El caso de Rosendo Radilla regresa a la SCJN para revisar las omisiones del Estado
A raíz de un amparo promovido por Tita Radilla, el Máximo Tribunal evaluará las omisiones de las autoridades en la investigación del caso de Rosendo Radilla, desaparecido por el Ejército durante la Guerra Sucia.
El caso emblemático de Rosendo Radilla Pacheco, víctima de desaparición forzada a manos del Ejército en 1974, regresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual analizará si las omisiones atribuidas a distintas autoridades en la búsqueda de Radilla Pacheco y en la investigación de su desaparición vulneraron los derechos de las víctimas y sus familiares a la búsqueda, la verdad y el acceso a la justicia.
Esto es resultado de un amparo promovido por Tita Radilla –hija del campesino y líder comunitario–, quien no ha dejado de buscar a su padre ni de exigir justicia por todas las personas desaparecidas en el país.
Con la resolución de la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 1642/2024, la SCJN busca fijar reglas claras sobre las atribuciones de los jueces de amparo para ordenar medidas dirigidas a garantizar una búsqueda e investigación eficaces, tales como la elaboración o actualización de planes de búsqueda, la práctica de diligencias de investigación, la coordinación entre autoridades y la implementación de acciones de memoria.
Esta evaluación también permitirá a la Suprema Corte precisar el alcance del control judicial frente a posibles omisiones de las autoridades responsables de investigar y buscar a personas desaparecidas, así como los parámetros que deben observarse para garantizar una protección efectiva de los derechos de las víctimas en este tipo de casos.
Con esto, el Máximo Tribunal no sólo evaluará este expediente en particular, sino que establecerá un precedente obligatorio para que, en todo el país, el juicio de amparo deje de ser un mero trámite de papel y se convierta en una orden judicial efectiva que garantice a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Antecedentes del caso Rosendo Radilla Pacheco
Rosendo Radilla Pacheco fue un campesino y líder comunitario de Atoyac de Álvarez, Guerrero, que el 25 de agosto de 1974 fue detenido ilegalmente en un retén militar y desaparecido por el Ejército Mexicano en el contexto de la Guerra Sucia.
Su vida estuvo estrechamente ligada al campo mediante el cultivo y comercio del café cereza, pero más allá de su labor como campesino, trabajó para mejorar las condiciones de salud y educación en su pueblo.
Tras décadas de impunidad, su hija Tita Radilla, llevó el asunto ante la justicia internacional, por lo que en 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió una histórica sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla.
Para dar cumplimiento a ese fallo, SCJN resolvió el Expediente Varios 912/2010. Esta decisión obligó a todas las autoridades y jueces del país a respetar los tratados internacionales de derechos humanos por encima de leyes locales, quitó a los tribunales militares la facultad de juzgar violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles e impulsó directamente la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011 en México.
A pesar de la trascendencia de estos avances legales, la investigación para dar con el paradero de Rosendo Radilla y castigar a los responsables continuó estancada. Tita Radilla ha denunciado la falta de avances reales, simulación y omisiones sistemáticas por parte de las autoridades encargadas de la búsqueda. Por ello, volvió a acudir a la justicia federal a través de un juicio de amparo para exigir que las instituciones actúen con eficacia.
En agosto de 2024, una sentencia histórica reconoció los actos de las instituciones mexicanas como “terrorismo de Estado”. La sentencia de la jueza Karla Macías Lovera en el juicio de amparo 565/2018 exhibió los documentos militares en los que las órdenes directas, emitidas por el entonces General secretario Hermenegildo Cuenca Díaz, consistían en “aniquilar” al activista Lucio Cabañas Barrientos y a sus aliados.
En respuesta a la sentencia, la Sedena, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Guerrero, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y hasta la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) impugnaron.
