Acusan a Bukele de crímenes de lesa humanidad ante CIDH
Informe ante la CIDH acusa a Bukele de crímenes de lesa humanidad: 540 desapariciones y 403 muertes bajo el régimen de excepción.
La guerra contra las pandillas en El Salvador, que redujo los homicidios a mínimos históricos y convirtió a Nayib Bukele en uno de los presidentes más populares de Latinoamérica, enfrenta una nueva acusación internacional que pone en relieve la tensión entre la seguridad y las graves violaciones en derechos humanos.
Un grupo de juristas internacionales presentó este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante su 195° periodo de sesiones en Ciudad de Guatemala, un informe en el que sostiene que “existen bases razonables para creer” que bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 e instaurado por Bukele “se están cometiendo crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento arbitrario, tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violación sexual y persecución”.
El documento, elaborado por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), está respaldado por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Juristas.
Un crimen sistemático
De acuerdo con los datos obtenidos de informes oficiales e independientes y de testimonios de víctimas, el GIPES documentó 540 casos de desaparición forzada hasta febrero de 2025 y 403 muertes bajo custodia estatal hasta agosto de ese mismo año, incluidos cuatro niños.
“No se trata de casos aislados, sino de una política en la que se cometen crímenes a gran escala y de manera sistemática”, señaló en un comunicado José Guevara, especialista en derecho humanitario y parte del grupo que elaboró el reporte.
El informe detalla que se documentaron actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes: “golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual, desnudez forzada, violencia psicológica, falta de acceso a alimentos, agua, salud y ventilación”. Los expertos calificaron estos actos como “generalizados” y “sistemáticos”.
En la misma audiencia ante la CIDH, la vicecanciller salvadoreña, Adriana Mira, rechazó las acusaciones y afirmó que en su país “no hay desapariciones forzadas ni nada que se le asemeje”.
La oficina de prensa de Casa Presidencial, consultada por The Associated Press, indicó que no había comentarios sobre el informe. Sin embargo, el gobierno de Bukele ha negado antes y en repetidas ocasiones las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
El vicepresidente Félix Ulloa aseguró, por otra parte, que se trata de “una leyenda” que los muertos en las cárceles se deban al régimen de excepción. Ante los señalamientos, el gobierno salvadoreño se empeña en presumir el descenso histórico en los números de homicidios en la nación centroamericana, considerada hasta hace no muchos años una de las más violentas del mundo.
El régimen de excepción
El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso a fines de marzo de 2022 a solicitud de Bukele, después de que en un solo día las pandillas asesinaran a 62 personas en todo El Salvador. Según las autoridades, estos grupos criminales operaban entonces en el 90% del territorio, impartían su propia justicia, extorsionaban y asesinaban a quienes no pagaban.
La medida suspende derechos fundamentales como ser informado de los motivos de la detención o incluso tener acceso a un abogado. Esto ha generado una oleada de detenciones arbitrarias y miles de personas presos sin un juicio ni una sentencia pues la detención sin audiencia puede prolongarse de 72 horas a 15 días. A esto se suma la criminalización de la población joven a través de perfilación racial y otros criterios cuestionables.
Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial, eliminando la privacidad en las llamadas telefónicas.
Desde que entró en vigor el estado de excepción, las autoridades dicen haber capturado a 91 mil 300 personas acusadas de pertenecer a las pandillas o tener vínculos con estos grupos. Bukele ha declarado que ocho mil de los detenidos, que eran inocentes, han sido liberados.
Pero los inocentes presos no son el único problema.
Foto: Casa Presidencial, El Salvador.
El informe del GIPES también señala que el gobierno se ha concentrado en neutralizar a los actores del debate público que pueden generar un contrapeso. Periodistas y defensores de derechos humanos enfrentan cotidianamente campañas diseñadas desde las más altas autoridades que los califican como “enemigos del progreso del pueblo”, “traidores” o aliados de las pandillas.
“Se desplegaron herramientas de vigilancia física y digital y se criminalizó el escrutinio ciudadano”, agrega el documento.
Medios como El Faro o la organización salvadoreña Cristosal han tenido que desplazar sus oficinas y operaciones a Guatemala u otros países para sortear la persecución y espionaje del gobierno.
“Crímenes de lesa humanidad”
El GIPES instó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a “crear una misión internacional de determinación de hechos sobre violaciones de derechos humanos para asegurar la rendición de cuentas y justicia para las víctimas”.
También recomendó a las autoridades salvadoreñas establecer una comisión independiente de revisión de casos de personas detenidas, con apoyo internacional, a fin de atender la crisis carcelaria, poner fin al régimen de excepción y revertir las reformas penales que consideran violan el derecho internacional.
“Existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, se han cometido crímenes de lesa humanidad”, dijo Ignacio Jovtis, director para Latinoamérica de InterJust, al presentar el informe sobre la administración de Bukele.
La guerra contra las pandillas ha convertido a Bukele, un mandatario derechista, en uno de los más populares de su país y de Latinoamérica. Su estrategia ha sido ampliamente respaldada por una población que durante décadas vivió bajo el azote de la violencia criminal y que hoy se vende al mundo promocionándose a través del Centro de Confinamiento del Terrorismo: una megacárcel en donde Bukele encierra y exhibe a los presuntos pandilleros que caen en sus manos.
Esa misma estrategia es, sin embargo, la que lo coloca en la mira de la crítica internacional. No sólo por las graves violaciones a los derechos humanos que necesitó para implementarla y por las miles de personas inocentes encarceladas sin derecho a un juicio justo. También porque derivó en la concentración de todos los poderes del Estado, lo que en 2025 le permitió instaurar la reelección indefiniEl informe presentado ante la CIDH plantea un dilema de fondo para El Salvador y la comunidad internacional: ¿puede el éxito en materia de seguridad justificar violaciones a los derechos humanos? ¿Es posible combatir a las pandillas sin sacrificar las garantías fundamentales? ¿Los crímenes de lesa humanidad son el precio para garantizar la seguridad de un país o son un mero cálculo político en el álgebra del poder y la aprobación pública de Nayib Bukele y su reinado?
