Niñas y niños indígenas de Tlapa siguen sin escuela pese a fallo judicial
Una pared en pie. Eso queda de la secundaria técnica 229 en San Pedro Petlacala. La sentencia judicial que ordenó una escuela nueva lleva un año pero las autoridades no han cumplido.
Aulas derruidas y bajo un techo improvisado con láminas galvanizadas. En Tlapa, Guerrero, en la comunidad nahua de San Pedro Petlacala, 51 estudiantes de la secundaria técnica 229 “Roberto Mejía Guzmán” terminaron el ciclo escolar sin conocer una escuela en condiciones dignas. Esto a pesar de la sentencia judicial que, en agosto de 2025, ordenó construirles un nuevo plantel.
Las autoridades educativas incumplieron la sentencia de un juzgado federal. La demolición de la vieja y derruida escuela en Tlapa comenzó el 18 de junio, pero los trabajos quedaron suspendidos cinco días después, el 23 de junio, y no se han reanudado.
Padres de familia han advertido que otorgarán un plazo de 15 días para que el gobierno reactive la obra. De no ser así, aseguran, tomarán las calles.
Clases entre goteras y escombros
Durante las últimas semanas del curso, de acuerdo con información de El Sur de Guerrero y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los docentes colocaron un techo improvisado de lámina galvanizada de cuatro metros, sostenido por horcones de encino amarillo, para que los alumnos pudieran recibir sus clases. Dos grupos completos fueron hacinados: uno en el salón que funciona como dirección y otro en una bodega.
La estructura de la única escuela de esta comunidad en Tlapa presenta goteras, grietas y hundimientos. Solo una pared permanece en pie. Los estudiantes habían confiado en que antes de las vacaciones de verano contarían con nuevas instalaciones.
La jueza Alba Yaneli Bello Martínez dictó el fallo el 28 de agosto de 2025, en el que ordenó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, a la Secretaría de Educación Guerrero y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) garantizar condiciones básicas para el aprendizaje. La resolución exigía la instalación de sanitarios, mobiliario, un centro de cómputo con internet, un plan de mantenimiento y la asignación inmediata de maestros para las asignaturas de historia, geografía, formación cívica y ética, y educación física.
Cuatro de los docentes que hacían falta llegaron en noviembre, cuatro meses después de lo ordenado. La construcción de las aulas, sin embargo, no ha avanzado de manera sustancial.
Una historia de lucha y organización
El 18 de junio, el IGIFE envió maquinaria pesada a Tlapa para derribar la antigua escuela, levantada con cooperaciones de los padres de familia. Los estudiantes fueron reubicados en la comisaría municipal, las oficinas del comisariado de bienes comunales y el local donde antes funcionaba una tienda Conasupo.
El 23 de junio, el operador de la máquina detuvo las labores y quedó a la espera de instrucciones. Hasta el 7 de julio, los trabajos seguían paralizados.
Jorge Reyes Tomás, integrante del comité de padres, expresó su preocupación por la falta de avances. “Ya es suficiente que nos discriminen por ser indígenas”, declaró. Añadió que la comunidad acudió hace unas semanas al Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, donde el antropólogo Abel Barrera contactó al secretario de gobierno de Evelyn Salgado. Las autoridades les informaron que falta la liberación de los recursos.
La secundaria técnica 229 fue fundada en 1996, aunque comenzó como telesecundaria. Comenzaron con sillas eran de madera y palma, en un edificio de carrizo y zacate que no resistió los primeros vientos.
Durante años, las clases se impartieron en la comisaría, en las oficinas de bienes comunales y en la tienda Conasupo. Durante años, los habitantes solicitaron un terreno a las autoridades sin obtener respuesta. En el año 2000, en asamblea, decidieron cooperar con 500 pesos por persona. Aureliano Ezequiel González, del comité de padres, señaló a El Sur que “era mucho dinero, pero necesitábamos las aulas para seguridad de los niños y niñas”. En 2001 construyeron dos aulas rústicas.
En 2013, gestionaron con el presidente municipal de Tlapa la construcción de dos aulas más en la escuela. El funcionario respondió que no era su responsabilidad y ofreció una ayuda menor. La comunidad volvió a cooperar.
En 2022, retomaron las gestiones con la gobernadora, la SEG y el IGIFE. No obtuvieron respuesta. Al año siguiente, plantearon acudir a Chilpancingo, porque el edificio presentaba cuarteaduras. Tampoco fueron atendidos.
El amparo y la espera
El 14 de febrero de 2024, los padres promovieron un amparo para exigir la construcción de una nueva escuela y la designación de docentes. El Juez de Distrito en Chilpancingo admitió la demanda el 16 de febrero, bajo el expediente 236/2024.
El 22 de febrero, un juez negó la medida cautelar para contratar maestros con urgencia y realizar estudios técnicos. Cinco días después, el 27 de febrero, otro juez concedió la medida al considerar que su negativa afectaba el derecho a la educación de niños y niñas indígenas. A pesar de ello, las autoridades educativas no cumplieron.
Elisa Vergara Santos, directora de la secundaria, relató que en septiembre de 2025 funcionarios de la Secretaría de Educación intentaron negociar una rehabilitación del plantel, pero padres y directivos se negaron. “La sentencia decía que todo se debe demoler, lo único servible de la escuela es la pequeña plaza cívica”, afirmó.
En noviembre de 2025, las autoridades presentaron una propuesta que no incluía las necesidades básicas; ocho días después entregaron los planos. En diciembre mostraron un cronograma que prometía iniciar la gestión en enero de 2026, con demolición y construcción posteriores. Los padres esperaban que para febrero las aulas estuvieran listas. No ocurrió.
El 12 de junio de 2026, personal del IGIFE se reunió con la comunidad y planteó dos opciones: esperar al 10 de julio para iniciar la demolición, o desalojar las aulas y empezar el 17 de junio. Se optó por lo segundo, pero los trabajos arrancaron un día después, el 18 de junio, y apenas duraron unos días.
Entre la precariedad y la movilización
Los alumnos vivieron el ciclo escolar en condiciones riesgosas. Durante las lluvias, el agua caía sobre sus libretas y las cubetas se multiplicaban para evitar encharcamientos. Del techo se desprendía polvo blanco y varios niños enfermaron.
Iker Fabián, estudiante de la escuela, denunció que la Secretaría de Educación responde “a cuentagotas”. Recordó que en algún momento recibieron clases bajo un árbol, con el miedo constante de que la estructura se derrumbara. También señaló a la presidenta Claudia Sheinbaum: “No le importan los pequeños pueblos, sino lo que quiere que veamos del mundo”, dijo.
Además, desde el 1 de enero no tienen maestro de inglés —por una jubilación no cubierta—, y tampoco hay docentes de biología, química, física y tecnología.
Madres y padres de familia han solicitado a la SEG y a la gobernadora que presionen al IGIFE para acelerar los trabajos. Aseguran que los recursos existen.
“No nos vamos a quedar callados porque durante 30 años se nos ha relegado como personas de segunda”, afirmó Samuel, otro padre de familia. “Vamos a alzar la voz, vamos a salir a las calles y bloquear”.
Han dado un plazo de 15 días. Si las obras no avanzan, la comunidad nahua de San Pedro Petlacala, que ha esperado tres décadas, saldrá a exigir que el Estado cumpla la sentencia y les entregue una escuela digna.
