Sheinbaum descarta el regreso del GIEI al caso Ayotzinapa
Isidoro Vicario, abogado de las familias de Ayotzinapa, anunció la imposibilidad del regreso del GIEI; Sheinbaum buscará asistencia internacional de otro tipo.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa que ya no será posible el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para colaborar en la investigación del caso.
“El tema del regreso del GIEI no va a ser posible, es complicado; de parte de la Comisión Interamericana ya no hay esa posibilidad. También se había visto la otra posibilidad de que regresara el GIEI por conducto de la ONU, pero también hoy nos informan que eso tampoco va a ser posible”, comentó Isidoro Vicario, asesor legal de las familias al término de la reunión.
Los padres y madres de los estudiantes sostuvieron el séptimo encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace seis meses, cuando se realizó la reunión previa, la presidenta barajó la posibilidad del regreso de los expertos, quienes dejaron el país en 2023 ante la imposibilidad de seguir indagando la responsabilidad del Ejército en la desaparición de los estudiantes.
Sin embargo, Sheinbaum les ofreció solicitar ayuda internacional o crear un nuevo grupo de especialistas, opción rechazada por las familias, quienes confiaron durante años en el trabajo del GIEI, pues consideran que sería un retroceso.
En marzo pasado, La Jornada informó que el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina Padilla, ya había establecido contacto con Ángela Buitrago y Carlos Beristain, integrantes del GIEI que permanecieron en la investigación hasta julio de 2023, cuando la CIDH anunció el retiro de los expertos por la opacidad de las Fuerzas Armadas.
Las familias de los normalistas han insistido en cada reunión en que el Ejército entregue más de 800 folios de inteligencia militar, documentos que revelarían información clave del destino de los estudiantes, pues el puñado de papeles que se conocen hasta ahora contienen intervenciones telefónicas y reportes en tiempo real sólo de la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
A pesar de que un juez federal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar los folios, la respuesta sigue siendo la misma: que no existen.
El GIEI, incómodo para Peña y AMLO
El GIEI arribó a México en marzo de 2015 por mandato de la CIDH para coadyuvar en la investigación federal del Caso Ayotzinapa. En su primera etapa, estuvo integrado por Alejandro Valencia Villa, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Carlos Martín Beristain, con Omar Gómez Trejo como su secretario técnico.
Los dos primeros informes del GIEI fueron demoledores para el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues desmontaron con peritajes la versión oficial de la entonces Procuraduría General de la República, que sostenía la incineración de cadáveres en el basurero de Cocula.
Tras la exhibición de las irregularidades y una confrontación con Tomás Zerón de Lucio, el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC-PGR), el GIEI dejó el país por las presiones desde el gobierno federal, así como una campaña de difamación y el espionaje con el malware Pegasus.
Años después, con el triunfo del opositor Andrés Manuel López Obrador, el GIEI volvió bajo un nuevo mandato de la CIDH e inicialmente tuvieron una fuerte colaboración con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y Omar Gómez Trejo, ahora titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).
Aunque el GIEI pudo generar cuatro informes más, la investigación enfocada en las Fuerzas Armadas, el hallazgo de folios generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) y de comunicaciones intervenidas por parte de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que apuntaban a la colusión de militares con el narcotráfico tensaron la relación con el gobierno federal.
El GIEI dejó México después de presentar su sexto y último informe, meses después de que Encinas y Gómez Trejo dejaran la investigación y en un clima de hostilidad promovido por López Obrador.
