Guerrero: denuncian más de 100 personas secuestradas por grupo armado
El ejido Guajes de Ayala, en Guerrero, denuncia 9 personas secuestradas, calculan más de 100 plagiados por la Familia Michoacana.
Nueve personas, habitantes todas de la sierra de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente, Guerrero llevan secuestradas desde junio en manos de La Familia Michoacana (FM). Uno de los plagiados es un menor de tres años. Así lo denunciaron en un comunicado las autoridades ejidales de Guajes de Ayala, que reclamó al gobierno de la entidad un operativo de rescate.
Los ejidatarios sostienen que esas nueve personas secuestradas son parte de una cifra mayor: gracias a los relatos de los agricultores del ejido del Balcón, en la misma región de Guerrero, quienes fueron liberados el pasado 19 de octubre, se ha calculado que existen al menos otras 100 personas en cautiverio en manos del grupo criminal: “Estas denuncias han sido respaldadas públicamente por el director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, el padre Filiberto Velázquez”, argumentan los ejidatarios y advierten que la cifra de un centenar de personas secuestradas “no sólo es real, sino que se queda corta” .
Casos ya denunciados
De las nueve víctimas plagiadas por la Familia Michoacana en Coyuca de Catalán, cinco cuentan con denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Esto contradice la postura que ha asumido Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría de Gobierno del estado, quien argumentó que no existen denuncias formales de los plagios.
El primer caso documentado ocurrió el 29 de junio: un grupo armado irrumpió en una casa de Los Órganos y se llevó a Patricio Valerio (de 34 años) y Ana Elia Salgado Arroyo (40). La FGE asignó a la investigación el folio FGE/DGTI/1-00242602/26.
Un mes después, el 16 de julio, otro comando entró a una casa en Timangaro (Pungarabato) y se llevó a Andrea Chávez Vega, de 40 años. Esa causa tiene el folio FGE/DGTI/1-00242606/2026.
Cuatro días más tarde, el 20 de julio, otros dos vecinos de Los Órganos —Ofelia Valerio Salgado (28) y Antonio Díaz Santana (35)— fueron interceptados en un camino de terracería de la colonia Vista Hermosa, en Coyuca de Catalán.
Pese a las denuncias, la autoridad ejidal sostiene que las vícitmas permanecen en grave riesgo y señaló que son familiares directos de habitantes de Guajes de Ayala. La presencia de un niño de tres años entre las personas secuestradas, afirman, evidencia la vulnerabilidad de las familias de la sierra de Guerrero y la falta de respuesta de las autoridades estatales.
Los ejidatarios han tenido que explicaral gobierno porqué hay algunas causas que no se denuncian y por qué la ausencia de una denuncia formal no los exime de responsabilidad:
“Las familias de las víctimas viven bajo una amenaza de muerte constante. Iniciar un trámite burocrático en estas condiciones pone en riesgo inminente la vida de los denunciantes y la de sus seres queridos en cautiverio. El miedo a una ejecución inmediata es el primer y más poderoso factor que frena las denuncias formales”, argumentan. “Las agencias del Ministerio Público en la región, particularmente en Coyuca de Catalán, se encuentran completamente cooptadas, infiltradas y controladas por la delincuencia”.
Además, “recordamos a las autoridades del estado de Guerrero que condicionar la búsqueda y el reconocimiento de las víctimas a la existencia de un acta física representa una flagrante violación constitucional y un delito por omisión institucional”.
La responsabilidad de las autoridades
El ejido responsabilizó al gobierno de Evelyn Salgado Pineda de minimizar el cautiverio masivo atribuido a la Familia Michoacana, bajo el pretexto de que la FGE no ha recibido denuncias. No obstante, sostuvo que muchas familias no denuncian por temor a represalias contra ellas o sus seres queridos. También acusó a funcionarios de operar bajo las órdenes de grupos criminales y advirtió que acudir al Ministerio Público puede poner en riesgo a las víctimas y sus familiares.
Las autoridades ejidales señalaron que el secuestro, la privación ilegal de la libertad y la desaparición de personas son delitos que deben investigarse de oficio, por lo que exigieron a la FGE iniciar las indagatorias y desplegar operativos para localizar y rescatar a los cautivos.
Según Filiberto Velázquez Florencio —párroco y titular del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello—, los vecinos de El Balcón que salieron libres el 19 de octubre, después de casi un mes de encierro, contaron que había más de cien personas en situación parecida. “Los tenían encadenados, amordazados y con una comida al día”, afirmó el párroco.
Foto: José I. Hernández, Cuartoscuro
