El Estado mexicano es el principal agresor de defensores ambientales: CEMDA
199 defensores ambientales fueron asesinados en los últimos 11 años en México. Tan sólo en 2025 se registraron 135 agresiones; las autoridades participaron en 76.
El Estado mexicano es el principal perpetrador de las agresiones contra quienes protegen el medio ambiente en el país. Así lo señala el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), que documenta 135 eventos de violencia contra defensores ambientales durante 2025, de los cuales al menos 76 involucraron a autoridades federales, estatales o municipales.
Durante conferencia de prensa, Gustavo Alanís, director ejecutivo de CEMDA, fue contundente al señalar que el 56.2% del total de agresiones documentadas tuvo participación directa de diversas autoridades. En contraste, la delincuencia organizada apareció vinculada a 13 eventos, mientras que las empresas privadas estuvieron presentes en 12 casos.
Uno de los datos más alarmantes del informe es el nivel de impunidad que rodea estos crímenes. Según CEMDA, el 90% de las agresiones registradas no han sido sancionadas.
Esta cifra adquiere mayor gravedad porque México es firmante del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que obliga al Estado a investigar y castigar ataques, amenazas e intimidaciones contra personas defensoras del medio ambiente.
“Prácticamente no sucede y hay una omisión por parte del Estado mexicano”, sostuvo Alanís durante su intervención.
Imagen: CEMDA
Diez asesinatos en 2025; 199 en once años
El informe de CEMDA contabiliza al menos diez asesinatos de defensores ambientales en 2025. Aunque esta cifra es menor en comparación con años anteriores, Alanís advirtió que no implica una mejora en las condiciones de seguridad. “No ha habido un descenso sostenido en el número de agresiones”, señaló.
La organización precisó, sin embargo, que al menos en lo que se refiere a asesinatos no se registró la participación de agentes del Estado en dichos homicidios –aunque sí la omisión durante las investigaciones, lo cual se traduce en impunidad.
En términos acumulados, la situación se agrava: en los últimos once años suman 199 las personas defensoras del medio ambiente asesinadas en México en relación con su defensa de los recursos naturales y los ecosistemas.
El informe destaca los casos de Silvia Hernández, asesinada en enero de 2025, junto a otros 4 integrantes de la Planilla Morada, que contendía por la presidencia del Comisiariado de Bienes Comunales de Huitzilac, Morelos, en uno de sus muchos esfuerzos por salvar el bosque de agua. Había sido reconocida por por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) por los esfuerzos de reforestación y denuncia ante la tala ilegal que amenaza con acabar con el Parque Nacional Lagunas de Zempoala de Huitzilac, en Morelos, y de Ocuilan en el Estado de México.
Imagen: CEMDA
Otro de los defensores ambientales asesinados en 2025 y documentados por CEMDA fue el de Marco Antonio Suástegui, acosado desde hace años por autoridades y grupos criminales. Defensor del Río Papagayo y de las tierras comunales de Cacahuatepec, Guerrero, y uno de los principales opositores al proyecto de presa hidroeléctrica La Parota, Suástegui era el líder más visible del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop). Fue perseguido y encarcelado en tres ocasiones, pero declarado inocente. En 2021, su hermano y también defensor ambiental, Vicente, fue desaparecido. A Marco Antonio lo mataron hace un año, a balazos; pasó ocho días en el hospital.
También destaca el caso de Karina Ruiz Ocampo, quien defendía el derecho al agua en el municipio de El Arenal, Jalisco. Era integrante y representante legal de la asociación vecinal La Cima Nuestra Prioridad quienes desde el 2012 presentaron desabastos considerables, teniendo acceso a agua solo 30 minutos al día. Karina junto con sus vecinos denunciaron a las empresas responsables del saqueo hídrico. El 14 de abril de 2025, personas no identificadas entraron a su casa, la sacaron a la fuerza y la desaparecieron. Su cuerpo fue encontrado el 3 de mayo de 2025, a un costado de la carretera.
Estigmatización, intimidación, difamación y violencia de género
Las agresiones más frecuentes no son exclusivamente físicas. El informe documenta 135 “eventos de agresión” que incluyen desde casos de “estigmatización” y “difamación” hasta “robo” o “espionaje”.
Los tipos más recurrentes fueron la estigmatización (90 casos), la intimidación (42) y la difamación (37). En conjunto, estas tres categorías concentran el 53.8% del total de agresiones registradas.
Organizaciones civiles advierten que estas formas de violencia buscan inhibir la labor de defensa ambiental, creando un clima de hostilidad que desalienta la participación ciudadana en la protección del territorio.
El informe también destaca un incremento preocupante en las agresiones contra mujeres defensoras. Se registraron cerca de 89 eventos, lo que representa un aumento superior al 60% respecto al periodo anterior.
Las mujeres no solo enfrentan riesgos por su labor ambiental, sino también violencias específicas de género, lo que agrava su situación y limita su participación en la defensa del territorio.
CDMX, Puebla y Oaxaca concentran la violencia
Las entidades con mayor número de agresiones, de acuerdo al registro de CEMDA, durante 2025 fueron la Ciudad de México, con 39 casos; Puebla, con 20; y Oaxaca, con 17. En estas tres entidades se concentró más de la mitad de los ataques documentados.
En el caso de la capital del país, destacaron los altos niveles de estigmatización y difamación como principales formas de agresión.
Los sectores donde se registraron más agresiones fueron agua y recursos hídricos, biodiversidad, infraestructura y vías de comunicación, y energía.
En cuanto a los ámbitos de defensa, los conflictos más recurrentes estuvieron relacionados con la protección del agua, el territorio y el suelo, lo que refleja disputas por el control y uso de recursos naturales.
Erik Saracho, atacado en marzo
Durante la presentación del reporte, Erik Saracho, activista y comunicador, narró el ataque a balazos que sufrió el pasado 11 de marzo en la puerta de su casa, en el estado de Nayarit. Saracho es director de Alianza Jaguar, una asociación civil dedicada a la protección del felino en peligro de extinción.
“Le dije al agresor ‘buenos días’ (…) y en ese momento el tipo abrió fuego con una pistola”, recordó.
Saracho contó que activó el botón de pánico que el gobierno federal le había dado por amenazas que recibió antes. “‘Me estoy desangrando, estoy en mi casa, me urge una ambulancia’ (…) y no contestaba nadie”, relató. Pasaron más de 25 minutos antes de que recibiera la ayuda médica que lo salvó.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, la Profepa ha recibido 10 mil 454 denuncias por delitos ambientales. De estas, el 56% han sido resueltas, mientras que el 44% permanece en proceso de atención.
Ante este escenario, el CEMDA urgió a las autoridades a combatir la impunidad, erradicar la estigmatización contra defensores ambientales y activistas y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Entre las principales recomendaciones del organismo destacan: garantizar investigaciones efectivas en casos de agresión, incrementar recursos para mecanismos de protección, cumplir con el Acuerdo de Escazú, reconocer públicamente la labor de las personas defensoras y prevenir discursos que criminalicen la defensa ambiental.
