Jueza federal ordena cierre de Alligator Alcatraz
Una jueza federal dio 60 días para desmantelar "Alligator Alcatraz", la cárcel para migrantes en los Everglades: hay 78 mexicanos detenidos.
Una jueza federal ordenó este jueves el cese de las operaciones del polémico centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, tras aceptar una demanda que alegaba daños irreparables a este ecosistema protegido. La magistrada Kathleen Williams dio un plazo de 60 días para desinstalar la infraestructura del campamento y prohibió el ingreso de nuevos detenidos.
Recientemente, el Consulado de México en Miami informó que actualmente hay 78 mexicanos retenidos en la cárcel conocida también como “Alcatraz de los Caimanes“. En total, la prisión alberga 348 detenidos.
La orden judicial, emitida en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, representa una victoria significativa para los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, que interpusieron la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). El fallo prohíbe la expansión del centro y el envío de más personas, y dictamina que en un plazo de dos meses se deben remover todas las cercas temporales, así como las luces artificiales, generadores de energía y sistemas de deshechos.
“La Reserva Nacional Big Cypress se creó para proteger esta zona. Desde entonces, todos los gobernadores de Florida, todos los senadores de Florida y un sinfín de figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades. Esta Orden no hace más que cumplir los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas”, fundamentó la jueza Williams en su sentencia.
El centro “Alligator Alcatraz” fue levantado en apenas ocho días a finales de junio en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, al oeste de Miami, sin consulta pública ni revisión medioambiental. Construido con carpas de lona, baños portátiles y tráileres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), tenía capacidad para albergar hasta 5.000 personas. El gobernador republicano Ron DeSantis lo describió como un “todo en uno” que permitiría deportar rápidamente a los detenidos gracias a la larga pista de aterrizaje de 3.200 metros.
La demanda, interpuesta por los grupos Amigos de los Everglades, Earthjustice y el Centro para la Diversidad Biológica, alegaba que las autoridades violaron leyes federales al no realizar estudios de impacto ambiental previos. La tribu Miccosukee se sumó al pleito, argumentando que el centro, situado a menos de 20 kilómetros de sus comunidades, profanaba tierras que consideran sagradas y amenazaba los progresos en la restauración de los Everglades.
Las reacciones de los demandantes no se hicieron esperar. Eve Samples, directora ejecutiva de Amigos de los Everglades, calificó el fallo como “una victoria histórica para los Everglades y para innumerables estadounidenses que creen que esta área silvestre en peligro debe ser protegida, no explotada”. Por su parte, Talbert Cypress, jefe de la Tribu Miccosukee, celebró la decisión y afirmó que su pueblo seguirá “luchando para garantizar que el gobierno no eluda sus requisitos legales de revisión ambiental en tierras públicas confiscadas, sagradas para nuestro pueblo”.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, había calificado previamente la demanda como “sin fundamento”. La orden de la jueza federal Williams se produce después de que, hace dos semanas, hubiera ordenado detener temporalmente cualquier construcción en Alligator Alcatraz mientras se resolvía el caso.
Paralelamente, el centro ha estado bajo escrutinio público por las quejas sobre malas condiciones y malos tratos a los detenidos, quienes denunciaron falta de higiene y alimentación adecuada, así como presión para aceptar deportaciones. Según el congresista Maxwell Frost, actualmente solo quedan 336 migrantes en el centro, anticipando su inminente cierre.
