Gobierno de CDMX inicia expropiación de Cuba 11, tras más de 10 meses de campamento
La CDMX publica la declaratoria de utilidad pública para la expropiación de Cuba 11, tras 11 meses de campamento de 70 vecinos desalojados.
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México publicó este viernes, en la edición BIS de la Gaceta Oficial, la declaratoria de utilidad pública del inmueble ubicado en la calle República de Cuba número 11, en el Centro Histórico: este es el primer paso formal para iniciar un proceso de expropiación que, según el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, busca frenar la gentrificación y las prácticas ilegales en torno al uso de suelo, y llega a casi un año del desalojo de las más de 70 personas, la mayoría de la tercera edad, que habitaron por décadas y por varias generaciones el inmueble.
–Hasta no volver no creer –dicen los vecinos que han aprendido a desconfiar.
Enormes carpas a pie de banqueta protegen sillones, mesas y cocinetas. El campamento se ha atrincherado detrás de pallets y roperos ya rotos que protegen a lso desalojados de posibles hurtos o ataques. Sólo así han logrado resistir durante ya casi 11 meses la intemperie, los aguaceros, el frío, los conciertos masivos, los festejos del Mundial y las fiestas de la calle República de Cuba que se extienden hasta la madrugada.
Los desalojados también reciben un apoyo económico por parte del gobierno de la Cdmx: un cuarto de hotel por familia en un hotel en la colonia Guerrero y un apoyo económico de 4 mil pesos que, en su mayoría, se destina en la renta de bodegas para resguardar las pertenencias que lograron rescatar del desalojo masivo que sufrieron el 27 de agosto de 2025.
–La declaratoria de utilidad pública es, por supuesto, una buena noticia –dice Angélica Gómez, una de las desalojadas–. Pero también pensamos que nos coloca en una situación de riesgo: es ahora que, quienes se querían adueñar del edificio, pueden intentar algo desesperado.
Apenas el 18 de junio pasado, aprovechando que el partido México-Corea atraía multitudes al Fan Fest al Zócalo capitalino y que las fuerzas policiacas estaban distraídas vigilando la fiesta y las manifestaciones, un grupo de 50 sujetos armados con palos intentó ingresar al inmmueble por la fuerza. Al ser atajados por los vecinos y por integrantes del Frente de la Vivienda Joven –que ayuda a los vecinos a vigilar el espacio–, respondieron que habían recibido un pago para entrar al inmueble.
Ahora, con la declaratoria de utilidad pública, emitida por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, la expropiación de Cuba 11 parecería una realidad a punto de concretarse. El proceso continuará con la notificación a los afectados y la emisión del decreto expropiatorio, el avalúo del inmueble y el pago de una indemnización al titular del inmueble.
De lograrse, el caso de República de Cuba 11 sería la primera expropiación de un inmueble de vivienda realizada por razones distintas al alto riesgo y que, en su justificación, invoca abiertamente el derecho a una vivienda digna y adecuada y la regulación del mercado inmobiliario.
La guerra legal por un inmueble
No ha sido un camino fácil. El desalojo de Cuba 11 cobró la vida ya de dos personas: Adrián Montoya, un locatario dedicado a arreglar máquinas de escribir y máquinas fotocopiadoras a quien le destruyeron todo su lugar de trabajo; murió de un paro cardiaco esa misma noche.
Tres meses después murió José Salvador Crecencio Esquivel, un vecino de más de 70 años que padecía cáncer. Durante varios días permaneció en calidad de desaparecido pues al parecer se desvaneció en la calle y terminó hospitalizado hasta que los vecinos lograron localizarlo. Murió a los pocos días: la intemperie degradó su salud rapidamente.
No son los únicos vecinos que tenían padecimientos médicos: dos terceras partes de los vecinos de Cuba 11 son personas de la tercera edad a quienes no tener un hogar les afecta directamente en el ánimo y en la salud física y mental.
La declaratoria de utilidad pública, si bien es una buena noticia, no es el final de la lucha. El edificio de Cuba 11 está catalogado como patrimonio artístico y cultural por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por lo que una vez expropiado será sometido a un proceso de rehablitación a través de un programa de vivienda en conjunto y entregado en propiedad a los 19 inquilinos actuales, a través de un esquema de crédito social.
Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro
El secretario de vivienda subrayó que el objetivo es que regresen a ocupar los departamentos quienes fueron desalojados de manera ilegal en agosto del año pasado..
“Algo muy importante, no hay persona que haya acreditado la propiedad en términos jurídicos y legales firmes”, afirmó Muñoz Santini en entrevista con La Jornada, al justificar que la expropiación de Cuba 11 dotará de certidumbre jurídica a la propiedad y contribuirá al mejoramiento urbano de la zona.
El secretario precisó que los beneficiarios serán exclusivamente los inquilinos que han habitado el predio toda su vida, y está documentado que la persona propietaria original, a quien pagaban la renta hace décadas, falleció hace muchos años sin que nadie haya acreditado desde entonces la titularidad del inmueble. Los residentes, añadió, han depositado las rentas en un fondo común y han mantenido el edificio, lo que calificó como un “trabajo ejemplar de solidaridad comunitaria”.
Sin embargo, la contraparte, una mujer de nombre Virginia Domínguez Chalqueño, se ha ostentado como la propietria legal del inmueble y argumenta que, en febrero de 2025, obtuvo una sentencia definitiva del Juzgado 54 de lo Civil de Proceso Escrito del Poder Judicial de la CDMX, dentro del expediente 2059/2024. El fallo condenó a la parte demandada a otorgar la escritura pública y entregar la posesión física del edificio en un plazo de cinco días. La diligencia de lanzamiento se ejecutó el 27 de agosto de 2025. Ese día cientos de policías capitalinos resguardaron un desalojo masivo y violento, que se ejecutó sin aviso previo a los afectados y violando garantías procesales.
En junio pasado, Domínguez Chalqueño interpuso una denuncia penal contra los vecinos por el delito de despojo ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Los vecinos promovieron un juicio de amparo directo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil, pero el 22 de octubre de 2025 se les negó la suspensión definitiva, al no acreditar ninguna titularidad ni derecho legal sobre el predio.
Sin embargo, la adquisición del inmueble por parte de Domínguez Chalqueño ha sido denunciada por irregularidades notariales y posibles fraudes procesales. Arturo Aparicio, el abogado de los vecinos, ha señalado la participación en la compraventa del inmueble de dos notarios del estado de Hidalgo: Octavio Eduardo Soto Hernández –detenido en julio de este año por simular un acto jurídico–, y Edén Khadaffy Cornejo Gómez, notario 16 e hijo del delegado de Gobernación, Luciano Cornejo Barrera, quien autorizó la compraventa del inmueble el 10 de septiembre. Los vecinos accedieron al expediente completo del juicio 2059/2024 y detectaron que el contrato de compraventa carece de firmas de testigos y ratificación notarial, y que la notificación judicial fue recibida por María Esther P.E., esposa del vecino Manuel Gómez, quien falleció el 9 de marzo de 2020.
Los vecinos temen que, ante la declaratoria de utilidad pública, los ataques legales o físicos contra ellos arrecien durante los siguientes meses. El secretario Muñoz Santini insistió que, a la fecha, nadie ha logrado demostrar debidamente que posee la titularidad del predio pero, en caso de que apareciera un propietario que lograra demostrar su potestad sobre el inmueble, el gobierno estaría abierto a pagar el precio de la indemnización convenida.
