La militarización se acentúa con AMLO; más presupuesto y más tareas para el ejército
La transferencia de funciones y presupuesto civiles al Ejército y Marina tiene un momento cumbre en el actual sexenio.
La transferencia de funciones y presupuesto civiles a las Fuerzas Armadas se acentuó en los últimos años con el gobierno Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, evidencia el informe Inventario Nacional de lo militarizado.
La investigación realizada por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta hace una revisión a las reformas y a los acuerdos presidenciales, de gobiernos estatales y municipales presentadas desde 2006, año del inicio de la llamada “guerra contra las drogas”, hasta 2023. El trabajo pone en evidencia que desde hace años inició un proceso de transferencia a atribuciones y recursos al Ejército y Marina que llegó a un momento cumbre en el último sexenio.
El informe destaca que entre 2007 y agosto de 2023 se presentaron 87 iniciativas de reforma constitucional y legislativas en el Congreso de la Unión para transferir funciones o presupuesto civiles a las fuerzas armadas, de las que 77% (67 inicitiavas) fueron presentadas entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2023, es decir, en las últimas dos legislaturas, con una mayoría de Morena-PT-PVEM.
“Morena es el partido que más ha presentado iniciativas ante el Congreso de la Unión para incrementar facultades militares; ha presentado el 46% de las iniciativas”, señala.
Del total de las 87 reformas presentadas, únicamente el 16% fueron aprobadas (14), el 53% se encuentra pendiente en comisiones para la discusión legislativa (46), 23% fue desechada (20) y 8% retiradas (7), según la revisión de las organizaciones.
“La mayoría de las iniciativas aprobadas, incluidas dos reformas constitucionales, versan sobre la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública. Esto implica que en años recientes sí hubo un cambio importante a nivel constitucional, aunque acotado temporalmente y con condiciones estrictas”, agrega el informe.
El Inventario halló 19 decretos o acuerdos emitidos por el Ejecutivo Federal que amplían las facultades de las instituciones militares. Todos fueron publicados en los últimos cinco años, es decir, en el sexenio de López Obrador.
La revisión detalló que dos acuerdos implican de manera directa la continuidad y permanencia de la estrategia de seguridad pública militarizada, mientras que los otros 17 acuerdos y decretos tienen que ver con otro tipo de funciones civiles.
Entre ellos están el traspaso de aprovechamiento de las Islas Marías a la Marina y 13 acuerdos y decretos con los que se crearon 15 empresas de participación estatal mayoritaria administradas tanto por la Sedena como por la Semar para que intervengan en proyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico, y dos acuerdos más relacionados con la intervención de las Fuerzas Armadas en obras que se declararon de “seguridad nacional”, explica el documento.
El informe da cuenta de 258 acuerdos y convenios firmados entre las instituciones militares e instituciones civiles de los tres órdenes de gobierno —el federal, el estatal y el municipal.
En 28 convenios y acuerdos se realizó una transferencia de presupuesto civil para realizar funciones militares. ”De este tipo de convenios, el de mayor presupuesto estipulado que registra el Inventario es uno firmado entre la Sedena y el gobierno de Sinaloa. En él, la Sedena recibe $739 millones de pesos por construir un batallón y una unidad habitacional militar en la entidad –en pesos de 2023, esto asciende a $973 millones–“, apuntó .
De los 230 convenios y acuerdos que versaban sobre la transferencia de funciones civiles a las instituciones militares, el 97% también incluyó la transferencia de presupuesto civil.
