Aumentan ingresos de personas a centros penitenciarios en 2025; 42.2 % no tiene sentencia
En 2025, el ingreso de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios creció un 19.2% respecto a 2024.
Los centros penitenciarios del país registraron un incremento en el ingreso de personas privadas de la libertad en 2025. Los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) 2026, reportan que lo largo de ese año, 157 mil 457 personas fueron recluidas tanto en centros penitenciarios para adultos como en centros especializados para adolescentes: la inmensa mayoría ingresó a centros de carácter estatal, los cuales recibieron a 154 mil 764 personas, frente a las 2 mil 693 que ingresaron a centros federales.
Estos datos marcan un repunte en el sistema penitenciario, ya que al compararlos con las 138 mil personas registradas el 2024 —sin incluir los datos de adultos de la Ciudad de México—, el número de ingresos en las prisiones del país creció un 19.2% en 2025.
Las cárceles en México están habitadas, principalmente, por rostros de jóvenes de entre 30 y 34 años. Al cierre del 2025, el perfil sociodemográfico de las personas privadas de la libertad revela que el grueso de la población coincide con una constante histórica en el sistema penitenciario: la falta de oportunidades educativas, económicas y laborales. La mayoría de las personas internadas —tres de cada cuatro hombres y dos de cada tres mujeres— apenas alcanzaron la educación básica o carecen por completo de estudios.
Las encuestas también muestran que los sectores más vulnerados enfrentan el encierro en condiciones de doble o triple desventaja: por ejemplo, 15 mil 923 personas internadas viven con alguna discapacidad, mientras que 8 mil 076 pertenecen a algún pueblo indígena.
Las entidades federativas con más ingresos fueron Baja California y el Estado de México. Del total de personas ingresadas, 9.2 % corresponde a mujeres y 90.8 % a hombres.
Las mayores proporciones de mujeres se registraron en los centros del Estado de México e Hidalgo, con 11.9 y 11.8 %, respectivamente. En tanto que los mayores porcentajes de hombres se reportaron en los centros penitenciarios federales (98.6) y en Coahuila (94.2), todo esto en 2025.
Sin sentencia casi la mitad de la población privada de la libertad
Al cierre de 2025, el 42.2% de las personas privadas de la libertad se encontraba sin sentencia. Esta condición es más común en la población de mujeres (52.6%), y se da principalmente en los centros penitenciarios estatales.
De acuerdo con el informe La condena sin sentencia, publicado en 2021 por la organización Intersecta y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el aparato de justicia mexicano ha optado por endurecer el encarcelamiento de personas sin un juicio desde la emergencia sanitaria por covid-19. Esta política, según el informe, provocó un quiebre histórico en 2020 al registrar el aumento anual más alto en la tasa de encarcelamiento desde 2005.
La investigación demuestra que este repunte es consecuencia del uso de la prisión preventiva, la cual incrementó un 8.5% en términos generales entre 2019 y 2020.
El colapso derivado de este hacinamiento forzado coincidió con una severa crisis de mortalidad dentro de las celdas en 2020, donde tres de cada diez personas que perdieron la vida en el sistema penitenciario murieron en el limbo jurídico, es decir, fallecieron bajo custodia del Estado siendo legalmente inocentes.
