Las disputas criminales por el territorio y los recursos desplazan a más de 4 mil personas en la Sierra Tarahumara
La MCO realizada en Chihuahua documenta la presencia economías criminales y explotación de recursos como causas principales del desplazamiento forzado de poblaciones indígenas.
La Misión Civil de Observación (MCO) realizada por organizaciones defensoras de derechos humanos en tres municipios de Chihuahua documentó el desplazamiento de 4 mil 492 personas en la Sierra Tarahumara, a causa de las disputas por el control territorial y los recursos naturales por parte de organizaciones delictivas.
El desplazamiento forzado de las poblaciones (principalmente indígenas rarámuris) se ha triplicado en los últimos cinco años, advierten las organizaciones.
El informe de la MCO fue presentado esta semana y recopiló las experiencias de los defensores de derechos humanos que visitaron Chihuahua en el mes de mayo.
Según los testimonios recabados, las principales causas del fenómeno obedecen al contexto histórico del territorio: el Triángulo Dorado, una región comprende zonas de los estados de Durango y Sinaloa. Zona clave para el trasiego de drogas y la explotación de los recursos naturales.
Los grupos delictivos reclutan y desplazan forzadamente
Entre sus hallazgos, la MCO tuvo conocimiento de un patrón sistémico de reclutamiento forzado para tareas de cultivo, trasiego, vigilancia y sicariato. Este patrón se encuentra relacionado directamente con casos de desapariciones forzadas y trabajo esclavo.
En mayo, una investigación de Quinto Elemento Lab reconstruyó de forma exhaustiva una red de trata de personas y esclavitud de personas en la Sierra Tarahumara, obligándolas a participar en actividades delictivas en condiciones infrahumanas.
FOTO: Quinto Elemento Lab.
El caso más reciente registrado por la MCO ocurrió en la comunidad de Atascaderos, Chihuahua, tras el asesinato de dos menores de edad y una amenaza de leva criminal. En ese contexto, el titular de Seguridad Pública, Gilberto Loya, negó que existiera el problema y aseguró que los jóvenes que ingresan al crimen organizado lo hacen por voluntad propia, contribuyendo a su criminalización e ignorando el carácter forzado de la leva.
“Este fenómeno tiene además una implicación directa sobre el registro del desplazamiento: parte de las personas que podrían figurar como desaparecidas se encuentran en realidad sometidas a reclutamiento o trabajo forzado, lo que dificulta tanto el dimensionamiento real del fenómeno como la identificación de personas desplazadas”, agrega el informe.
Los cacicazgos y transnacionales detrás del desplazamiento
Como otra de las causas que generan el desplazamiento forzado, los defensores identificaron la presencia de proyectos de explotación de recursos naturales, como concesiones mineras activas o proyectos próximos a iniciar operaciones.
No sólo eso, como parte de la economía criminal de la región, los grupos delincuenciales tienen participación en la tala ilegal, el cobro de piso en las comunidades forestales, control de la venta de alcohol y el desvío de agua para sostener sus cultivos de narcóticos.
Para muestra, la MCO enlistó tres casos con presencia de proyectos de explotación:
- Monterde, municipio de Guazapares: comunidad desplazada hace aproximadamente diez años; al momento de la MCO estaba por iniciarse exploración minera en la zona.
- Los Trigos, municipio de Guachochi: territorio donde opera o está por iniciar un proyecto minero a cargo de la empresa canadiense First Majestic Silver Corp.
- San Julián, municipio de Guadalupe y Calvo: proyecto minero ya en marcha al momento de la visita.
Los investigadores escucharon en la sierra testimonios de presuntos vínculos de las economías ilegales con la inversión formal de transnacionales. Además, la Misión coloca indicios de una presunta relación del crimen organizado con las mineras de la región, actuando como facilitador violento para su ingreso a la región, mediante amenazas, desplazamiento y asesinatos selectivos.
