Inicia el juicio por el caso Samir: piden llamar a Cuauhtémoc Blanco, AMLO y Hugo Eric Flores
Los compañeros del activista Samir Flores describen el juicio contra el único detenido por el homicidio como un “montaje” teatral.
El juicio por el asesinato de Samir Flores Soberanes arrancó este lunes 16 de febrero, en el Centro de Justicia Penal Federal en Xochitepec, Morelos, reavivando el debate sobre las responsabilidades políticas del crimen del primer defensor ambiental asesinado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ocurrido hace casi siete años.
Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) procesa al único detenido por el caso, Javier Rosendo Pareja, alias “El Tamalaco”, como presunto autor material, los compañeros de lucha de Samir Flores sostienen que el juicio es una cortina de humo –un “proceso teatralizado”– para proteger a los autores intelectuales, entre los que señalan a una red de políticos locales y exfuncionarios con presuntos vínculos con el crimen organizado.
El día de ayer, en una manifestación realizada durante la primera audiencia en las afueras del Centro de Justicia de Xochitepec, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala exigieron que se cite a declarar al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al exgobernador Cuauhtémoc Blanco y a otros operadores políticos de la zona como Hugo Eric Flores, Valentín Lavín y Angelina “N”. “Es inexplicable que personas vinculadas con el grupo (criminal) de los Aparicio, no hayan sido citadas ni interrogadas”, declaró Juan Carlos Flores, abogado e integrante del Frente. “Su ausencia refuerza la sospecha de que hay un encubrimiento deliberado”.
El asesinato de Samir Flores, siete años de impunidad
La madrugada del 20 de febrero de 2019, Samir Flores, de 36 años, fue sacado de su casa en Amilcingo, un pequeño pueblo del oriente de Morelos, y ejecutado de cuatro disparos, dos de ellos en la cabeza. El activista, comunicador comunitario y fundador de la radio “Amiltzinko”, era la voz más visible de la oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), una megaobra energética que incluye dos centrales termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
Su muerte, ocurrida tres días antes de una consulta ciudadana sobre el proyecto, marcó un punto de quiebre. López Obrador había prometido durante su campaña detener la obra pero, al llegar a la presidencia en 2018, no solo la defendió sino que calificó a sus opositores de “conservadores” durante un mitin multitudinario en Morelos. La contradicción entre el discurso de campaña y la acción de gobierno dejó a Samir y a su comunidad en una posición de vulnerabilidad que, para sus allegados, resultó letal.
FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM
El juicio que comenzó el 16 de febrero en el Centro de Justicia Penal Federal de Atlacholoaya se centra en Javier Rosendo Pareja, un hombre que, según denuncias de los activistas, ya llevaba un año preso por otro delito cuando la Fiscalía de Morelos anunció su captura en septiembre de 2021, en coincidencia con la inauguración oficial de la termoeléctrica de Huexca, parte medular del PIM.
“Es un montaje”, declaró Samantha César, vecina y compañera de lucha de Samir, a las afueras del juzgado. “La cuestión no es quién disparó, sino quién le mandó matar, y esa es la pregunta que no quieren contestar”.
La Patrona, los sicarios y los testigos asesinados
Las investigaciones han dejado pistas que apuntan a una estructura de poder en la que se entrelaza el mundo criminal con el mundo político de la región. Según la carpeta de investigación de la Fiscalía de Morelos, entonces encabezada por Uriel Carmona Gándara, la orden de asesinar a Samir se habría fraguado el 14 de diciembre de 2018. Ese día, Humberto Sandoval, líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos y enemigo declarado del activista, se reunió en el municipio de Temoac con una mujer identificada como “La Patrona”, cuyo nombre real es Angelina “N”. Sandoval preguntó cuánto costaría matar a Samir Flores, debido a la “mucha protesta” que generaba por la termoeléctrica. Un informante que presenció la conversación está actualmente desaparecido.
Angelina “N”, extesorera del municipio de Temoac y familiar del presidente municipal Valentín Lavín Romero, es señalada por las autoridades como la líder del grupo criminal Los Aparicio. Detenida en noviembre de 2024 por delincuencia organizada, homicidio, secuestro y narcotráfico, su figura es clave en la trama.“La Patrona” habría contactado a Salvador Aparicio para que se encargara del trabajo.
La madrugada del asesinato, los sicarios —Azael Martínez, Salvador Aparicio y Javier Rosendo Pareja, además de un cuarto hombre conocido solo como “El Paisa”— se reunieron en una casa en obra negra en Temoac, donde consumieron drogas y cargaron sus armas antes de dirigirse a Amilcingo. “Vamos a reventar al puto de Samir”, dijo entonces Azael Martínez, según otro testigo que posteriormente fue asesinado.
FOTO: Global Energy.
El municipio de Temoac, al que pertenece Amilcingo, ha estado gobernado por Valentín Lavín Romero, primero en 2018 y nuevamente en 2024 por el Partido Verde. Un policía local que declaró en la investigación señaló que Azael Martínez, uno de los sicarios, era “un malandro que se dedica a matar y secuestrar sin que se le haga nada, supongo que porque es allegado del presidente municipal”. Ese agente murió semanas después en una persecución. Lavín, por su parte, acaba de pedir licencia al cargo tras sufrir un intento de asesinato, según informes locales.
La investigación inicial, a cargo de Uriel Carmona, ha sido duramente criticada por su deficiencia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación calificando la actuación de la Fiscalía morelense de “irregular y negligente”, por no explorar “las líneas de investigación relacionadas con el activismo y la defensa de la tierra”.
LA CNDH también señaló fallos en la cadena de custodia de pruebas, la pérdida de una cartulina dejada por los sicarios y la lentitud para solicitar imágenes de cámaras de seguridad. Uriel Carmona, quien dirigió la fiscalía entre 2018 y 2024, fue detenido en agosto de 2023 acusado de obstrucción de justicia en el caso de una mujer asesinada en Ciudad de México, aunque desde la jefatura de Gobierno se le acusó de “encubrir el feminicidio por presuntos vínculos con una de las personas implicadas”.
Los integrantes del Frente denuncian también el “reciclaje” del guion de Carmona, cuando la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajo el caso.
“Empeñada durante años en aplazar el juicio hasta que se localice a uno de los testigos que se encuentra desaparecido y que el testimonio como tal no se menciona la responsabilidad del presunto culpable”, mencionan los defensores del territorio.
Cuauhtémoc Blanco: el exgobernador y futbolista señalado
El entramado político también alcanza al exgobernador Cuauhtémoc Blanco. En septiembre de 2020, el exfutbolista declaró que Carmona sabía quién había matado a Samir Flores, pero que no lo revelaba por “miedo”. Un año después, una narcomanta apareció en la plaza central de Oaxtepec, en la que se insultaba a Blanco y se le advertía contra romper “los acuerdos”, con la amenaza de que, si lo hacía, se darían a conocer “los datos exactos de la muerte de Samir”.
La manta también enviaba saludos al político evangélico Hugo Eric Flores, entonces delegado federal en Morelos y actual diputado, quien había mantenido enfrentamientos públicos con Samir.
David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos que también acompaña a la familia, ironizó sobre la estrategia de la Fiscalía de Morelos: “Se cuidaron de tener elementos suficientes para poder avanzar en un juicio, pero que, a la vez, no permitieran subir un nivel superior al de los autores materiales”. A su juicio, el caso se mantiene en un “teatro” de impunidad. “Lo único que hizo la Fiscalía local fue reconstruir la autoría material. Se buscó el quién, el cuándo y el dónde… pero no el por qué”.
Desde el asesinato de Samir Flores, al menos 210 defensores del medio ambiente y el territorio han sido asesinados o desaparecidos en México. La mayoría de los crímenes permanecen impunes.
Liliana Velásquez, viuda de Samir, sigue viviendo en la misma casa de Amilcingo donde su esposo fue asesinado. Ahora, dice, se siente “enjaulada” entre cámaras de seguridad. Cada vez que sale a trabajar, pasa por el lugar donde vio morir al padre de sus cuatro hijos. Samantha César, su vecina, abandonó el pueblo por la inseguridad y regresó a Ciudad de México. Ambas, junto al abogado Peña, coinciden en que el juicio que comienza no resolverá sus preguntas: “¿Quién ordenó la muerte de Samir Flores?”. Siete años después, ninguna instancia oficial ha podido darles una respuesta.
