La ONU lleva la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General por primera vez
Por primera vez, la ONU somete el caso de las personas desaparecidas en México a la Asamblea General. Familias solicitan apoyo.
El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la ONU presenta este martes 20 de octubre de 2026 su informe ante la 81ª Asamblea General. Juan Pablo Alban, presidente del comité, destacó la singularidad del paso: nunca antes, desde que la Convención entró en vigor, el Comité había activado el artículo 34 para someter un caso al pleno de la Asamblea.
En abril pasado, el CFD determinó que México enfrenta una crisis generalizada de personas desaparecidas: ahora busca que la Asamblea General de la ONU adopte medidas para México y brinde cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada.
El día de ayer, durante las mesas de diálogo realizadas en el Centro Eclesial para las Naciones Unidas, expertos del comité dialogaron con organizaciones civiles y familias de personas desaparecidas en México para subrayar la importancia de la petición de que el caso de México sea revisado por el máximo órgano deliberativo de la ONU.
Hasta ahora, las autoridades reconocen más de 130.000 registros de personas desaparecidas. A ellos se suman 72.000 cuerpos sin identificar. Se estima que más del 90% de los casos se mantienen en la impunidad.
Keivan Díaz Valencia, hijo de Antonio Díaz Valencia, un líder indígena desaparecido por defender el territorio ante la minería, describió la realidad mexicana como “visceral, cruda y maldita”. Relató que su padre fue clasificado como “ubicado” en la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas a principios de 2024, cuando la entonces secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, presentó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, sin elementos suficientes para dar con su paradero.
“¿Qué clase de Estado juega así con el dolor de las familias?”, preguntó.
En las mesas de diálogo estuvieron presentes Amnistía Internacional México, Fundación para la Justicia y el colectivo Hasta Encontrarte, además de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras. Las familias de las personas desaparecidas solicitaron a la ONU financiamiento internacional, grupos de personas expertas, mecanismos de búsqueda e identificación forense, así como el reconocimiento de las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos.
De Guerrero a Honduras
La crisis de desaparecidos en México rebasa sus fronteras. Dora Varela, del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras, contó que su hermano Heber Josué se encuentra entre los desaparecidos de 2012 en territorio mexicano. Restos de su cuerpo aparecieron en Cadereyta, Nuevo León, junto a otros 48 torsos humanos, en el episodio conocido como la “masacre de Cadereyta”, ocurrida en mayo de 2012 y que se atribuye a Los Zetas.
Varela advirtió que el fenómeno de las desapariciones forzadas, las inhumaciones clandestinas y la crisis forense no respeta delimitaciones territoriales. Entre las víctimas hay centroamericanos —salvadoreños, guatemaltecos, hondureños— pero también sudamericanos: cubanos, colombianos, ecuatorianos y nicaragüenses. Incluso se registran personas desaparecidas nacidas en Jordania y la India.
Hazán subrayó que el proceso debe enviar “un mensaje claro ante la impunidad”, con “sanción y rendición de cuentas” como ejes. La relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, pidió que las familias de desaparecidos sean consultadas de forma permanente. México, matizó, ha dado algunos pasos frente a la violencia contra las madres buscadoras, pero aún debe garantizar esa participación.
Méndez recordó que las propuestas de la sociedad civil carecen de carácter vinculante; sin embargo el valor de estas propuestas es medir hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado mexicano. Resumió la exigencia en una pregunta: ¿qué cabe esperar del Estado mexicano?. Su respuesta: “Primero, aceptar el escrutinio internacional”.
