Brasil multa a Meta con 1.3 millones de dólares
Brasil multa a Meta con 1.3 millones de dólares por incumplir órdenes judiciales en la campaña entre Lula y Flávio Bolsonaro.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil impuso a Facebook, propiedad de la empresa Meta, una multa de 7.5 millones de reales –1.34 millones de dólares– por no acatar íntegramente las órdenes judiciales dictadas durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del mes pasado.
La decisión, adoptada por unanimidad en fallo del martes, concluyó que la plataforma incurrió en retrasos, entregó información fragmentaria y no cumplió a cabalidad con los requerimientos del tribunal; de forma preliminar, se descartó que Meta haya actuado con intención de alterar el resultado de las elecciones de Brasil. Esto a pesar de los mensajes que, en meses anteriores, el gobierno de Lula había emitido sobre la necesidad de regular tanto a las plataformas de redes sociales como a la Inteligencia Artificial.
La coalición de Luiz Inácio Lula da Silva presentó una denuncia antes de los comicios que señalaba que sus publicaciones circulaban con muchos menos alcance que los de su competidor, que miles de perfiles falsos operaban en su contra, que la plataforma no detectaba los materiales creados con IA y que sus herramientas funcionaban de manera asimétrica. El tribunal examinó si la plataforma trataba de forma distinta los contenidos de las campañas rivales del presidente de izquierdas Lula da Silva y del senador de derechas Flávio Bolsonaro.
“Los expedientes contienen fallos técnicos reconocidos por el propio Facebook, pero no hay elementos que nos permitan concluir, de manera preliminar, que hubiera una acción deliberada para desequilibrar las elecciones”, escribió el juez Marco Aurélio Bellizze en su sentencia. “Esa conclusión requeriría pruebas sólidas, que deberían obtenerse mediante los procedimientos legales adecuados”, añadió.
La sanción se compuso de dos partes: el primero abarcó del 17 al 19 de octubre, con tres cargos diarios de 500 mil reales (1.5 millones en total); el segundo corrió del 20 al 25 de octubre, con seis cargos de un millón de reales cada día (seis millones adicionales). Según Bellizze, la multa no responde a una suma de infracciones individuales, sino a una evaluación global de la conducta de la empresa frente a los requerimientos judiciales, que incluyó demoras, respuestas incompletas y dificultades para verificar los datos presentados.
Meta entregó al tribunal papeles sobre las acciones que decía haber implementado para equiparar el trato entre las campañas de los dos candidatos de Brasil; no obstante, el tribunal halló que varias órdenes se acataron de forma incompleta o fuera de plazo. Meta, que no respondió de inmediato a una nueva solicitud de comentarios, comunicó al tribunal el mes pasado que había adoptado medidas para garantizar la igualdad de trato entre ambas campañas.
“Si bien la empresa ha tomado medidas para corregir las deficiencias de la herramienta, la información proporcionada se limita a declaraciones genéricas de igualdad, insuficientes para garantizar un cumplimiento sustancial de la resolución“, sostuvo el magistrado. Los papeles, además, llegaron en varios idiomas y no bastaban para certificar que los fallos de sus herramientas hubieran quedado subsanados del todo.
La promesa de regular las plataformas
Más allá de la multa, el fallo contiene una advertencia sobre el poder de las plataformas en la formación de la opinión pública. “Las empresas que inicialmente se presentaban como intermediarias en la comunicación han llegado a desempeñar un papel central en la organización del entorno informativo, estableciendo criterios de visibilidad, seleccionando contenidos e influyendo en cómo las personas acceden a la información, se forman opiniones y participan en el debate público”, afirmó el juez Bellizze.
“La protección de la democracia exige que el poder informativo ejercido por entidades privadas siga siendo compatible con los principios constitucionales que garantizan la soberanía popular, el pluralismo político y la autonomía del votante”, subrayó.
Los magistrados permitieron a la coalición revisar los papeles con los que Facebook pretendía acreditar el acatamiento, pero bloquearon el acceso a los reportes sobre los filtros de Meta AI y los criterios con que detecta materiales sintéticos. El tribunal justificó esta reserva al considerar que esos detalles constituyen secretos comerciales.
El fallo brasileño se inscribe en un mapa latinoamericano donde los gobiernos discrepan sobre cuánto regular la IA. En México, Claudia Sheinbaum publicó en abril pasado un Plan Nacional de Inteligencia Artificial y reformó la administración pública en octubre de 2024 para crear una Agencia de Transformación Digital. La mandataria se ha pronunciado a favor de regular el uso de la IA en campañas electorales y el acceso de las infancias a contenidos generados con IA, cada lunes invita a especialistas a su conferencia matutina a hablar sobre los riesgos de dejar la tecnología bajo control exclusivo de las empresas, sobre todo en relación con menores.
El gobierno de Javier Milei en Argentina promueve una figura legal inédita: que las firmas operadas por algoritmos tengan personalidad jurídica. La legislación, incluida en la reforma de la Ley de Sociedades presentada a finales de mayo, no ha llegado a debatirse en el Congreso; sin embargo, OpenAI, la firma de Sam Altman, ya ha expresado interés en invertir hasta 25 mil millones de dólares en un proyecto de centros de datos en la Patagonia.
Colombia, con Abelardo De la Espriella, plantea la IA como herramienta de gestión estatal. El vicepresidente José Manuel Restrepo coordina la modernización del Estado mediante IA y analítica de datos, y David Vélez, fundador de Nubank y miembro de la junta de OpenAI, fue presentado este viernes como asesor ad honorem. El Salvador, con Nayib Bukele, encargó en 2023 tareas de sanidad pública a Gemini de Google y firmó en diciembre pasado un acuerdo con xIA, de Elon Musk, para un sistema educativo nacional apoyado por IA.
La multa contra Meta en Brasil no es una sorpresa: regular las plataformas es una de las propuestas que Lula ha repetido desde hace años y la retoma ahora tras el papel que estas mantuvieron durante las campañas electorales. En su discurso de victoria afirmó: “Tuvimos que superar la injerencia extranjera en las elecciones, procedente del exterior a través de plataformas digitales que tendremos que regular”. Su programa prevé una instancia dedicada a la transparencia de los algoritmos, un esquema para pagar por los materiales usados en el entrenamiento de sistemas de IA y exigencias ambientales para los nuevos centros de datos.
Por separado, el organismo brasileño de protección de datos sancionó a la filial de TikTok. La Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD) multó a ByteDance Brasil con más de 153 millones de reales por tratar datos de usuarios menores de edad “sin fundamento legal” y ordenó eliminar la información obtenida de manera irregular. “Esperamos que con este episodio de hoy, otras plataformas entiendan el mensaje”, dijo Fabrício Lopes, superintendente del organismo, en rueda de prensa.
