Caso Ayotzinapa: jueza ordena libertad provisional a 8 militares por segunda vez
Con apoyo de Sedena, ocho militares señalados de delincuencia organizada consiguieron llevar su proceso en libertad.
Una jueza ordenó la excarcelación de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa para que lleven en libertad el proceso abierto en su contra por su supuesta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Es la segunda vez que se decreta su liberación, en un nuevo revés para la Fiscalía General de la República (FGR).
Los efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son acusados de mantener supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsabilizado de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La jueza segunda de Distrito de Procesos Penales Federal con sede en Toluca, en el Estado de México, Raquel Duarte Cedillo, revocó la prisión preventiva justificada.
Los militares Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz deberán cubrir una garantía de 100,000 pesos para dejar el Campo Militar número 1 en la Ciudad de México. Además deberán presentarse a firmar cada 15 días.
En enero pasado, los soldados fueron liberados de la cárcel militar, después de que también se les modificó la medida cautelar en el proceso que tienen abierto por su supuesta participación en el delito de desaparición forzada. Sin embargo, en febrero fueron encarcelados de nuevo debido a que se les dictó auto de formal prisión por el probable delito de delincuencia organizada, tras ser señalados de recibir pagos por parte del grupo criminal Guerreros Unidos y de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador por la excarcelación.
Tras este fallo, ninguno de los militares vinculados al caso Ayotzinapa está en prisión, lo que se suma a la reciente liberación de Jesús Murillo Karam, extitular de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy FGR), quien llevará su proceso en prisión domiciliaria.
Ante la resolución a favor de los militares, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que acompaña legalmente a los familiares de los estudiantes desaparecidos de manera forzada, acusó a la Sedena de seguir “litigando a favor de los militares” y de negarse a entregar los archivos que tienen sobre el caso.
“Esto confirma lo que hemos visto en los últimos años: el poder militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y al esclarecimiento del caso”, expuso en un breve posicionamiento.
La organización acusó a la jueza federal de tener un “criterio parcial y sesgado”.
En enero pasado, Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, explicó que abogados militares que son “servidores públicos de la Sedena han estado brindado apoyo legal a los militares acusados e incluso a otros que tienen carácter de testigos desde inicios del caso”.
“No tendrían que estar asistidos además por abogados de oficio militares, máxime porque comparecen como si fueran abogados particulares”, cuestionó Aguirre.
Desde la perspectiva de las víctimas, “se percibe como un apoyo institucional militar a los castrenses acusados y como causa de asimetría en el proceso frente a su situación”, dijo para Fábrica de Periodismo.
