"Estamos viviendo una quemazón de nuestra salud mental", dicen los vecinos de República de Cuba 11 tras mantener un campamento a pie de calle durante exactamente un año y demostrar que su desalojo fue producto de un fraude procesal.
Angélica Gómez lleva un año sin dormir de corrido. Es algo de lo que a veces habla en sus sesiones de terapia: se despierta dos o tres veces por noche, siempre entre las tres y las cuatro de la madrugada, con el pecho apretado y el oído alerta. El cuerpo no olvida. Es como un eco de lo que ocurrió aquella madrugada del 27 de agosto de 2025, cuando un grupo de hombres desconocidos rompió la puerta de su casa y entró a gritos y empujones, abrió todos sus cajones, hurgó en su ropa, vació sus muebles, los sacó a la calle y robó su computadora, dos discos duros con datos sensibles y cinco mil pesos en efectivo.
Angélica es una mujer joven, de cabello negrísimo y anteojos grandes. Es una de las vecinas que fue desalojada hace un año del edificio ubicado en el número 11 de la calle República de Cuba.
Ahora vive en otra colonia, con su perrita, en un departamento que logró conseguir después de meses de guardar todas sus pertenencias en una bodega. Pero su vida sigue anclada a una banqueta del Centro Histórico de la Ciudad de México, a unos metros de donde estaba su hogar.
Desde hace un año, ella y las otras familias y locatarios desalojados aquel día mantienen un campamento sobre los adoquines, en medio de los bares y los antros, soportando de todo: desde los aguaceros hasta las multitudes que atraen los eventos masivos del Zócalo.
–Ha sido extenuante –dice Angélica–. Todos los vecinos tenemos que hacer guardias de cinco horas una vez a la semana y al menos una vez cada tres noches. Ha sido sumamente pesado equilibrar la vida laboral con la vida personal, los cuidados con el resguardo del plantón.
En su caso, su trabajo le permite un horario flexible. Pero aun así, sus circunstancias actuales le impiden tener una vida más allá del propósito inmediato de mantener el campamento y organizarse con sus vecinos para regresar a casa. Abandonó sus clases de baile, dejó de ir al cine, a fiestas. Ni hablar de tomarse unas vacaciones. Su poco tiempo libre lo invierte en hacer guardias, acaso ir al médico, atender trámites.
–Tomo terapia para no explotar –dice–. Muchos de mis vecinos han somatizado el estrés. Sufren diarreas, gastritis, contracturas, problemas de rodillas. Otros han recaído o empeorado de problemas renales. Mi padre que también vivía aquí sufre diabetes y yo lo he visto deteriorarse. Camina cada vez más lento. Incluso dejó de manejar porque los reflejos ya no le dan. Sin mencionar las enfermedades respiratorias derivadas de estar aquí en la calle.
Los efectos en la salud han ido mucho más allá: tres de sus vecinos han muerto desde el desalojo ocurrido en 2025.
–A todo el estrés del desalojo, a todo el desgaste de organizarse, de resistir en la calle, hay que sumar también el duelo. –dice Angélica–. A estas alturas estamos viviendo una quemazón ya en términos de salud mental: el desgaste físico y mental es demasiado.
Una historia de vampiros
Lo que sostiene a Angélica y a sus vecinos, lo que los mantiene en pie después de 365 días con sus noches, sus lluvias torrenciales, sus desvelos y discusiones, es una sola esperanza: la promesa de que el gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de Vivienda, expropie el edificio en su favor, algo que podría ocurrir en las siguientes semanas.
El abogado Arturo Aparicio, quien ha acompañado a los vecinos de Cuba 11 desde el día en que fueron desalojados, ha revisado uno a uno los documentos judiciales del caso y lo que ha encontrado es, cuando menos, inquietante: que la presunta compraventa del edificio realizada en 2024 no tiene firmas de testigos que la validen, por ejemplo. O que la notificación judicial a los vecinos, como terceros interesados, fue recibida por una inquilina llamada María Esther.
María Esther: la madre de Angélica.
María Esther: la esposa de don Manuel, otro de los vecinos, que, antes del desalojo, vivía en un departamento junto a su hija.
Pero resulta que María Esther, al momento de supuestamente recibir la notificación, tenía seis años de haber fallecido.
Angélica escucha el nombre de su madre y se lleva la mano al pecho.
Porque alguien, presumiblemente ligado a los antros que pululan en estas cuadras, compró este edificio en 2024 y decidió que esta gente les estorbaba. Y para desalojarlos usaron el nombre de una mujer muerta, su madre.
No es la primera vez que algo así ocurre en el Centro Histórico. El 12 de marzo de 2019, por ejemplo, ocurrió un desalojo en el número 45 de la calle Francisco I. Madero, a unas pocas cuadras de República de Cuba.
Fue más o menos la misma escena: decenas de personas desalojadas por un batallón de cargadores. El inmueble pertenecía a la fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama –una fundación que carga su propio historial de desahucios–. En 2019, una mafia de abogados demandó a un vecino formalmente fallecido dos años antes, Arturo Guillén Flores, para exigir su salida. El problema, según los documentos revisados por los abogados de la fundación, es que Arturo Guillén Flores se presentó en el juzgado a aceptar los términos.
Una persona muerta, según los documentos, se presentó en el juzgado a declarar.
Ahora mismo, en la colonia Roma, en la calle Tonalá número 351, un grupo de vecinos pelea por expropiar un edificio. Después de años de pagar renta, los vecinos comenzaron a inconformarse: la inmobiliaria se negaba a entregarles contrato de arrendamiento o al menos algún recibo por el alquiler mensual. Si algún vecino se atrasaba por un día, la administración les cortaba el agua o la luz. Y si se atrasaban por más de una semana, alguien violaba la cerradura y robaba lo más valioso que estuviera a la vista.
Después de años de maltrato, los inquilinos descubrieron que los dueños del edificio llevaban muertos varios años. La inmobiliaria que les cobraba renta y los hostigaba lo hacía bajo el amparo de un “poder administrativo” firmado por uno de esos propietarios ya fallecidos. Y como los vecinos ahora intentan demostrar el fraude, se les ha acusado de despojo.
No debe ser casualidad que muchas historias de vampiros —desde Drácula hasta Salem’s Lot— comiencen con una transacción inmobiliaria.
El fin de los oficios
Ha pasado un año entero. En este tiempo, los vecinos de Cuba 11 han logrado demostrar que su desalojo fue fruto de un fraude procesal. En los primeros meses de su plantón documentaron que el notario que otorgó la fe pública para validar esta transacción –Octavio Eduardo Soto Hernández, titular de la notaría 6 de Tizayuca, Hidalgo– está ahora en prisión acusado de fraude por otro caso similar.
–Ha sido un cambio drástico –dice la señora Blanca Tello, de 73 años–. Además de los días que me toca hacer guardia, perdí horas de sueño. Duermo cuatro, cinco horas al día.
La señora Tello es artesana: fabrica sellos, un oficio que heredó de su padre, quien a su vez lo heredó de su abuelo. “Sellos Tello” se llama su negocio. Es una labor delicada porque involucra fabricar estampas para instituciones y dependencias gubernamentales, para las cuales necesita autorizaciones y permisos.
En Cuba 11 existían diversos giros comerciales: una cerrajería, una tienda, un puesto de quesadillas, locales de reparación de máquinas de escribir, una imprenta. Al desgaste de mantener un campamento durante un año, hay que agregar las pérdidas económicas que enfrentan las familias que dependían de estos negocios. Muchos de ellos, como la señora Tello o su nuera Coral, que preparaba comida corrida, han intentado continuar trabajando dentro del mismo campamento.
–Tengo clientes que son de Morelos o del Estado de México. Pero como el desalojo fue sin previo aviso, porque fue fraudulento, no pude avisarles porque la línea telefónica se quedó adentro. La pérdida fue bastante. Pasé de tener 25 clientes a solo 10.
Lo mismo ocurre con Miguel Reyes, de 72 años, especialista en electrónica y que dedica su vida a reparar electrodomésticos, máquinas de escribir, calculadoras. En 26 años de trabajar por el rumbo ha visto la transformación de la calle, antes plena de vida barrial y de oficios –peluqueros, zapateros, sastres– y ahora convertida en uno de los principales focos de la vida nocturna.
–Todo esto ha sido una cosa desagradable –dice ahora desde su taller improvisado en la esquina de la calle–. Pues sí, ha sido injusto. Todo por la ambición de unos y la corrupción de otros. Además hay que ejercitar la tolerancia con los vecinos. Que tampoco es fácil.
Más que un lugar, el campamento parece a veces un estado emocional. Una sensación en donde se acumula la incertidumbre, el desvelo y las discusiones, los desencuentros, la neurosis y el cansancio que implican resistir y convivir entre muebles apilados bajo carpas de plástico durante 12 meses y contando.
La expropiación: una declaración de intenciones
El desalojo de República de Cuba 11 ocurrió en un momento clave: apenas un mes después de una protesta multitudinaria en la Condesa contra la gentrificación obligó a Clara Brugada a anunciar un paquete de políticas que, un año después, no se han concretado.
Ese contexto, y los numerosos desalojos registrados durante aquellas semanas, explican el apoyo casi unánime que recibieron los vecinos.
—En Cuba 11 confluyen varios aspectos importantes —dice el abogado Arturo Aparicio en entrevista—. El caso se volvió referencia de lo que pasa en la ciudad. Los vecinos, pese a sus diferencias, están unidos. Y el titular del INVI, Inti Muñoz, conoce mi trabajo. Sabe que he acompañado causas legítimas. Él y yo no somos amigos. Pero hay respeto y diálogo.
Aparicio ha defendido, por ejemplo, al Pueblo de Xoco en su batalla contra el gigante Mítikah. Ha representado también a los pueblos de Santa Cruz Atoyac y a otros pueblos originarios de la ciudad que buscan frenar grandes proyectos que violan las normativas urbanas.
En el caso de Cuba, su representación fue clave para que los vecinos pudieran defenderse y, en un primer momento, recibir ciertos apoyos gubernamentales. La más significativa: un monto para amortizar el alquiler de una vivienda o pagar una habitación de hotel donde pernoctar, despés del desalojo.
La idea de impulsar una expropiación del inmueble, en lugar de pelear por el retorno de los vecinos en calidad de inquilinos, fue suya. Porque el edificio de República de Cuba 11 está intestado: el dueño legítimo murió hace décadas. Los vecinos tenían años sin pagar un alquiler porque no existía a quién pagárselo. Así fue hasta que, por medio de un notario cómplice, alguien intentó apoderárselo.
Hasta ahora, el gobierno ha expedido dos avisos de utilidad pública anunciando la expropiación de República de Cuba 11. Si existe un propietario legítimo, debe exhibir la documentación para cobrar una indemnización a precio comercial.
—Hasta ahora no ha ocurrido —dice Aparicio—. No ha ocurrido porque la contraparte no ha podido demostrar que son propietarios legítimos. El asunto es que si reclaman la propiedad, le dan armas a gobierno para perseguirlos por fraude procesal. Si no lo hacen, el fraude también queda al descubierto.
Aparicio insiste: la expropiación no es un premio, sino una herramienta para que los vecinos puedan pagar su vivienda a través de un crédito social. El problema es que la palabra “expropiación” es casi un tabú y ha sido satanizada no pocas veces por el sector empresarial, que la asocia de manera sensacionalista con el comunismo, con Venezuela, el fin de la propiedad privada y de la civilización.
Durante años, el gobierno solo se ha atrevido a expropiar inmuebles en alto riesgo de colapso. Esta sería la primera vez que se expropia un edificio de viviendas con el fin explícito de controlar la gentrificación.
—El gobierno nos ha expresado que temen que se cree un precedente: que se piense que todo se va a resolver con expropiaciones —dice Aparicio—. Pero con expropiaciones se han creado hospitales, universidades, carreteras, espacios que benefician socialmente. ¿Por qué para vivienda no?
El decreto tendría que haber sido emitido hace semanas pero se ha retrasado. A Aparicio le preocupa la influencia que ciertas empresas inmobiliarias ejercen sobre funcionarios y políticos. Ya, en otros momentos, Aparicio ha sido testigo de cómo este sector es capaz de coaccionar a jueces, diputados o medios de comunicación para inclinar la balanza en su favor.
En junio pasado, durante la celebración del partido de México contra Corea, en el Mundial de Futbol, un grupo de personas intentó acceder al inmueble por la fuerza. Según reportaron algunos medios locales, se trataba de “nuevos inquilinos”: un truco legal por medio del cual, los desalojadores pretendían posesionarse del inmueble. Fueron repelidos por los mismo vecinos.
–El INVI asegura que estamos avanzando en firme en torno al desalojo –dice Aparicio–. Según me informan, la próxima semana podría haber una respuesta contundente.
Aparicio y los vecinos quieren confiar. Saben, sin embargo, que no pueden bajar la guardia.
Una fogata en Eje Central
Otra vez el fuego.
Otra vez es 27 de agosto.
Son las cuatro y media de la tarde y una llamarada se eleva hacia el cielo desde Eje Central, deteniendo en seco a los automóviles, trolebuses y metrobuses que atraviesan la ciudad de norte a sur. El aire se llena de humo y de claxonazos enojados en segundos. Así ocurrió hace un año exactamente, después del desalojo: los vecinos decidieron, en común acuerdo, prender fuego a sus colchones y a sus roperos para denunciar el atropello.
El fuego de hoy es más discreto: apenas unos huacales de madera que no alcanzan más que para 20 minutos de fogata. Pero allí están las mismas personas de aquel entonces: estas mujeres que avanzan a paso lento apoyadas en su bastón, estos sexagenarios afectados por la diabetes o las reumas. Ahí están Jorge, Manuel, Rocío, Blanca, Diana, Miguel, Lourdes, Lilia.
Angélica, la hija de don Manuel, la que todavía despierta con sobresalto cada madrugada también está allí. Pero hoy no piensa en sus desvelos sino en los vecinos ausentes, los que se han quedado en el camino.
Falta Adrián Montoya Camacho, quien reparaba máquinas de escribir, impresoras y scanners en esta esquina. Murió días después del desalojo. De la pura tristeza, dijo su familia. Ver todas sus cosas —sus muebles, las máquinas, los encargos de sus clientes, su vida y su trabajo— apiladas como basura en la calle… uno no se recupera fácilmente de algo así.
José Salvador Crescencio Esquivel Alcántara tenía 78 años. Falleció en el hotel Dos Naciones. Ya se le iban un poco las cabras por la edad y también por varias enfermedades y un cáncer que le atenazaba el cuerpo. Pero en Cuba tenía al menos un techo y los cuidados de una comunidad. Estaba solo en el mundo, salvo por sus vecinos. Fueron ellos quienes lo encontraron en el Hospital Rubén Leñero después de buscarlo por días. Si no hubiera sido por el desalojo, Salvador probablemente estaría todavía entre ellos, en la calma de tener un techo y un poco de compañía.
La última fue la señora Lupita, el 10 de agosto pasado. Tenía 97 años y vivía en República de Cuba 11 desde los 16. Vivía con su hijo Jorge y murió con el anhelo de algún día regresar a la casa que habitó por más de siete décadas. Allí, en el patio de ese edificio, celebró su boda y allí también crió a su único hijo. El día del desalojo estaba sola. Los cargadores la sacaron como a un mueble a pesar de que dependía de un tanque de oxígeno. Su mayor ilusión era regresar a casa.
Los vecinos de Cuba 11 procuran honrar esas pérdidas. Las máquinas del señor Montoya se mantuvieron durante casi medio año en la esquina donde él alcanzó a apilarlas antes de morir. Su foto estuvo durante semanas en los postes de luz y en los muros de los bares. Hasta hace unos días había veladoras para la madre de Jorge en las mesas del campamento. Pasó lo mismo con Salvador.
–Son nuestros ángeles –me dijo hace poco una vecina–. No hay nada que pueda reparar ese daño. Aunque ganemos la batalla, ¿quién nos va a devolver todo lo que perdimos este año?
