Ayotzinapa, “un gran trauma político para el país y un invierno de 12 años para las familias”

Llegar al doceavo aniversario de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa sin claridad definitiva sobre su paradero, no ha hecho más que prolongar la incertidumbre y el sufrimiento de quienes les buscan, deplora Carlos Martín Beristain, médico, psicólogo y exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). “Afirmo con mucha fuerza que la verdad que piden padres y madres no debe ser una narrativa escrita al dictado, sino una que hable sola con las evidencias y que se diga mirándolos a los ojos”.

Con más de tres décadas de experiencia internacional en comisiones de la verdad y atención psicosocial a víctimas, el especialista enfatiza, en entrevista exclusiva con El Sur, que el Estado mexicano debe ofrecer una respuesta libre de intereses políticos: “El examen de las diferentes líneas de investigación, el examen de las diferentes pruebas que puedan ponerse encima de la mesa, el análisis en conjunto de la evidencia y una respuesta que sea sensible y ponga a los familiares en el centro. Eso es lo que están pidiendo desde hace mucho tiempo”.

Esta travesía de las familias, califica, ha sido como un “invierno de 12 años”, un periodo interminable marcado por el desgaste físico y emocional durante el cual ocho madres y padres ya han fallecido sin saber qué ocurrió con sus hijos.

“Los familiares llevan buscando muchos años la verdad. Hemos tenido avances significativos en determinadas épocas en esa búsqueda. En otros casos, lo que hemos visto ha sido cómo se han paralizado las investigaciones, se ha vuelto a ciertas versiones distorsionadas y superadas hace años también, y lo que hay es una enorme incertidumbre de cuál es la situación en la actualidad.

“Lo peor para los familiares –insiste– es la falta de claridad sobre en qué puntos está, cuáles son los avances, cuáles son las informaciones, cuál es el nivel de seguimiento de las líneas de investigación”.

Esta falta de certezas cobra especial relevancia esta semana, en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la presentación, por parte de la Fiscalía General de la República, de un nuevo informe apoyado en “datos científicos” y el análisis de comunicaciones telefónicas, mientras las familias y sus representantes legales salieron a protestar frente al Campo Militar 35-C en Iguala, Guerrero, y la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, para exigir la entrega de los 853 folios de inteligencia militar retenidos por el Ejército. El caso llega a su doceavo aniversario sin sentencias condenatorias firmes por la desaparición de los 43.

Ante al ambiente de expectación mediática que rodea la fecha, Beristain enfatiza que la verdad no se improvisa ni se acomoda a los tiempos del poder. “Los casos no se van a cerrar mientras los familiares sigan empujando, y van a seguir buscando una salida, una respuesta. Es una necesidad y un compromiso social acompañar ese proceso de lucha en el que ellos están, porque las demandas de verdad y dignidad humana son demandas que nos afectan a todos como personas”, señala.

Con la IA, riesgo de perder conocimiento acumulado

Respecto al anuncio del gobierno federal de utilizar inteligencia artificial para analizar un expediente que ya supera los 3 mil tomos y más de 5 millones de fojas, la postura de Beristain es cauta. Si bien la tecnología puede estructurar volúmenes de información masivos, el excomisionado advierte que ningún algoritmo sustituye la decisión política de esclarecer los hechos ni el conocimiento humano acumulado durante más de una década por los equipos de investigación.

“La tecnología no sustituye la voluntad política. Desde luego, puede ayudar a estructurar volúmenes de información muy importantes, pero tampoco puede sustituir la inteligencia natural, el trabajo criminalístico y el conocimiento acumulado durante este tiempo. El riesgo –alerta– es que hay un conocimiento acumulado que se puede perder en las nuevas maneras de tratar de ver otra vez todas las cosas que ya han sido vistas y volver a conclusiones que ya han sido demostradas con las pruebas en la mano”.

El GIEI había denunciado que se ocultaron videos

Ese rigor metodológico contrasta con la proliferación de giros mediáticos y filtraciones sobre “nuevas líneas”, como la reciente detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivero por la desaparición de los videos del Palacio de Justicia de Iguala o la controvertida pista de las funerarias en Guerrero.

Acerca de estos anuncios, el especialista aclara que el GIEI nunca opinó sin evidencias contundentes en la mano y recuerda que el ocultamiento de las grabaciones fue denunciado por ellos desde el primer informe, por lo cual enfrentaron respuestas evasivas y contradictorias por parte de las autoridades locales.

“No nos podemos pronunciar sobre informaciones de prensa sin tener las evidencias en la mano y nunca nos ha gustado opinar (a quienes conformaron el GIEI) sin todos los elementos. Lo que sí sabemos y demostramos desde el principio es que se habían destruido grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia, lo denunciamos e incluimos en nuestro primer informe la importancia de investigar a los responsables de la custodia.

Para nosotros, dice, lo importante es que “se investigue qué pasó con todas esas grabaciones, quién tenía la cadena de custodia, quién la obligación de guardarlas y por qué no se pudieron examinar desde el principio. Eso muestra una voluntad de ocultamiento”.

Sobre el rastreo de las comunicaciones telefónicas de las víctimas –que Sheinbaum presentó como un avance clave y permitió identificar cómo pertenencias de normalistas desaparecidos, por ejemplo el teléfono de Jorge Antonio Tizapa, terminaron en manos de la esposa de un agente policial–, Beristain menciona que desde las primeras etapas del caso esa línea de investigación fue trazada directamente por el grupo de expertos internacionales con el acompañamiento de las familias.

“Señalamos en varios informes que hicimos seguimiento de esos teléfonos obviamente desde el principio. Una de las primeras acciones con los papás fue tomar los números y pedir una investigación sobre qué había pasado con ellos. Más adelante, con la consultoría de Ángela Buitrago y Francisco Cox, hubo avances en ver qué parte de esos celulares o números se habían movido. Señalamos la importancia de investigar quiénes se los habían quedado, porque muestra una línea de responsabilidad que es muy importante y que estaba establecida con todos los detalles desde hace mucho tiempo”, agrega.

El 26 de septiembre de 2014, como el 2 de octubre del 68

Más allá de los más de los 3 mil tomos del expediente técnico, el psicólogo de origen español sitúa la tragedia de la noche de Iguala en el terreno de la salud mental colectiva y la memoria histórica de México.

Para el especialista en la reparación de daño a víctimas en procesos de paz y comisiones de la verdad en Colombia, Guatemala y Siria, la desaparición de los 43 no es únicamente un expediente penal sin resolver ni un trauma privado circunscrito a las familias de los estudiantes o a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos; constituye una herida abierta en la estructura política e institucional del país.

“La herida de Ayotzinapa es una herida del país. No solamente es un trauma para los familiares y las personas más directamente afectadas o para la escuela como tal, también es un trauma político de gran calibre para todo el país. Muestra de ello es que todas esas movilizaciones se sigan dando, que la atención nacional e internacional siga estando presente y que esa fecha –el aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes– aún sea determinante.

“Desde el punto de vista de la reparación moral, y de la visión psicosocial, , reflexiona, el 26 de septiembre es una fecha de conmemoración que no puede ser sólo de los familiares, sino que debería ser una conmemoración de todo el país para mostrar el respeto a la lucha de estas personas, que es un ejemplo para todos”.

El investigador compara el peso de este caso con hitos históricos de la memoria colectiva nacional e internacional, como el 2 de octubre de 1968 en México, la matanza de Srebrenica o el genocidio de Ruanda. A diferencia de otros episodios de violencia donde la responsabilidad inicial resulta opaca, Beristain remarca que Ayotzinapa expuso desde las primeras horas una radiografía cruda del colapso institucional y de la complicidad entre las fuerzas de seguridad pública y la delincuencia organizada.

“Este caso se dirigió contra jóvenes de escuelas normales con capacidad organizativa y evidencia. Desde el principio, los autores de la detención de los jóvenes fueron policías, agentes del Estado. Eso generó una visión en la que, a pesar de las versiones que trataron de estigmatizar a los normalistas diciendo que estaban infiltrados por el narcotráfico para justificar lo injustificable, la sociedad no se dejó llevar. El caso de Ayotzinapa mostró la complicidad de las instituciones, la penetración del crimen organizado y los mecanismos que han hecho posible el horror”, expone el excomisionado.

A 12 años de distancia, la indignación social contrasta con la falta de respuestas judiciales efectivas, la inexistencia de sentencias condenatorias firmes y el dolor provocado por el fallecimiento de ocho padres y madres que murieron sin conocer la verdad.

Frente a la tendencia institucional a reaccionar únicamente ante los aniversarios, Beristain apela a la conciencia colectiva para no abandonar la causa cuando la atención mediática decaiga: “Cuando se apagan los focos informativos el problema no deja de existir, se invisibiliza y ese dolor queda en el corazón de las víctimas. A la sociedad le toca no olvidarse de los familiares, dejarse tocar por una experiencia que forma parte de la memoria colectiva del país. La respuesta que termine dando México a este caso y a los miles de desaparecidos será determinante para la construcción de la democracia y la convivencia en este país tan querido”.

“la herida solo cerrará cuando la justicia deje de ser un anuncio político y se convierta en un compromiso ético irrenunciable con las víctimas: Las demandas de verdad y dignidad humana nos afectan a todos como personas”.

El motor de derechos humanos más potente hoy

En el núcleo de la resistencia que ha sostenido el caso Ayotzinapa durante 12 años no hay un cálculo político ni una estrategia partidista, sino la dignidad inquebrantable de los padres y madres. El mayor aprendizaje de esta caminata frente a la indolencia de las autoridades, resalta Beristain, es cómo el amor de un padre o una madre por su hijo se convirtió en la reserva moral y en el motor de derechos humanos más potente de la historia reciente de México.

“Lo que nos enseña esta resistencia es cómo la lógica del afecto, del amor por sus hijos, se ha convertido en una conciencia por los derechos humanos. Ha pasado de ser la relación con mi hijo desaparecido –al que estoy buscando, al que quiero que venga, al que me duele cada noche y cada mañana–, a formar parte de una conciencia colectiva más amplia en el país. Esto es muy importante porque muestra lo que sigue moviendo a los familiares de Ayotzinapa, y de otros muchos casos, como una dimensión que nos afecta a todos. Ese ejercicio de empatía es el que debe seguir guiando la búsqueda de la verdad hoy en día”, comenta el reconocido psicólogo.

Ayotzinapa 12 años: dijimos que sí volveríamos, ya no nos buscaron

Esa dignidad es también la que ha evitado que el caso sea archivado bajo versiones oficiales desacreditadas. Frente a las promesas de la nueva administración sobre una investigación con metodologías renovadas y el reclamo persistente de las familias por el regreso de los expertos independientes para garantizar un proceso imparcial, Beristain aclara la postura que mantiene junto a Ángela Buitrago, su colega en el GIEI.

“Nunca hemos abandonado las posibilidades de acompañar a las mamás y a los papás, ni a las organizaciones que los sostienen. Para nosotros la condición fundamental sigue siendo la independencia, pero habría que conocer cuál sería el mandato, en qué tipo de mecanismo y con qué atribuciones, para evaluar una propuesta en serio. Hasta ahora, lo único que tuvimos fue una llamada hace nueve meses, en la que el señor (Félix Arturo) Medina –subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación– nos contactó a Ángela y a mí para preguntarnos si estaríamos dispuestos a volver. Los dos dijimos que sí, bajo esas condiciones, y no hemos vuelto a tener una sola respuesta desde entonces. Esa es la situación al día de hoy”, revela el exmiembro del GIEI.

Mientras las luces mediáticas del aniversario se disipan y las familias regresan a la exigencia cotidiana de los 853 folios militares no presentados por la Secretaría de la Defensa Nacional y el paradero de los 43, la advertencia final de Beristain apunta a la conciencia de toda la sociedad mexicana.

Frente al desgaste del tiempo y la tentación del olvido, concluye que la herida solo cerrará cuando la justicia deje de ser un anuncio político y se convierta en un compromiso ético irrenunciable con las víctimas: “Las demandas de verdad y dignidad humana nos afectan a todos como personas. La respuesta que termine dando México a este caso será determinante para la construcción de la democracia y la convivencia en este país”.

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