Comunidades de Jalisco rechazan el nuevo Acueducto Chapala–Guadalajara
Con la crisis hídrica que atraviesa Jalisco, activistas llaman al Congreso local a rechazar la iniciativa del proyecto CRMO del acueducto Chapala-Guadalajara, advierten riesgos de privatización.
En conferencia de prensa, organizaciones civiles y representantes de comunidades de Guadalajara rechazaron la iniciativa de decreto presentada por el gobernador Pablo Lemus para el proyecto de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, con el que pretende resolver la crisis de agua sucia en la entidad.
El proyecto contempla una inversión de 11 mil 922 millones de pesos y busca autorizar a la Comisión Estatal del Agua de Jalisco a celebrar el contrato para el proyecto bajo el esquema de asociación público-privada.
Desde el patio del Congreso local, integrantes de la sociedad civil advirtieron que la iniciativa representa un paso preocupante para la privatización del recurso en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Este jueves el Congreso de Jalisco tiene prevista la discusión a la iniciativa del gobernador tras la negativa de los activistas y la represión a la protesta del domingo 11 de octubre, con uso excesivo de la fuerza admitido por Lemus.
“Advertimos que este proyecto podría profundizar un modelo de gestión hídrica que privilegia grandes obras de infraestructura y contratos con particulares, mientras persisten problemas estructurales”, leyeron los representantes de la sociedad civil en un pronunciamiento conjunto.
Consideramos inaceptable que esta situación se utilice para justificar compromisos financieros de largo plazo sin garantizar previamente transparencia, participación ciudadana, consulta a las comunidades potencialmente afectadas y una revisión a las alternativas disponibles
Aunque el proyecto de Lemus insiste en que no se trata de la privatización del servicio y que no se reflejará en incrementos a las tarifas, los activistas externan sus preocupaciones.
“El esquema CMRO contempla transferir a un particular durante 20 o 25 años funciones estratégicas de construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de infraestructura fundamental”, externan las organizaciones.
En tanto, integrantes de la Frente de Pueblos Unidos de la Ribera de Chapala se sumaron al rechazo de la iniciativa y exigieron un parlamento abierto para hacerse escuchar y plantear a detalle los argumentos contra el proyecto.
