La experiencia de Milko Manrique, un hombre de 72 años que lo ha perdido todo en estos días, es colectiva: más de 12 mil venezolanos perdieron sus hogares el 24 de junio, cuando dos terremotos sucesivos de 7.2 y 7.5 grados sacudieron al país. La devastación ha sido enorme y las pérdidas también.
Al 3 de julio se han confirmado 2 mil 645 fallecimientos y más de 12 mil 600 heridos. La cifra de desaparecidos también es muy elevada. La Organización de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de Rescate hablan de unos 50 mil desaparecidos.
Para mañana, las cifras serán peores. Y para pasado mañana también y así, día a día, irán incrementándose.
Los desastres de este tipo tienen un componente sociopolítico. “El riesgo de desastre no depende solo de la amenaza natural; también es resultado de cómo una sociedad construye vulnerabilidades mediante sus decisiones económicas, urbanísticas, sociales y políticas”, ha concluido la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Dicho de forma simple: más allá de la potencia con la que las fuerzas naturales se hayan manifestado, el resultado depende en gran medida de las acciones pasadas y presentes del Estado. Y aquí en Venezuela el Estado ha estado ausente de muchas maneras.
Los terremotos golpearon un país en el que a los hospitales les faltan insumos, el servicio eléctrico fuera de Caracas presenta cortes diarios, el servicio de agua presenta fallas, la cobertura de señal de telecomunicaciones es débil en muchos lugares e inexistente en varios. Los terremotos ocurrieron en el peor lugar posible. Y son los ciudadanos quienes están pagando el precio de la negligencia institucional.
A ello hay que sumar un tema crucial: la corrupción. Transparencia Internacional ubica a Venezuela en el lugar 180 de los 182 países con mayor Índice de Percepción de Corrupción. Los recursos que no se usaron en salud, seguridad, infraestructura y otros rubros, han sido malversados.
La reacción ciudadana a la catástrofe no tiene precedente en el país. Donde hay escombros, se ve a civiles trabajando con pico y pala, buscando a personas, con o sin vida. Su queja es constante: necesitan más apoyo. Aun así, la solidaridad ha sido masiva. Los centros de acopio han aparecido por toda Venezuela. Se encuentran en casi todas las calles.
Pero también el desorden y el caos. Desde que el gobierno emitió la obligación de poseer un salvoconducto para ir a La Guaira, una de las zonas devastadas por el terremoto, se han observado enormes colas en el Poliedro de Caracas, un centro cultural icónico. Las personas están desesperadas por ayudar.
“Haz las fotos que quieras. La gente tiene que saber esto”, dice un policía ante el que lleva la cámara. Es una respuesta sorpresiva en Venezuela, donde los policías, muchos fieles a la dictadura, suelen intimidar a los periodistas. Aún así, el oficial se niega a declarar. Todos los demás uniformados también. Lo tienen prohibido. Hay policías y militares contribuyendo en las tareas, sí, pero la cantidad de civiles en las calles habla por sí sola.
La ayuda internacional ha llegado en oleadas. Naciones Unidas ha enviado varios equipos. Estados Unidos, cuyas fuerzas de élite capturaron a Nicolás Maduro y se lo llevaron a la prisión de Brooklyn, Nueva York, para dejar un gobierno a modo, ha donado 150 millones de dólares y mandado a especialistas. Rescatistas y personal de más de una docena de países, entre ellos México, España, Alemania, Francia e Italia, han apoyado en las labores de rescate y otras actividades urgentes.
Una nota publicada en Reuters ha reportado denuncias de familiares de fallecidos que aseguran que los policías han robado ayuda humanitaria y pertenencias de las víctimas. La agencia Associated Press informó que muchos ciudadanos atribuyen las acciones de las fuerzas de seguridad a un intento más de controlar e intimidar a la población. No se puede ignorar que el gobierno venezolano no ha dejado de ser una dictadura.
De hecho, las autoridades desbloquearon la plataforma X varias horas después de que los terremotos cimbraran al país. Habían impedido el acceso a partir del fraude electoral del 2024. La catástrofe obligó a las autoridades a permitir que la ciudadanía se informara de los acontecimientos a través de esa red social, pero esa “primavera” y apertura no duraron gran cosa. Después de una semana de recibir reclamos y denuncias, restringieron de nuevo su acceso.
* * *
Milko Manrique, de 72 años, se encontraba en el apartamento de uno de sus sobrinos cuando sonó la alarma sísmica de su teléfono. Entre semana, vive en Caracas; fines de semana, en La Guaira. De lunes a jueves se queda con sus familiares debido a sus problemas cardíacos: si sufre un infarto repentino -que ya le ha pasado dos veces-, alguien debe estar cerca. El apartamento estaba en la avenida Baralt, en el oeste de Caracas-, en un sexto piso. Cuando el edificio comenzó a moverse, salió lo más rápido que pudo. Entre tantos vecinos, era difícil moverse.
Ya afuera, Milko pensó, de inmediato, en que su apartamento guaireño probablemente no había sobrevivido. La Guaira fue la ciudad venezolana más afectada por el terremoto. Milko se enteró de que quedó destruido. El llanto fue constante durante dos días. Y como dejó de conducir cuando sufrió su segundo infarto, tuvo que pedir ayuda a un amigo taxista. Sus sobrinos querían impedirle que fuera allá. “Les dije que tenía que ver eso porque así cierro esto”.
Muchos se sorprendieron al verlo caminar en el conjunto residencial Las Quince Letras, de La Guaira. Lo daban por muerto. Supo de muchos vecinos que no alcanzaron a sobrevivir. Ahora tendría que vivir con sus sobrinos de manera permanente. Había perdido el patrimonio conseguido con años de esfuerzos.
