La nueva Ley de Cuidados en CDMX falla frente a la cárcel
"El encarcelamiento no elimina las necesidades de cuidado: las desplaza y las profundiza”, señalan las organizaciones.
Desde hace al menos una década, colectivos feministas exigían una Ley del Sistema de Cuidados. En un hito histórico, esta semana el Congreso de la Ciudad de México al fin aprobó la ley con 64 votos a favor. Sin embargo, más de 40 organizaciones y colectivos nacionales e internacionales, advierten que esta Ley de Cuidados dejó fuera a las personas que cuidan a un familiar en la cárcel.
“Sin las familias de personas privadas de la libertad no habrá un Sistema de Cuidados verdaderamente universal, justo e interseccional”, señalan las organizaciones, y hacen un llamado a la jefa de gobierno Clara Brugada y al Congreso local para corregir esta omisión.
De acuerdo con la Resolución 2/25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la privación de la libertad genera repercusiones directas en el entorno familiar y en la salud integral de las personas cuidadoras. Bajo esta premisa, el derecho a cuidar, recibir cuidados y ejercer el autocuidado debe ser garantizado por el Estado a las familias de las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, ninguna política institucional debe validarse si su viabilidad depende del desgaste físico, financiero o emocional de las personas.
“Es fundamental reconocer que el encarcelamiento no elimina las necesidades de cuidado: las desplaza y las profundiza”, enfatizan las organizaciones. La nueva Ley de Cuidados no contempla que una persona ingresa a la cárcel, alguien en el exterior tiene que poner en pausa su propia vida para sostener la del otro: preparar la comida de las visitas, conseguir medicinas, gastar en transportes y cuidar a las niñas y niños de los hijos que se quedaron sin sus principales cuidadores.
A eso se suma un extenuante camino burocrático en el que revisan expedientes, exigen atención médica y, en medio del desgaste, sostienen la vida familiar. “Ese alguien, en la mayoría de los casos, es una mujer que ve su carga de trabajo, en muchos casos, triplicada”, puntualizan las organizaciones.
Medidas concretas para reconocer a las personas cuidadoras de población privada de la libertad
En México el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados reportó un monto de 8.4 billones de pesos, lo que equivale a 26.3 % del PIB del total de la economía, de acuerdo con datos del INEGI.
Los datos revelan que, en promedio, las mujeres aportan a su hogar el equivalente a 86 mil 971 pesos anuales por el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados que realizan. Y muchas de ellas, cuidan frente a la cárcel.
Por ello, los colectivos y organizaciones exigen que se reconozca dentro de la ley la categoría de personas cuidadoras de población privada de libertad. Proponen también medidas concretas como apoyos económicos y de movilidad para quienes realizan traslados frecuentes y costosos, así como la instalación de módulos de información jurídica y administrativa accesibles.
También instan a implementar mecanismos seguros y eficaces de queja frente a malos tratos, extorsión o revisiones humillantes; condiciones dignas de ingreso, espera y permanencia en los centros penitenciarios, pues “ninguna medida de seguridad puede justificar tratos crueles, inhumanos, degradantes o discriminatorios”; y por último, indicadores públicos sobre las cargas de cuidado y violencia institucional.
