Fideicomisos y empresas militares: el poder económico del Ejército
El Ejército mexicano administra 25 empresas y fideicomisos por 87 mil706 millones de pesos: aeropuertos, tren, hoteles y aviación.
Ocurrió a finales de 2025: el Ayuntamiento de Campeche clausuró el Hotel Mundo Maya Edzná por falta de permisos básicos: no tenía permiso de uso de suelo, ni. licencia de construcción, ni de funcionamiento. Ni siquiera pagaba servicios municipales como la recolección de basura.
El hotel era propiedad de Grupo Mundo Maya, una de las empresas paraestatales y fideicomisos por medio de la cual el Ejército controla y lucra con aeropuertos, hoteles, parques, museos, estaciones de servicio y hasta gasolineras en 12 estados del país.
Este es sólo uno de los ejemplos citados por el informe “El negocio de la militarización: Opacidad, poder y dinero”, presentado ayer, 4 de junio, por la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
En total, el Ejército Mexicano controla actualmente 25 empresas de participación estatal, administra fideicomisos por 87 mil 706 millones de pesos y operan infraestructura civil que va desde aeropuertos hasta hoteles y parques turísticos. Todo ello, pese a los recortes presupuestales de 2025 y 2026, con una base de gasto militar que sigue siendo históricamente alta.
El informe de MUCD documenta que la expansión económica castrense no es coyuntural sino estructural. La tercera edición del estudio confirma que el empoderamiento militar es “una lógica deliberada de acumulación y permanencia”, según los autores Gerardo Álvarez y Mónica Daniela Osorio.
Fideicomisos: el corazón financiero del Ejército
Al cierre de 2025, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) administraba cinco fideicomisos públicos sin estructura orgánica con un saldo de 68 mil 155 millones de pesos. La Secretaría de Marina (SEMAR) mantenía cuatro fideicomisos por 19 mil 551 millones de pesos. En conjunto, las Fuerzas Armadas controlaban 87 mil 706 millones de pesos, equivalentes al 15.8% del total de recursos bajo esa figura en toda la Administración Pública Federal.
El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar (FPAPEM) de SEDENA es el principal, con 52 mil 330 millones de pesos en 2025, ubicándose como el tercer fideicomiso de mayor monto de la APF. Su crecimiento fue exponencial: entre 2013 y 2021 aumentó más de 8,500% (ocho mil quinientos por ciento, sí). En junio de 2024 se creó el Fideicomiso de Administración y Pago 108697, que en menos de dos años alcanzó 14 mil 697 millones de pesos, el lugar 13 a nivel nacional. En la SEMAR, el Fideicomiso para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec concentra el 86.1% de los recursos fiduciarios de la dependencia, con 16 mil 832 millones de pesos.
El imperio empresarial de SEDENA: aeropuertos, tren y avión
A su vez, la SEDENA coordina cuatro empresas de participación estatal mayoritaria: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Grupo Mundo Maya (GAFSACOMM), el Tren Maya y Mexicana de Aviación. Todas exhiben una fuerte dependencia de transferencias públicas.
El AIFA, constituido en diciembre de 2020, ha logrado aumentar sus ingresos propios de cero en 2021 a 3 mil 90 millones de pesos en 2025, aunque aún recibe recursos federales. Grupo Mundo Maya opera 12 aeropuertos –el 15% de la infraestructura aeroportuaria nacional–, siete hoteles, cuatro parques, dos museos, cinco estaciones de servicio y 13 de combustible en 12 estados. En 2025 tuvo un presupuesto modificado de 7 mil 62 millones de pesos, pero enfrentó una brecha de 2 mil 84.9 millones entre su gasto ejercido y sus ingresos recaudados.
El Tren Maya, constituido en abril de 2022, depende casi exclusivamente del erario: en 2025 sus ingresos propios fueron de apenas 557.8 millones de pesos (2% del total), mientras que las transferencias gubernamentales alcanzaron 27 mil 666 millones de pesos (98%). La empresa ha acumulado tierras mediante más de 300 decretos de expropiación.
La situación más frágil es la de Mexicana de Aviación. En 2024 registró un subejercicio del 98.6%: de su presupuesto modificado, 8 mil 648 millones de pesos no se ejercieron. Sus ingresos totales cayeron de 972.4 millones de pesos en 2023 a 392.8 millones en 2025.
La flota empresarial de SEMAR: puertos, ferrocarril y el AICM
La SEMAR coordina 21 empresas: 18 administraciones portuarias (ASIPONA), el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, TURIIMAR y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Todas muestran contracción o dependencia crítica.
El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, o Tren Interoceánico, redujo su gasto devengado de 32 mil 590 millones de pesos en 2024 a 3 mil 946 millones en 2025. Depende en un 91.1% de transferencias federales. El 28 de diciembre de 2025, un descarrilamiento dejó 14 fallecidos, evidenciando deficiencias en infraestructura y operación. Las 18 administraciones portuarios registraron en 2025 ingresos totales por 18 mil 360 millones de pesos y un gasto pagado de 13 mil 847 millones, con contracciones del 12.5% y 23.6% respectivamente respecto de 2024. Puertos como Salina Cruz y Dos Bocas muestran alta dependencia de transferencias.
El AICM fue sectorizado a SEMAR en agosto de 2023. En 2025 presentó un subejercicio de 7 mil 481 millones de pesos (51.3% de su presupuesto modificado) y sus ingresos colapsaron: de un promedio de 7 mil 802 millones de pesos entre 2020 y 2023 a apenas 381.9 millones en 2025.
TURIIMAR, constituida en septiembre de 2022 para operar servicios turísticos en Islas Marías, mostró un subejercicio superior al 95% de su presupuesto en 2024.
Opacidad y nueva base presupuestal
Que el Ejército controle fideicomisos de cientos de millones de pesos y empresas repartidas por todo el país no es casual. El informe señala que la desaparición del INAI en marzo de 2025 coincidió con un aumento en el uso de estos fideicomisos y gastos extrapresupuestarios, volviendo el gasto militar “prácticamente irrastreable”. Pese a los ajustes a la baja de 2025 y 2026 –la SEDENA pasó de 286 mil 308 millones de pesos en 2024 a 170 mil 753 millones en 2026, y la SEMAR de 79 mil 335 a 65 mil 926 millones–, ambas cifras siguen siendo superiores a cualquier nivel registrado antes de 2024. Para Mexicanos Unidos contra la Delincuencia revertir esta lógica exige “restablecer los controles democráticos sobre el presupuesto público, con independencia de quién lo administre”.
