Asesinan en Chiapas al sacerdote Marcelo Pérez; había denunciado al crimen organizado
Esta mañana fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, de la diócesis de San Cristóbal de las Casas y activista contra la guerra en los Altos de Chiapas. El párroco viajaba en su camioneta luego de oficiar misa en el barrio de Cuixtitali cuando, en la calle Las Peras, sujetos a bordo de motocicletas dispararon al menos ocho veces contra el sacerdote.
El asesinato de Marcelo Pérez llega después de una serie de denuncias de pueblos y comunidades de Chiapas por la violencia criminal que acecha al estado y que ha provocado el desplazamiento forzado de cientos de familias de distintos municipios. Apenas la semana pasada, familias Bases de Apoyo Zapatista de Ocosingo denunciaron la presencia de grupos armados que se habían instalado en sus territorios y que amenazaban con despojarlos de sus tierras con el respaldo de las autoridades estatales.
El caso del Padre Marcelo no es nuevo. Desde hace más de una década, había denunciado amenazas de muerte y hostigamiento, además de intentos de criminalización por parte de la fiscalía de Chiapas. Su última aparición pública fue el pasado 13 de septiembre durante la marcha por la paz en Tuxtla Gutiérrez, en la que las tres arquidiócesis de Chiapas marcharon para exigir un alto a la violencia contra los pueblos originarios. En ese momento declaró que él y otros sacerdotes estaban recibiendo amenazas de muerte.
“Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas”, dijo en una entrevista.
Amenazas, criminalización y más antecedentes del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez
De origen tzotzil y nacido en la comunidad de Chichelalhó, en el municipio de San Andrés Larráinzar. Había estado en la parroquia de San Pedro Chenalhó, donde permaneció dos años. Después fue trasladado al municipio de Simojovel, donde denunció la existencia de cantinas clandestinas en donde se vendían drogas y se promovía la trata de menores.
Fue entonces que comenzó a recibir amenazas y se intentó criminalizarlo por primera vez. Un sujeto, de nombre Ramiro Gómez Domínguez, varias veces candidato a alcalde y diputado local de 2003 a 2006 por el PRI, interpuso una demanda contra el párroco luego de que hubiera denunciado y entregado documentos, con el respaldo de las organizaciones eclesiásticas, sobre los puntos de venta de drogas, prostitución, tráfico de armas y trata de menores que involucraban a autoridades locales.
Ramíro Gómez ha sido denunciado por tráfico de estupefacientes, junto a su hermano Juan. De acuerdo a las denuncias hechos por la comunidad eclesiástica, había contratado a catequistas para espiar la actividades de la parroquia, además de un grupo de pistoleros para que amedrentaran a la comunidad.
Hasta este domingo, el Padre Marcelo era párroco en la iglesia del barrio de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas. En 2022 había recibido una orden de aprehensión por su trabajo como mediador en el municipio de Pantelhó, en donde un grupo armado mantiene una disputa contra el grupo de autodefensas El Machete, desde julio de 2021 cuando la violencia en Chiapas comenzó a crecer.
En ese año, 21 personas fueron privadas de su libertad y después desaparecidas. El crimen se atribuyó al grupo de autodefensas El Machete y los familiares de las víctimas señalaron al padre Marcelo Pérez como responsable, por lo que la Fiscalía General del Estado giró una orden de aprehensión contra el párroco. En ese momento más de 20 organizaciones civiles expresaron su preocupación en un comunicado por la criminalización del padre, de quien no se tenían pruebas para atribuirle el crimen:
“El Padre Marcelo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos, ha realizado innumerables acciones de defensa y acompañamiento de procesos organizativos de defensa de la tierra y el territorio frente a despojos de megaproyectos, familias víctimas de desplazamiento forzado de pueblos originarios, colectivos de familias de personas privadas de su libertad, así como brindando y facilitando procesos de mediación de pueblos y organizaciones que sufren situaciones de violencia, como lo ha hecho en Simojovel, Chenalhó, Chalchihuitán, El bosque y Pantelhó, lo que ha permitido la disminución de la violencia en estas zonas”.
En aquel momento, las organizaciones civiles recordaban la criminalización del padre y las amenazas, hostigamiento e intimidaciones que había denunciado en Simojovel. Fue por estos riesgos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2016 las medidas cautelares número MC-506-14.
Compromiso con la justicia
El obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez, confirmó el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez. También el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón confirmó el homicidio y lo condenó. Y aunque la Fiscalía General del Estado ha dicho que abrió ya una carpeta de investigación por los hechos, aún no se ha hecho pública una versión sobre lo ocurrido.
También la Compañía de Jesús emitió una condena por el asesinato. “El Padre Marcelo ha sido un símbolo de resistencia y acompañamiento para las comunidades de Chiapas durante décadas, defendiendo la dignidad, los derechos de los pueblos y la construcción de una paz verdadera. Su compromiso con la justicia y la solidaridad lo convirtió en un referente para quienes anhelan un futuro sin violencia ni opresión”.
