Marco Antonio Suástegui: a un año de su asesinato, ni un detenido
Impunidad total por el asesinato de Marco Antonio Suástegui. Organizaciones denuncian a la Fiscalía estatal: ni un solo detenido.
A un año del asesinato de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder de la resistencia de las tierras y bienes comunales de Cacahuatepec y principal defensor del río Papagayo, en Acapulco, Guerrero, las autoridades se niegan a hacer justicia: no hay una sola persona detenida por su homicidio.
Este sábado se cumplió un año de su muerte, ocurrida tras ocho días de terapia intensiva luego de que recibiera siete disparos en la playa Icacos, en Acapulco, la tarde del 18 de abril de 2025. Antes de perder la conciencia, Marco Antonio Suástegui alcanzó a informar a su esposa el nombre del atacante: un sujeto que le había amenazado de muerte. Y aunque el atacante fue detenido meses después, se le imputó sólo el delito de narcomenudeo por lo que fue liberado a los pocos días.
Este fin de semana, organizaciones sociales y familiares de Marco Antonio denunciaron que la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) mantiene el caso en una impunidad total. Al grito de “¡Marco no murió, el Estado lo mató!”, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, activistas y comuneros marcharon el viernes de abril por las principales avenidas de Chilpancingo y parte de la Autopista del Sol. La protesta concluyó con un mitin frente a la FGE.
Un día después, el sábado 25 de abril, más de 19 comunidades se congregaron en El Fraile, junto al río Papagayo, en Acapulco. En asamblea, los comuneros reprocharon a las autoridades de justicia que, tras un año del crimen, aún no haya un sólo responsable detenido.
Marco Antonio Suástegui fue atacado un Viernes Santo: por la temporada vacacional, el puerto de Icacos estaba lleno de turistas y de agentes de la Guardia Nacional. Marco Antonio, quien brindaba servicios turísticos, había notado que gente sospechosa lo vigilaba. Decidió retirarse temprano. Fue entonces cuando le dispararon, cuando se dirigía a su camioneta. Ninguno de los más de cuatro mil elementos desplegados por el puerto acudió a auxiliarlo. Para el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los asesinos actuaron con la certeza de que ningún agente del Estado obstruiría sus planes.
El terrorismo estatal, vigente desde La Guerra Sucia
El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz García, insistió en que por el homicidio del líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) no hay ni una persona detenida.
Las organizaciones señalaron que la FGE ha ofrecido versiones contradictorias a los familiares. En un momento informó que el presunto autor material había sido detenido por otro delito y solicitó la verificación de una carpeta de investigación relacionada. La respuesta fue afirmativa, pero el detenido fue liberado. Posteriormente, la Fiscalía negó que esa detención hubiera ocurrido.
El director de Tlachinollan, el antropólogo Abel Barrera Hernández, acusó que las autoridades no han desmantelado el patrón de criminalidad en Guerrero. Afirmó que el PRI generó una estructura criminal dentro de la procuraduría de justicia, con policías violadores de derechos humanos y gatilleros de caciques. Con el PRD, prosiguió, siguieron los asesinatos de estudiantes de Ayotzinapa.
Barrera recordó que durante la Guerra Sucia hubo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con “más de 200 vuelos de la muerte en Pie de la Cuesta para tirar a luchadores sociales al mar”, sin que se haya hecho justicia.
Esa estructura de represión sigue vigente en Guerrero.
Además, en la actual administración se han cometido cinco asesinatos contra periodistas: Alfredo Cardoso Echeverría (2021); Fredid Román Román (2022); Nelson Matus Peña (2023); Ronald Paz Pedro (2025); y José Carlos González Herrera (2025). El 24 de diciembre de 2022 fue desaparecido de manera forzada el periodista Alan García Aguilar en Coyuca de Catalán.
La exigencia ante la Fiscalía
Abel Barrera exigió a la FGE cumplir con su responsabilidad y dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato de Suástegui. “Hemos venido desde la Montaña, Costa Chica y Acapulco para reclamar la falta de atención y acción para que haya justicia”, declaró en el mitin.
Imagen: CEMDA
El abogado Rogelio Téliz precisó que ya aportaron información a la Fiscalía. “Llevamos un año de impunidad y no queremos pasar otro año igual”, dijo. La demanda es que la fiscalía siga la línea de investigación como defensor de derechos humanos y no lo apunte a un tema de delincuencia común.
Tras la movilización del viernes en Chilpancingo, el fiscal estatal recibió a una comitiva de los manifestantes a las 19 horas, con quienes se comprometió a que “habrá avances en las indagatorias”, sin dar más detalles.
Una adulta mayor, integrante del CECOP, expresó durante el mitin: “No hay que tener miedo a nadie, pinches judiciales y policías mañosos. Y todos los que están en el gobierno son una mañosura”.
Las organizaciones firmantes de un comunicado conjunto –entre ellas Tlachinollan, los padres de los 43 de Ayotzinapa y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT, integrada por 88 organizaciones en 23 estados)– calificaron el manejo de la Fiscalía como una “simulación institucional”.
“El tiempo corre en sentido contrario para que los familiares sepan la verdad”, señala el texto. “Este aplazamiento queda claro que es para favorecer a los que cometieron el crimen.”
