Eloxochitlán exige libertad absoluta para Miguel Ángel Peralta
El Primer Tribunal de Oaxaca debe resolver el amparo de Miguel Ángel Peralta de Eloxochitlán: enfrenta el riesgo de una condena 50 años.
Esta la última oportunidad de Miguel Ángel Peralta Betanzos para recuperar su libertad plena. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Oaxaca debe determinar ya si se concede la libertad absoluta a través de un amparo o confirma una condena de 50 años de prisión a Peralta, un defensor comunitario mazateco cuyo caso ha sido señalado como emblemático de la criminalización contra defensores del territorio, específicamente en el municipio de Eloxochitlán de Flores Magón.
La resolución, que llega después de más de una década de conflicto en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, sentará un precedente inmediato para las más de 200 órdenes de aprehensión activas contra 56 personas de la misma comunidad.
Peralta Betanzos tiene 42 años y es uno de los activistas de la comunidad de Eloxochitlán que denunció, entre otros crímenes, el saqueo de los recursos naturales por parte de caciques enquistados en la estructura gubernamental. Peralta ya estuvo en la cárcel y fue absuelto. Pero ahora enfrenta una acusación –por delitos que él no cometió, asegura– cuya condena probable alcanza el medio siglo de prisión.
Por ello, pobladores de Eloxochitlán han convocado a una manifestación este viernes 10 de octubre frente al tribunal en San Bartolo Coyotepec. Exigirán a los magistrados que “estudien de fondo las pruebas” y otorguen la libertad absoluta a Peralta. “No hemos estado del lado del poder y por eso no hemos tenido justicia, pero nos asiste la razón”, declaró el activista durante una conferencia virtual a distintos medio de comunicación.
La decisión representa la última instancia jurídica para Peralta Betanzos luego de que, en noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocara una sentencia anterior y devolviera el caso al tribunal oaxaqueño con una instrucción específica: juzgar con perspectiva intercultural, tomando en cuenta el contexto y origen indígena del acusado. El defensor ya fue absuelto una vez en 2019, pero la parte acusadora (encabezada por Elisa Zepeda, quien hasta 2024 fue titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Oaxaca, por parte de Morena) logró reabrir el proceso.
El caso se centra en los hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2014, cuando una asamblea comunitaria en Eloxochitlán fue interrumpida por una balacera. A la balacera siguió una gresca, una batalla campal que terminó cobrando la vida de Manuel Zepeda, hijo de un cacique local priísta: Manuel Zepeda Cortés. Aunque Miguel Ángel Peralta comprobó que no estuvo presente durante los incidentes, fue incluido entre los 34 integrantes de la asamblea acusados de homicidio y tentativa de homicidio.
Aunque la familia Zepeda estuvo históricamente ligada al PRI, Elisa Zepeda, hoy es diputada local de Morena. Hermana de la víctima e hija del cacique, ha sido señalada por la comunidad como la principal impulsora de las acusaciones contra la comunidad y de torcer la justicia a su favor. La defensa de Peralta lo explica así: existe una manipulación del sistema de justicia por parte de un “cacicazgo local” con influencia política. También la responsabilizan, a ella y a su padre –quien poseía una mina en la zona– del saqueo de arena y materiales pétros del río Xangá Ndá Ge, alrededor del cual se formó la comunidad y que hoy se encuentra en estado agonizante.
Como prueba fundamental, el tribunal admitió dos peritajes antropológicos que contextualizan el conflicto. Ambos dictámenes –emitidos por peritos oficiales del Consejo de la Judicatura Federal– señalan “un profundo antagonismo” en la comunidad y una “marcada asimetría de poder” donde la familia Zepeda dominante utiliza su posición económica y sus vínculos con actores externos para someter a la población.
“Los dictámenes reconocen que el cacicazgo ha logrado manipular el sistema de justicia para criminalizar a quienes defienden el río y la autonomía”, precisó la abogada defensora Araceli Olivos. La defensa también cuenta con argumentos jurídicos externos de la relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, aunque el tribunal no está obligado a considerarlos.
Los cambios implementados tras la reforma judicial están generando expectativa en el caso. De entrada, la composición del tribunal que resolverá el amparo ha generado expectativa. Integrado por el magistrado ponente Víctor Hugo Cortés Sibaja, la magistrada Elizabeth Franco Cervantes –que será sustituida por su secretario Carlos Abel de los Santos Sánchez– y el nuevo magistrado Jahaziel Reyes Loaeza, cuyo voto podría ser decisivo en caso de desacuerdo.
A la defensa de Peralta le preocupa la cercanía de los nuevos jueces con Morena y la presunción de cercanía que, en sus redes sociales, hace Elisa Zepeda con, por ejemplo, Hugo Aguilar, agistrado presidente de la Suprema Corte.
Por eso, la manifestación de los pobladores de Eloxochitlán este viernes frente al tribunal en San Bartolo Coyotepec será para exigir a los magistrados que “estudien de fondo las pruebas” entregadas. La resolución del amparo no solo definirá el futuro de Miguel Ángel Peralta sino que determinará el curso de las más de 200 órdenes de aprehensión pendientes contra los habitantes de Eloxochitlán, en un caso que ha convertido a esta comunidad mazateca en símbolo de la resistencia indígena frente a los poderes partidistas.
