En 2019 participé en la instalación de la Antimonumenta contra el Feminicidio frente al Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. La violencia contra la mujer no ha parado desde entonces y en Sinaloa, de donde soy, las mujeres mueren ahora también por el fuego cruzado de una guerra de hombres que ha llevado la violencia a un nivel absurdo en donde las mujeres no tenemos ni siquiera un lugar para pensar públicamente nuestros duelos.
Norma Andrade coloca varios pares de zapatos rojos al pie de la Antimonumenta de Ciudad de México, enfrente del Palacio de Bellas Artes. Pide a las cientos de mujeres que la rodean, a las miles de mujeres que asisten hoy a la marcha del 8M en este 2025, que tomen fotos y la etiqueten este 26 de marzo. Ese día asistirá a una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer el caso de su hija: Lilia Alejandra García Andrade desapareció el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez; la encontraron una semana después, tenía 24 horas de haber sido asesinada.
Norma llegó hoy a la Antimonumenta desde las 9 de la mañana. Vio pasar el primer contingente a las 11:30 y, desde entonces, ha visto marchar a miles de mujeres –200 mil, según la cifra oficial– de todas las edades. Una marea violeta que no deja de cantar consignas.
Al lado de Norma está Luna. Es parte del grupo de resguardo de la Antimonumenta contra el Feminicidio. Le gusta bordar y es autora de una de las consignas más rabiosas de la marcha, una que recuerda a las mujeres que los cuerpos policiacos son agresores, lo han sido antes y lo son ahora, aunque se conformen por mujeres.
La Atenea no es hermana
no es amiga
no es aliada
represora mal pagada
que se vaya a la chingada
Muertes violentas
Soy mujer, soy periodista y soy sinaloense. A lo largo de los años he visto cómo crece la saña en los asesinatos de mujeres cuyos cuerpos suelen quedar expuestos en los espacios públicos. Las violencias previas a sus asesinatos y la impunidad que les sigue suelen ser parte de las conversaciones cotidianas.
El año más brutal para las mujeres en Sinaloa fue 2017, cuando 86 mujeres fueron asesinadas de manera sádica. Un año antes se contaron 50 feminicidios.
Desde la sentencia del caso Mariana Lima Buendía, toda muerte violenta de mujer debe investigarse como feminicidio. Sinaloa fue el primer estado en aplicar este criterio, aunque no siempre –casi nunca– se cumple.
En el año 2018 se asesinaron a 49 mujeres y en los años consecutivos el número fue similar: 45, 41, 50, 34, 38. 2024 cerró con 55 víctimas identificadas, todas con nombres, familia y la mayoría sin justicia. Embarazadas, con órdenes de restricción, menores de edad, algunas con hijas e hijos.
En 2025 las mujeres siguen siendo asesinadas. Ahora las llaman “daños colaterales”, pues mueren en el fuego cruzado entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa que se disputan el territorio o cuando se enfrentan a los elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional u otras corporaciones.
En esta guerra de hombres, las mujeres de a pie salen perdiendo. En los primeros dos meses y una semana del año ya se tiene registro de 10 mujeres asesinadas. Desde septiembre del año pasado Culiacán entendió que cuando cae el sol se acaba la vida; nos hemos acostumbrado a los embotellamientos y el tráfico vehícular al atardecer, lo entendemos: ninguna de nosotras quiere estar en la calle a esas horas.Pero al final de cuentas la luz del día tampoco nos garantiza que una bala perdida no nos alcanzará en cualquier parte, a cualquier hora…
Una muralla humana
Ocurrió en 2019, otro 8 de marzo: un grupo de mujeres organizadas e identificadas con una playera roja formamos un círculo sobre uno de los andadores de Avenida Juárez. Nuestros hombros estaban unidos con tanta fuerza que nadie podía entrar o salir. Una camioneta con una caja grande, cubierta con una lona azul que ocultaba su cargamento, se detuvo junto a nosotras.
Mientras cuidábamos como muralla humana, otras compañeras se pusieron cascos y chalecos de trabajo. Alguien comenzó a sacar la tierra de lo que probablemente era una macetera vacía y una docena se enfocó en cargar y bajar aquella escultura metálica de color morado de la camioneta: el símbolo de Venus con un puño alzado al centro.
Pronto llegaron los medios de comunicación, los contingentes que pasaban se asomaban con curiosidad. Las mujeres que formábamos la muralla, además de cuidar el perímetro, cantábamos y gritábamos para dar fuerza a quienes trabajaban. Se nos había convocado para apoyar, pero se nos había compartido poca información: recibíamos atentamente las indicaciones que llegaban poco a poco.
Por eso, cuando varias madres de víctimas de feminicidio llegaron y me pidieron entrar al círculo, les dije que no podían pasar. Hasta que una de ellas se identificó lo entendí todo. Sentí vergüenza y, de inmediato, separé mi hombro del hombro de mi compañera, con quien estaba enlazada con fuerza. A veces todavía recuerdo con culpa ese momento.
Montones de tierra se fueron apilando junto a un hoyo cada vez más hondo, alguien instaló un andamio para ayudar a colocar la pesada estructura; las palas rondaban de mano en mano para repartir la carga de trabajo mientras las familias compartían testimonios. Para poder escucharlas, levantábamos el puño en señal de silencio –como hacían los rescatistas que buscaban sobrevivientes tras el terremoto del 2017–. Las mujeres que marchaban entendían la señal y detenían su paso para escuchar.
Las policías de la Ciudad de México se acercaron más de una vez. Primero nos cuestionaron por qué estábamos ahí, pero un equipo de mediación logró ahuyentarlas. La segunda vez no estorbaron, pero tampoco ayudaron. Luego: la indiferencia.
Mi rechazo a los elementos de seguridad tiene cierta justificación: soy mujer, periodista y sinaloense. Unos años antes, el 6 de junio del 2017, Dayana Esmeralda salió a comprar dulces a una tienda cerca de su domicilio en San Pedro, Navolato. Tenía cinco años y no regresó a casa. Sus restos se encontraron con huellas de violencia un par de meses después.
Jovana Sarahí era estudiante de preparatoria, tenía 17 años. Como Dayana Esmeralda, vivía en Navolato. Su familia la esperaba después de clases, pero no llegó. Nueve días después la encontraron sin vida. Acompañé a su familia en esos días de incertidumbre, cuando rogaban porque todo fuera una mala broma y esperaban que Dayana regresara sana y salva. No fue así.
A ambas las mató Miguel Eduardo Burgos Varela, policía municipal en Navolato. Por esos días entregó el vehículo oficial y su arma y se fue a su casa. Años antes había sido reconocido como Gente de Bien por el Club Rotario de Navolato. Después de asesinar a Dayana y Jovana, se dio a la fuga. Aún no lo han encontrado y la justicia para ellas sigue pendiente. Conocí ambos casos como periodista, acompañé y documenté el dolor de sus familias. Pensaba en ellas mientras miraba cómo aquella otras madres y familiares de mujeres asesinadas levantaban la Antimonumenta frente a Reforma, observadas de lejos por la policía.
La vida cotidiana, el fuego cruzado
A Petra Emilia su familia la esperaba al salir del trabajo el 28 de febrero de 2025: nunca llegó. Las autoridades emitieron una ficha de búsqueda del Protocolo Alba. La última vez que se le vio salía de la Comandancia de Policía de Costa Rica vestía el uniforme azul marino con los logotipos de la Policía Municipal de Culiacán.
Su cuerpo fue encontrado el 2 de marzo, junto al de otros dos policías, con los que iba a atender un reporte ciudadano. Tenía huellas de tortura y heridas de arma de fuego. En señal de protesta, sus compañeras de la corporación marcharon en el patio central del Ayuntamiento de Culiacán para exigir justicia. No estaban todas, faltaba Petra Emilia.
En las imágenes que circularon aquellos días en pancartas y redes sociales se observaba a la joven de 29 años, uniformada, sonriente: “Ser Policía Municipal no debería ser una sentencia de muerte. Nos falta Emilia”. En el exterior del Palacio Municipal, decenas de patrullas se estacionaron y prendieron las sirenas y los códigos en apoyo a sus compañeras al interior, que llevaban pintadas manos rosas en sus rostros.
Un día antes de la desaparición de Petra Emilia, el 27 de febrero pasado, Regina fue herida con tres impactos de bala en un enfrentamiento entre dos grupos de civiles armados. Estuvo hospitalizada casi una semana, su vida se apagó el 4 de marzo. De acuerdo con su familia, la joven se encontraba cenando. Tenía 14 años.
La ciudadanía de Villa Juárez, Navolato, manifestó su tristeza por el asesinato de Regina. A través de publicaciones en redes sociales y declaraciones en medios de comunicación, demandaron una estrategia de paz para frenar el asesinato de menores de edad en el fuego cruzado.
Luz Clarita murió acribillada el pasado 17 de febrero. Se dirigía a su casa en Ejido La Flor cuando se desató una balacera entre el Ejército y civiles armados a la altura de Las Piedritas. Su auto quedó marcado con decenas de impactos de bala. Había salido a las 9:30 de su trabajo en una tienda departamental del municipio de Eldorado, a 45 minutos de Culiacán. Tenía 27 años.
Fotografía: Omar Martínez Noyola
Las sinaloenses asesinadas y heridas por impactos de bala suelen ser jóvenes que realizan actividades de su vida diaria como lo hacemos todas con regularidad. Las autoridades las llaman “daños colaterales”, los medios de comunicación dicen simplemente que “estaban en el lugar y momento equivocado”.
Con heridas, pero afortunadamente con vida, están Alejandra, de 19 años, quien resultó herida con dos disparos, uno en el hombro y otro en las costillas, cuando asesinaron a un hombre junto a su casa. Era el 28 de febrero.
También con vida se encuentra Ariana, de nueve años: el 6 de marzo civiles armados asesinaron a su padre en la colonia Renato Vega Amador. Ella quedó herida y esa misma noche se informó que está fuera de peligro.
Trenzadas en el espacio público
En el 2019, ya instalada la Antimonumenta y mientras las compañeras se organizaban para hacer las guardias y cuidarla, el resto planeábamos nuestro regreso a casa. Recuerdo que, antes, en un ejercicio de convivencia se nos invitó a trenzar nuestro cabello; sin importar si era corto, largo, rizado o lacio. En parejas, con la ayuda de alguien más, nuestro pelo se entrelazó en pocos minutos y así permanecimos un rato: unidas por la parte más fina y frágil de nuestro cuerpo nos sentimos poderosas.
Ahora veo las vallas policiales que protegen Bellas Artes. Como en casi cada manifestación multitudinaria, este 2025 el gobierno de la Ciudad de México decidió blindar monumentos y edificios históricos por la marcha del 8M. Los únicos desprotegidos fueron aquellos monumentos que no les importa que se rayen; esos que, estoy segura, preferirían quitar y hacer como si no existieran; los monumentos que construyeron, instalaron y cuidaron manos ciudadanas, víctimas, personas de luto desde hace años. De acuerdo con Plumas Atómicas, colocar las vallas metálicas del 2024 requirió una inversión aproximada de 977 mil 450 pesos.
El 25 de noviembre de 2019 se instaló una antimonumenta en Nezahualcóyotl, Estado de México, también por las víctimas de feminicidio. Al año siguiente, el 25N del 2020, se erigieron otras en Guadalajara, en Chetumal y en Tuxtla Gutiérrez. Dos años después en Monterrey. En otros lugares, el gobierno ha intentado disuadir de que se instalen antimonumentas.
Sinaloa no cuenta con una Antimonumenta contra el Feminicidio: allá las mujeres no tenemos un espacio público para encontrarnos y reflexionar sobre la violencia que nos arrebata la vida en la calle, sobre las desaparecidas que aparecen semanas o meses después con signos de violencia, sobre los policías que asesinan niñas y se fugan.
Pienso en ello mientras hablo con Maleza: ella también es parte del grupo de resguardo de la Antimonumenta contra el Feminicidio. Esta es una okupa permanente, separatista pero plural: con familias de víctimas de feminicidio, desaparición forzada, defensoras de territorio. Todas se organizan para cuidarla y han hecho de ese un espacio libre de violencia.
“Es una forma de garantizar una memoria histórica”, dice Maleza, firme. Con compañeras como Luna enfrentan la violencia callejera, como la que sufren las comerciantes de la zona por parte de grupos de comerciantes de la zona o la misma policía; como el acoso que sufren las transeúntes. Las mujeres saben que pueden recurrir a ellas en la Antimonumenta en busca de respaldo. “Las policías no las cuidan, las cuidan sus amigas”.
Quienes resguardan garantizan que la Antimonumenta se quede. El Estado, sin embargo, no garantiza que no haya más violencia de género, ni la última y peor forma de ellas: el feminicidio.
