Aquila es hierro.

El municipio abarca más de 2.600 km² entre montañas y litoral del Pacífico mexicano. Desde los años 70 se extrae mineral de hierro de manera industrial. Hoy lo hace Ternium, filial del grupo ítalo-argentino Techint, que compró la histórica mina Las Encinas en 2005 y la convirtió en una operación de escala internacional.

San Miguel Aquila, la cabecera municipal, era hasta hace unos años un pueblo vivo: mercado en la plaza, comedores abiertos, música alta. Hoy parece abandonado. La iglesia está abierta pero vacía. El centro de salud, dañado por un sismo en 2022, está en ruinas. A mediodía, con 40 grados de calor seco, casi no hay nadie en la calle.

El único ruido constante es el de los camiones de la mina.

Cientos de veces al día, tráileres cargados con piedra triturada atraviesan el pueblo rumbo a los puertos del Pacífico. Las cajas de carga rebotan contra los amortiguadores y dejan una nube de polvo. “Son de Ternium, y no paran nunca”, dice Toño, un joven de 28 años que creció aquí y que ahora vive desplazado. Me pide no decir dónde.

En Aquila casi nadie quiere hablar con nombre y apellido. Los que se quedan, callan. Los que pueden, huyen.

Porque aquí la minería, la política local y el crimen organizado dejaron de ser cosas separadas hace mucho.

La orden llegó por radio: “Dejen todo. Váyanse”.

Era 3 de julio de 2024, alrededor de las tres de la tarde, en una comunidad indígena de la costa-sierra de Michoacán, México. Estábamos por empezar una larga entrevista con María, una de las responsables de la seguridad local. La luz entraba filtrada por una reja, ya corría la grabadora, ya había una primera pregunta.

Y entonces la radio empezó a crujir.

Primero fue ruido, luego la voz clara de un compañero que anunciaba el avance de un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hacia el punto exacto en el que estábamos sentados.

María se levantó de un salto. Nosotros dejamos el tripié, una mochila, casi todo. Seguimos corriendo detrás de ella hasta una casa cercana. Los disparos empezaron a sonar segundos después, dirigidos al sitio donde, un minuto antes, estaba nuestra cámara.

No fue una balacera corta. La comunidad reportó que hombres del cártel entraban por al menos dos cerros que rodean la zona donde Ternium —una de las mayores acereras de América Latina— extrae hierro. Nos dijeron que buscáramos techo de cemento porque iban a usar drones cargados con explosivos artesanales, algo que ahora es común en este conflicto. Nos refugiamos en una tienda y ahí nos quedamos más de quince horas, escuchando ráfagas sin pausa y el zumbido de los drones.

Una de las bombas cayó tan cerca que sentimos el golpe seco. No estalló.

Cuando cayó la noche, miembros de la Guardia Comunal —la estructura de autodefensa indígena— lograron frenar el avance del cártel. Nos protegieron. Evitaron que entraran más.

Aquello pasó en Ostula, municipio de Aquila, Michoacán. No fue la primera vez. No fue la última.

Entrar no es fácil. En una de mis últimas visitas llegué en camioneta con Miguel, un joven comunero que me recuerda la coartada: “Si preguntan, somos biólogos de la UNAM midiendo sequía en el río”. A unos metros de la báscula de la minera nos cierra el paso una moto con dos hombres jóvenes, sin casco, con rifles de asalto R-15 al hombro. Uno a cada lado de la camioneta.

—¿A dónde van? ¿Quiénes son? —preguntó uno, subiendo ligeramente el arma.

—Investigadores universitarios. Venimos a ver el estado del río —respondo casi automático.

—Aquí no tienen nada que hacer. Váyanse.

«En Aquila, la minería, la política y la violencia del crimen organizado dejaron de ser cosas separadas hace mucho».

Llevaban pantalón negro, tenis y camisetas blancas viejas con el logo de Ternium en la manga.

En Aquila es un secreto a voces: la empresa minera y los grupos armados que controlan el territorio se necesitan mutuamente. O al menos se toleran. Las acusaciones son muy concretas: que la empresa ha facilitado maquinaria pesada, transporte y hasta acceso a patios de resguardo para la extracción ilegal de hierro; que ha permitido o alentado el pago de “cuotas” a la población; que ha beneficiado económicamente a un grupo minoritario de comuneros alineados con la minera; y que, cuando hizo públicos ciertos pagos por regalías, dejó a la comunidad expuesta al crimen organizado.

En palabras simples: hacer dinero del hierro implica controlar el territorio. Controlar el territorio implica armas.

Y en Aquila, quien manda con armas decide quién vive, quién desaparece y quién puede hablar.

Opositores a la minería: desaparecidos

Toño me recibe en otra ciudad. No puedo decir cuál porque está escondido.

Tiene 28 años, barba recortada, ojos cansados. En la sala de su casa hay una pila de fotos ordenadas sobre la mesa baja. Son de su papá, Antonio Díaz Valencia: maestro rural, líder comunitario, ex autoridad agraria en Aquila. Desapareció el 15 de enero de 2023 junto al abogado Ricardo Lagunes.

“Si la palabra agusticidad existiera —dice Toño, sonriendo apenas— sería esta foto”. Me muestra a su padre desgranando maíz, sentado en la costa michoacana, con una felicidad tranquila en la cara. Ese era don Antonio: sombrero, sonrisa fácil, obsesión por documentar todo en fotos.

Díaz no era solo un maestro querido. Era el representante de la mayoría comunal que exigía a Ternium el pago completo de regalías, la reparación de los daños ambientales y el respeto a las decisiones de la asamblea indígena de Aquila. Junto con Lagunes, llevaba años peleando —legalmente— contra lo que describían como un despojo acelerado para abrir nuevas áreas de explotación.

La noche de su desaparición, ambos salieron de una asamblea comunal rumbo al vecino estado de Colima. Un comando los interceptó, baleó la camioneta y se los llevó. Una cámara de seguridad grabó el último momento en el que se les ve con vida. Desde entonces, nada.

Ni la Fiscalía de Michoacán ni las comisiones oficiales de búsqueda han dado una respuesta real. Las familias denuncian que incluso se han hecho operativos “simulados”, en zonas equivocadas, para fingir que se busca.

“No es justo que alguien que amó tanto a su comunidad desaparezca así”, dice Toño. “Y peor: que nadie lo esté buscando en serio”.

El caso de su padre no es aislado. En Aquila y comunidades vecinas se acumulan asesinatos y desapariciones de opositores a la expansión minera. Uno de ellos fue Eustaquio Alcalá, conocido como Tacho, integrante de la policía comunitaria de Huizontla y firmante de una demanda contra Ternium. Fue asesinado el 1 de abril de 2023. Otro es José Gabriel Pelayo, desaparecido el 29 de marzo de 2024.

Toño habla pausado, pero cada tanto se quiebra: “Es como si México se los hubiera comido”.

¿Por qué tanto interés en estas montañas?

Francisco —nombre falso a petición de él— trabajó en el área administrativa de la mina. Nos reunimos en un parque, bajo sombra, en otro municipio. Mira a todos lados antes de empezar.

“La mina gana muchísimo dinero aquí”, dice. “No solo es que saquen hierro: también controlan el transporte. Tienen su propia empresa de camiones. Y además, según yo sé, se benefician de la extracción ilegal en zonas que todavía no deberían estar tocando”.

Francisco saca del bolsillo una libreta doblada con números que conoce de memoria desde 2021, cuando todavía estaba en nómina. 

Según su cálculo interno, de la mina salen unos 100 camiones diarios. Cada camión hace hasta cuatro viajes al día, con 40 toneladas por viaje. Todo, todos los días del año. Dependiendo del precio internacional del hierro, que dice haber visto moverse entre 130 y más de 300 dólares por tonelada, habla de varios millones de dólares diarios en mineral bruto. Cientos y cientos de millones al año.

En teoría, la comunidad indígena de Aquila tiene un acuerdo de regalías: pagos por cada tonelada extraída, más fideicomisos para salud, educación e infraestructura. En la práctica, comuneros denuncian años de pagos incompletos, manipulación del padrón para decidir quién cobra y quién no, contaminación del río y deforestación alrededor de los manantiales que abastecen al municipio.

“Derrumbaron un cerro y aventaron todo el material en la zona de los veneros”, cuenta Eduardo Sandoval, comunero reconocido en Aquila. “Nos quieren dejar sin agua”.

Sandoval explica otra batalla: la del control político de la tierra. En Aquila hay dos bloques. El mayoritario, que cuestiona a la minera y defiende la asamblea comunal como autoridad legítima. Y un bloque minoritario, ligado a la empresa y señalado por sus vínculos con grupos criminales. Durante años este conflicto impidió elegir autoridades agrarias formales. Sin autoridades reconocidas por el Tribunal Agrario, el dinero de los fideicomisos se congeló. Eso presionó a la comunidad a negociar en desventaja.

Quien intentó destrabar esa situación de manera legal fue, justamente, Antonio Díaz. Lo desaparecieron antes de que pudiera hacerlo. Para los comuneros críticos, no hay duda: “La empresa divide para reinar”.

Fuego cruzado

El CJNG disputa el control del corredor del hierro. Usa drones con explosivos caseros, minas terrestres y armas largas. Las comunidades se organizan en guardias comunales para defenderse. Hay familias desplazadas que caminan horas por la sierra para huir. Hay pueblos enteros que se quedan vacíos de noche.

Y hay silencio.

Silencio impuesto por los hombres armados que patrullan en moto con camisetas blancas del logo naranja. Silencio impuesto por la empresa, que sostiene hacia afuera una imagen de “responsabilidad social”, patrocina festivales culturales y habla de “minería sustentable”. Silencio impuesto por las autoridades, que llegan escoltadas, toman nota y se van.

Silencio en San Miguel Aquila, donde ya casi nadie se atreve a decir lo que todo el mundo sabe.

“Mi papá quería retirarse allá”, dice Toño, sosteniendo una foto donde su padre mira el mar en el Faro de Bucerías. “Me decía que soñaba con levantarse, sentarse en la banqueta y ver pasar la vida. Nada más. Eso era todo lo que quería”.

Hace una pausa larga.

“No es justo”, repite.

Ese es el otro nombre de este lugar: a pesar del ruido de los camiones y de las explosiones en la montaña, esta es la zona del silencio.

*Este reportaje es un adelanto de un libro que se publicará en 2026. La investigación fue posible gracias al apoyo del fondo Investigative Journalism for Europe (IJ4EU) y de Journalismfund Europe. 

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