Airbnb suma 770 espacios en seis meses en CDMX, el Proyecto Memorial Urbano documenta los procesos de desalojo y desplazamiento que hacen esto posible.
Sí: cada dos días, al menos tres viviendas enteras desaparecen del mercado de alquiler tradicional en la capital para convertirse en alojamientos temporales. En solo seis meses y en vísperas del Mundial de Futbol, la plataforma Airbnb sumó 770 nuevos espacios en CDMX, de acuerdo con una revisión realizada a los datos disponibles por el Proyecto Memorial Urbano, una iniciativa ciudadana que lleva meses documentando los efectos de la gentrificación, el turismo masivo y la violencia inmobiliaria durante la última década en la ciudad.
Aunque los desalojos y el aumento del precio del alquiler impactan cada punto cardinal, no es casualidad que en la alcaldía Cuauhtémoc sean más frecuentes: el 46% de la oferta de hospedaje de Airbnb –12 mil 514 espacios– se concentra en esa turística demarcación.
Pero las viviendas no se transforman en airbnb’s por arte de magia.
En 2022, cuando la ciudad apenas se sacudía el estupor de la pandemia de covid-19, en la esquina de Cuauhtémoc y Colima, colonia Roma Norte, una lona publicitaria acaparó media calle. “Preventa –decía–: invierte en departamentos de renta para viajeros”.
El anuncio promovía la venta de pequeños departamentos –“como inversión o para vivir”– en un edificio histórico que sería remodelado por el arquitecto Alfonso López Velarde y amueblado por el interiorista Jonathan Vizcarra, “inspirado en la arquitectura mexicana del siglo XX y el diseño japonés contemporáneo”.
Lo que la lona no contaba es que, para construir esos departamentos, primero hubo que vaciar el edificio: un antiguo complejo de viviendas en la calle Colima, distribuido en los números 11, 13, 15 y 17.
En el número 17 de la calle Colima, una mujer de 42 años, acompañada por su hija de 15, resistió atrincherada durante un mes luego de que cientos de golpeadores –comandados por abogados y actuarios, acompañados por policías– desalojaran con barretas, martillos y amenazas a decenas de familias que vivían en los cuatro predios.
Ocurrió el 26 de abril de 2019. Alejandrina vivía en uno de los departamentos del fondo del edificio marcado con el número 17. Aunque escuchó algo de escándalo, decidió no salir. Los golpeadores no derribaron su puerta ni rompieron sus ventanas; nadie sacó sus muebles a la calle.
El hormiguero de hombres violentos que se encargaba de vaciar el edificio no la amedrentó a ella ni le hizo comentarios soeces a su hija –que estaba en casa, enferma– como sí hicieron con el resto de sus asustados vecinos.
Su hijo mayor trabajaba ese día en Santa Rosa Xochiac, en la alcaldía Álvaro Obregón. Su esposo estaba lejos, quién sabe dónde. En ese entonces estaban pensando en separarse y la situación familiar era complicada.
Tal vez fue por eso, porque las preocupaciones domésticas la tenían demasiado distraída, que tardó tanto en enterarse de lo que ocurría afuera. No supo que ya habían desalojado a todos sus vecinos y que, para asegurarse de que nadie regresara, una inmobiliaria colocaba una cadena enorme con un candado ídem en el portón de la entrada. Alguien más se apresuraba a soldar la cerradura.
Alejandrina tardaría un mes en salir de esa pesadilla.
Una esquina millonaria
El caso de Alejandrina es uno de los cientos de desalojos y desplazamientos que el Proyecto Memorial Urbano ha documentado en los últimos meses. Se trata de un esfuerzo coordinado entre varios colectivos –en el que participa Fábrica de Periodismo– que busca construir una memoria pública de los desalojos y desplazamientos forzados en la capital.
Además de los testimonios directos, recogidos a través de entrevistas y formularios en línea, las organizaciones involucradas reúnen datos de distintas fuentes para entender cómo la voracidad inmobiliaria está transformando la ciudad.
–Nos dijeron que cuestan 8 millones de pesos cuando llamamos al número del anuncio. Eso fue hace uno o ya dos años.
Habla Sergio Olguín, el hijo de Alejandrina: la mujer que quedó encerrada durante mes al interior de Colima 17. Ambos se acompañan esta tarde. Estamos en el Parque Pushkin, enfrente del edificio del que fueron desalojados. Alejandrina y Sergio desean que su caso sea documentado por el Proyecto Memorial Urbano: el desalojo les provocó un daño emocional severo del que todavía no se recuperan.
–No tuvimos derecho a ser escuchados en un juicio –dice Sergio, quien tenía 18 años en el momento del desalojo–. El edificio estaba intestado y estábamos intentando regularizarnos. El problema es que quien administraba todo era un abogado que también era vecino. Él nos traicionó, vendió toda la información y se dio a la fuga. La orden del desalojo fue contra un vecino que no existía y con esa orden desalojaron cuatro inmuebles.
No quedan rastros de las más de 40 familias que durante décadas habitaron este complejo habitacional. En su lugar se levanta un edificio cubierto con una lona que replica la fachada original —protegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes por su valor artístico—. Hay un par de pisos más y varillas de los castillos que aún sobresalen de sus alturas, esperando que se termine la obra.
“Departamentos de inversión en venta”, reza el nuevo anuncio firmado por la inmobiliaria Iterativa. En internet se promociona así: “Casa Colima 17. Proyecto unico de inversion tipo condohotel, ya sea que lo quieras como inversión o para vivir, esta listo y amueblado, con entrega para estrenar en el 2026… ”(sic).
Precio: poco más de cinco millones de pesos.
El mismo año en que se desalojó Colima 17, la misma inmobiliaria Iterativa —junto con su empresa hermana Público Coworking— llevó a cabo el mismo y exacto proceso de desalojo forzado contra otra veintena de vecinos del Edificio Trevi, en la Alameda Central. También allá hicieron explícito el propósito de convertirlo en un “hotel boutique” a través de Airbnb.
Ambas historias guardan patrones: edificios antiguos con décadas de historia, familias de toda la vida, juzgados que permitieron trampas y arbitrariedades contra los vecinos, golpeadores que hicieron el trabajo sucio y, al final, departamentos de lujo para turistas.
Seis, casi siete años después, el fenómeno se acelera ante la fiebre mundialista.
Según el análisis de datos de Inside Airbnb procesado por el Proyecto Memorial Urbano, para junio de 2025 Airbnb contaba con un total de 27 mil 51 alojamientos activos en CDMX: 770 más espacios que seis meses antes.
“Del total de alojamientos activos, 17 mil 713 corresponden a viviendas enteras —283 más que en diciembre pasado—, lo que arroja el ritmo de tres inmuebles completos perdidos para los residentes cada 48 horas. Los cuartos privados, por su parte, aumentaron en 387 unidades ,hasta alcanzar las 8 mil 995, un ritmo de dos habitaciones diarias que, en términos prácticos, equivale a un departamento pequeño que deja de estar disponible para habitantes de la ciudad cada día”.
Casas o mercancía: la ilegalidad de Airbnb en la CDMX
Aunque la ciudad lleva un par de años haciendo tímidos intentos por regular la voracidad de Airbnb y sus efectos nocivos para los habitantes promedio de la capital, los datos revisados por Proyecto Memorial Urbano son desalentadores.
En 2023, por ejemplo, se reformó la Ley de Turismo de CDMX para que ningún alojamiento anunciado en Airbnb pudiera ser rentado por más de 180 noches al año, con el objetivo de desincentivar la conversión de vivienda permanente en alojamiento turístico y de evitar la competencia desleal con los hoteleros de la ciudad.
Pero no sido así: 7 mil 532 propiedades —el 28% del total— ya excedían desde mediados de 2025 el límite de noches ocupadas proyectadas para todo 2026.
El incumplimiento, además, está concentrado en unas pocas manos, como el negocio mismo: de los 4 mil 725 anfitriones que rompen la ley, 959 acaparan la mitad de estas propiedades con exceso de operación. Es decir, uno de cada cinco anfitriones que incumplen este límite legal controla la mitad de los alojamientos que la infringen.
El acaparamiento es el sello distintivo de Airbnb: un negocio de pocos que afecta a cada vez más personas. Apenas el 10% del total de anfitriones y gestores controlan la mitad de todos los Airbnb disponibles en la ciudad.
Los números desmienten la narrativa de que mayoritariamen son pequeños propietarios que rentan una habitación para llegar a fin de mes, o que una familia alquila su vivienda completa durante unas pocas semanas al año: Airbnb opera, en sus dos terceras partes, como una industria profesionalizada, con grandes gestores que administran múltiples propiedades y que, según estimaciones del sector, cobran a los dueños entre el 25% y el 30% de los ingresos por administración.
Hace mucho tiempo que Airbnb dejó de ser un fenómeno espontáneo o una suma de decisiones individuales en Cdmx. Hoy se trata de una máquina bien engrasada que ofrece comodidades a viajeros a costa del desahucio de habitantes locales y de la instalación de hoteles pirata en edificios de vivienda tomados por el mercado.
Si este negocio funciona es gracias a que las leyes no se cumplen, a los funcionarios judiciales que se corrompen, a los grupos de golpeadores y lanzadores que rentan sus servicios sin regulación alguna, a la policía que acepta participar en desalojos ilegales, a los abogado que traicionan a sus representados y a las autoridades que aplazan eternamente las posibles soluciones.
Mientras tanto, un departamento al día, tres casas cada dos días, desaparecen del mapa para convertirse en mercancía.
32 días atrincherada
Hoy, desde la banca del Parque Pushkin, Alejandrina mira el edificio de seis pisos que creció donde estuvo su casa. No reconoce nada y, la verdad, le incomoda caminar por aquí: le recuerdan los 32 días que pasó encerrada ahí dentro, cuando su casa la sentía aún suya y la ciudad no se había tragado su historia.
Durante las primeras dos semanas, Alejandrina creyó que todo se resolvería. Los vecinos desalojados se acercaban a la reja soldada y le pasaban tortas, frijoles, agua embotellada. “Eres nuestra esperanza”, le decían. Algunos llevaban 40 años viviendo en esos predios y habían visto pasar gobiernos, leyes, promesas. Que Alejandrina estuviera todavía dentro, pensaban, podía obligar a las autoridades a negociar: confiaban en que la presión mediática y las negociaciones con la inmobiliaria darían resultado.
Mientras su hijo, Sergio, intentaba lograr que algún fiscal o alguna autoridad lo tomara en serio, o hablaba a ciegas con abogados y periodistas, intentando que su juventud –apenas 18 años– no se le notara demasiado, Alejandrina y su hija de 15 hacían guardias por las noches, turnándose para dormir. Su ahora exesposo vigilaba la calle e intentaba mantenerse alerta, apoyar en lo que fuera.
Pero pasaron los días y luego las semanas. Las visitas de los reporteros comenzaron a espaciarse. Las guardias vecinales se redujeron: si antes era todo un campamento, luego sólo Mari Cruz y su esposo pasaban la noche en la acera. Las tortas llegaban con menos frecuencia. Y el temor se desató.
Empezaron a recibir llamadas cada vez más violentas. Voces que sabían su nombre, la edad de su hija, la escuela a la que iba, el horario de Sergio en el trabajo, la ruta que tomaba su esposo. “Ya te tienes que salir por las buenas, porque si no te vamos a sacar por las malas”, le susurraban. Su hija sustituyó el sueño por el llanto mientras las sombras se adueñaban de los pasillos. Todo daba miedo.
Decidieron dar por terminado todo el asunto. A las cinco de la mañana de un día de finales de mayo, cuando la guardia vecinal desaparecía, apareció un camión de mudanzas y un herrero. Con una cizalla, cortaron la cadena y la soldadura. Cuando la reja cedió, Alejandrina salió con su hija de la mano.
La voz se corrió rápido. Los vecinos de los predios aledaños y muchos de los que semanas antes le habían pedido que resistiera, la recibieron con gritos: “vendidos”, les dijeron, “seguro les pagaron por irse”. Eso fue lo que más dolió: saberse en una doble cárcel. La necesidad de sus vecinos de mantenerla allí adentro para continuar con las negociaciones, el estigma de que algunos medios la juzgaran como una “invasora”, las amenazas y el miedo. Alejandrina caminó media cuadra, dobló en Cuauhtémoc y, en una papelería, compró un chip nuevo para su teléfono. El viejo lo partió en dos y lo tiró.
Tres años después, vive en la alcaldía Azcapotzalco, en un departamento de una recámara que renta en nueve mil pesos, junto con su hija. Su exesposo, cuyo negocio de antigüedades estaba en la planta baja de Colima 17, ahora vende en la Lagunilla. Su hijo Sergio vive en la alcaldía Álvaro Obregón. La familia se fragmentó en tres direcciones. Cada vez les cuesta más verse.
–Ya no van a regresarme todo lo que me quitaron, pero sé que debe haber un camino para que se nos restituyan el daño que nos hicieron.
En 2024, Alejandrina y otras mujeres que solían vivir en la Roma comenzaron a buscarse y a reunirse de manera informal. Una amiga en común las contactó una a una: todas habían sido desalojadas. Decidieron unirse y buscar la forma, los caminos políticos e institucionales para buscar ser devueltas al barrio del que fueron expulsadas. El colectivo Mujeres contra la Gentrificación reúne a mujeres de más de 30 predios desalojados en la colonia Roma.
Aunque la alcaldía Cuauhtémoc –donde ocurrió el desalojo de Colima 17– se mantiene como el epicentro indiscutible de la gentrificación en Cdmx–, la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez y Coyoacán concentran el 81% de la oferta total de Airbnb en Cdmx.
El día de ayer, en Tacubaya, alcaldía Benito Juárez, un grupo de vecinos proyectó una serie de mensajes en los edificios Ermita e Isabel: “Ley de rentas justas”, “No más gentrificación”, “Desalojo silencioso”. El Edificio Ermita fue desalojado en 2020. El Edificio Isabel sigue ahora sus pasos: a los vecinos les han querido aumentar la renta de manera desproporcionada a pesar de la reforma al Código Civil de la CDMX que en 2024 estableció un tope anual al aumento del costo del alquiler.
–Tenemos que unirnos –dice Alejandrina que ha seguido con atención los casos de desalojos de los últimos años–. No hay otra forma, en serio. Aunque sea difícil. Y sí va a ser difícil. Pero no hay de otra que comenzar a unirnos todos.
