En cinco años el desplazamiento forzado se triplicó en la Sierra Tarahumara
Pese a denuncias formales y amparos, los gobiernos de los tres niveles no han atendido las causas del desplazamiento forzado en la Sierra Tarahumara, Chihuahua.
Ante la agudización del desplazamiento forzado interno (DFI) en el país, más de diez organizaciones locales, nacionales e internacionales realizaron una Misión de Observación Civil (MOC) en los municipios chihuahuenses de Hidalgo Parral, Delicias y Chihuahua, el 27 y 28 de mayo. De acuerdo con sus registros –no hay un censo oficial–, en los últimos cinco años el DFI se triplicó en la región: en 2021 hubo 500 personas desplazadas, mientras que en 2025 se estima que fueron más de mil 500 personas obligadas a salir de sus comunidades.
La MOC advierte que este año la cantidad de población desplazada va en aumento, principalmente la del municipio Guadalupe y Calvo, uno de los más violentados –ubicado en el llamado Triángulo Dorado (zona serrana entre Chihuahua, Durango y Sinaloa)– que vive una fuerte disputa territorial entre grupos criminales. Ante falta de estrategias claras por parte de las instituciones, la población se encuentra en completa desprotección.
Los integrantes de la Misión advierten que si bien los desplazamientos comenzaron desde el 2008, en los últimos dos años comenzaron a ser masivos. Tal es el caso de la comunidad de Atascaderos (seccional de Guadalupe y Calvo), en donde el 24 y 25 de febrero, más de 200 familias salieron por los enfrentamientos armados. Eran principalmente mujeres, niñas y niños que a lo largo de 24 horas ya habían huido.
En los últimos días, la Misión reporta el desplazamiento de familias provenientes del municipio de Tamazula, Durango. A estos desplazamientos las organizaciones les han llamado ‘un éxodo silencioso’.
“Los pueblos y comunidades de la Sierra Tarahumara históricamente han sido invisibilizadas y vulneradas frente a actores que acechan sus territorios por la riqueza natural que reservan. Ante el abandono institucional y la violencia, muchas personas han sido reclutadas de manera forzada, e incluso esclavizadas, como recientes investigaciones periodísticas lo documentan, en cultivos ilícitos y otras actividades relacionadas con los grupos criminales”, denuncia la MCO en un comunicado.
Las organizaciones acusan que las víctimas de DFI son criminalizadas por el gobierno y el sistema judicial, ya que las instituciones no toman en cuenta los distintos contextos, culturas y lenguas. Destacan, además, que aparte de la guerra armada, también afecta el quiebre político entre los gobiernos estatal y federal. “El Estado Mexicano en todos sus niveles ha negado mediáticamente la existencia del DFI en Chihuahua”, consigna la Misión.
No hay instrumentos de atención a largo plazo
La Misión señala que los instrumentos de atención enfocados en el DFI son emergentes e insuficientes, y no atienden causas estructurales del desplazamiento ni han resuelto las problemáticas que las familias enfrentan, incluidas las que ya cuentan con sentencias a su favor.
“A las organizaciones civiles de la MCO nos preocupa la falta de una atención con un enfoque diferenciado, de derechos e interseccional, además del nivel de discriminación, condicionamiento y criminalización que las instituciones han desplegado a partir de estos mecanismos e instrumentos de atención a las familias víctimas de DFI”.
La MCO enfatiza que el desplazamiento forzado despoja a las familias no solo de sus bienes materiales, sino de su tranquilidad, identidad cultural, autonomía y la profunda conexión con sus tierras y tradiciones comunitarias. Este impacto es especialmente devastador para las niñas y niños, a quienes se les arrebata la educación, la salud y la posibilidad de desarrollarse sin miedos en su propio territorio.
Por ello, la Misión Civil de Observación propone que la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del Gobierno de Chihuahua integre a las organizaciones locales de derechos humanos para garantizar una atención integral. Asimismo, solicita la instalación de una Mesa Interinstitucional en la que participen los tres niveles de gobierno junto a las familias afectadas y la sociedad civil organizada, con el objetivo de implementar programas y acciones de prevención enfocados en soluciones duraderas y con un enfoque diferenciado.
Hacen un llamado al gobierno federal para que reconozca formalmente los eventos de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en la región y atienda sus causas estructurales, lo cual debe materializarse mediante la aprobación de una Ley específica para abordar de manera integral esta situación.
