Amnistía Internacional: autoridades usan el sistema penal para investigar y espiar a defensoras de DH
La organización documentó la investigación y espionaje de la PGR contra la abogada Ana Lorena Delgadillo, la periodista Marcela Turati y la antropóloga forense Mercedes Doretti por su trabajo sobre las fosas de San Fernando.
El sistema penal de México es usado para perseguir a defensoras de derechos humanos, como es el caso de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, quienes investigaban y que acompañaban a víctimas de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, denunció la organización Amnistía Internacional México en su último informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó y espió en 2016 a las tres defensoras cuando trabajaban en esclarecer las masacres de personas migrantes en las que 196 cuerpos fueron hallados en 48 fosas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas, quienes, de acuerdo con la versión oficial, fueron víctimas de Los Zetas.
Ana Lorena se convirtió en representante legal de familiares de personas migrantes desaparecidas y colaboró en la documentación de irregularidades en el caso de San Fernando. Mercedes comenzó a participar como perita independiente, a la cabeza del Equipo Argentino de Antropología Forense parte de la investigación oficial. Marcela Turati trabajó desde meses atrás reportajes sobre el caso, los cuales supo, a través de organizaciones de derechos humanos, incomodaron al personal de la PGR.
El informe documentó cómo personal de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) usó recursos de la investigación de las fosas de San Fernando para espiar a las tres personas defensoras al incluirlas en la misma carpeta de investigación que incluía a Los Zetas y a la policía municipal.
Amnistía Internacional expuso que se utilizó sin fundamento el marco jurídico de secuestro y delincuencia organizada para solicitar ilegalmente información de telecomunicaciones para conocer a quiénes llamaron y dónde estuvieron la periodista, la abogada y las antropóloga, y se solicitaron sus datos personales para analizar sus firmas sin haber cumplido con las formalidades que exige la ley, entre ellas la falta de una autorización judicial.
La organización resaltó que los agentes de la SEIDO realizaron diligencias de investigación sin darle a ninguna de las tres la calidad de “imputadas” y sin notificarles de la acusación en su contra.
Sumado a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerró en 2023, ya en la gestión de Rosario Piedra Ibarra, la queja que interpusieron las tres defensoras, sin hacer un análisis detallado y correcto sobre las violaciones a sus garantías, bajo el argumento de que las diligencias se hicieron conforme a derecho. La queja se reabrió solo después de que presentaron un amparo y de varias gestiones por parte de ellas.
“Se desconoce si el espionaje e investigación contra ellas continúa. Ana Lorena, Marcela y Mercedes permanecen sin acceso a reparaciones por las violaciones de sus derechos humanos y con una amenaza constante de que el uso indebido del sistema de justicia penal continúe investigándolas, sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso”, destacó Amnistía Internacional.
La organización señaló que las víctimas han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales, como afecciones ginecológicas, hackeos y obstáculos para realizar su trabajo profesional. Sin que haya funcionarios castigados por este caso.
“Con estas acciones persecutorias, las autoridades mexicanas generan temor no solo a las tres mujeres defensoras, sino también a otras personas defensoras de derechos humanos que están en todo su derecho de contribuir con su trabajo a la vigencia de los mismos. Es inconcebible que, por esta labor, una persona sea perseguida penalmente. Los tres niveles de gobierno tienen la obligación de velar por la vigencia de los derechos humanos y no por profundizar la impunidad”, declaró Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
