cámaras
No es la primera vez que familiares de personas desaparecidos instalan un anti-monumento en las inmediaciones de Palacio Nacional. De hecho, hay un amparo judicial presentado el año pasado contra las autoridades de la capital por retirar estos memoriales populares.
–El retiro de las fichas de búsqueda puede constituir un delito para obstruir la búsqueda, como está reconocido ya en la Ley General en la materia –explica Antonio Verástegui Escobar, quien busca a su hermano y a su sobrino desde 2009–. Están vulnerando el derecho a la libertad de expresión, a la memoria, y también están cometiendo un delito.
En marzo de 2023 que personal del gobierno de la Ciudad de México retiró cuatro estructuras similares a la que se instaló este jueves en las orilla de la Catedral Metropolitana. Para los familiares, esto va más allá de un acto de censura.
Verástegui es una de las voces del colectivo Hasta Encontrarles: uno de los varios colectivos que, en mayo de 2022, tomaron y transformaron la Glorieta de la Palma, sobre Avenida Reforma, en la Glorieta de los Desaparecidos.
–Nosotros exigimos al gobierno de la capital que dentro de la Glorieta se instale un memorial por la víctimas de desaparición forzada. Los colectivos hemos presentado ya un proyecto formal y estamos en espera de respuesta.
Colocar un antimonumento o un memorial en donde las fotos de las personas desaparecidas estén visibles no es sólo un símbolo, sino una herramienta de búsqueda en vida.
–Poner las fotos aquí es un mecanismo de búsqueda –dice Verástegui–. Pensamos en Reforma y el Zócalo, donde pasan millones de personas al año. Seguramente alguien puede reconocer a alguno de nuestros familiares.
Verástegui busca a su hermano y a su sobrino, Antonio y Antonio de Jesús Verástegui Escobar, fueron desaparecidos el 24 de enero de 2009 en Parras, Coahuila. Han pasado más de 15 años sin respuestas.
Ante la posibilidad de que el anti-monumento con las fotos de su hermano, de su hijo, de Ricardo Lagunes, de Antonio García y de otras decenas de personas desaparecidas, vuelva a ser retirado, Verástegui hace un llamado a la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
“Clara Brugada militó en movimientos de izquierda, tendría que respetar lo que seguramente en su juventud le exigía al gobierno. Debe recordar y entender que estas son las formas en las que la sociedad civil protestamos”.
Además, exige acciones concretas: impulsar la remoción del director del Servicio Médico Forense (Incifo), denunciado por mal manejo de cuerpos, y crear mecanismos reales para agilizar las investigaciones. “En una ciudad llena de cámaras y con todos los recursos, los casos no avanzan porque dentro de la institución hay algo que no permite que se avance”, concluye.
En 2025, la Ciudad de México encabezó la lista nacional de desapariciones con 2,286 casos registrados hasta diciembre, según datos oficiales.
