Vinculan a proceso a María N, encargada de Protección Civil del AXE Ceremonia
La encargada de Proteción Civil del AXE Ceremonia fue vinculada a proceso después de más de un año. El domingo se celebra una audiencia clave para el caso.
A más de un año de la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida el 5 de abril de 2025 en el festival Axe Ceremonia, un juez emitió la primera la primera resolución judicial en el caso: la vinculación a proceso de María “N”, quien se desempeñó como la responsable de Protección Civil durante el festival de música AXE Ceremonia, en el Parque Bicentenario, donde una pesada estructura mató a los fotoperiodistas.
Como la defensa de María “N” decidió definir su situación jurídica durante la audiencia, fue vinculada a proceso por el delito de homicidio culposo y enfrentará su proceso penal bajo medidas cautelares en libertad.
También fueron formuladas imputaciones contra otras siete personas y tres empresas: Operadora Eclectic, encargada de elaborar el programa de Protección Civil; O.N. Producciones Creativas (Obra Negra), responsable del montaje decorativo y colocación de grúas; y La Agencia de los Socios, vinculada a la organización de Grupo Eco. La defensa de estos diez implicados solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez fijó la reanudación de la audiencia para el próximo domingo 18 de octubre, fecha en la que resolverá si también quedan vinculados a proceso.
De acuerdo con la familia de Miguel Ángel Rojas, la vinculación a proceso solo fue por el homicidio del joven, debido a que la familia de Brenice Giles alcanzó acuerdos con las empresas y personas imputadas para otorgarles el perdón jurídico.
Aunque la defensa de María N intentó trasladar la responsabilidad a las empresas y argumentó que ya había cumplido con el pago de una multa, la familia del fotoperiodista señala que “la imposición de una sanción administrativa no excluye, por sí misma, la posibilidad de responsabilidad penal”.
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
Un año y medio de postergaciones
Llegar a la formulación de imputación esta semana tomó un año y medio de postergaciones judiciales. La defensa de las empresas promovió un cúmulo de amparos, además de interponer solicitudes de asistencia consular para imputados extranjeros, lo que derivó en continuos aplazamientos de las audiencias iniciales.
Tábata Salas, asesora jurídica de la familia de Miguel Ángel Rojas Hernández, comentó ante los medios de comunicación que existen las condiciones para no demorar más el proceso penal.
“Después de más de un año de intentos, la familia considera que estas demoras son inaceptables y exige que el poder judicial de la Ciudad de México garantice que el procedimiento pueda iniciar y avanzar, sin que los derechos de la familia de Miguel queden relegados. La exigencia no es que se vulneren, y lo repito, los derechos de las personas imputadas, sino que se garantice su ejercicio sin prolongar injustificadamente el acceso a la justicia para la familia de Miguel”, enfatizó Salas.
Las autoridades expresaron que este primer grupo de 11 personas físicas y morales (empresas) imputadas no agota la investigación. La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene carpetas de investigación abiertas respecto a la posible responsabilidad de las compañías OCESA y Seguridad Lobo.
Estas imputaciones marcan el inicio formal de un procedimiento sin precedentes para juzgar a empresas de la industria del entretenimiento masivo en México.
