Clara Brugada anuncia ley de rentas justas para frenar gentrificación

En 2020, aproximadamente medio millón de personas fueron expulsadas de la capital, admitió esta mañana Clara Brugada en una conferencia de prensa. Entonces no hubo desalojos masivos entonces como en los últimos meses: los juzgados estaban suspendidos debido a la contingencia sanitaria por Covid-19. Pero el mercado del alquiler, la falta de una política pública adecuada que protegiera a los inquilinos en una situación de emergencia, empujó a cientos de miles hacia la periferia o fuera de la ciudad.

Esto no ocurrió sólo durante la pandemia. Cada año, de acuerdo al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la capital expulsa alrededor de 30 mil familias. 

Ese dato, que la propia administración local ha hecho público, resume la magnitud de un fenómeno que ahora la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, intenta atajar con una reforma constitucional y una nueva Ley de Rentas Justas. La propuesta, presentada este miércoles ante el Congreso capitalino, busca limitar el incremento anual de los alquileres para que no supere la inflación y elevar a rango constitucional el derecho de los habitantes a permanecer en sus barrios.

Esta reforma, sin embargo, llega nueve meses después de que presentara el Bando 1: una serie de reformas con las que prometió en julio del año pasado combatir la gentrificación.

Antes de que Clara Brugada por fin se decidiera a enviarla al Congreso, la Ley de Rentas Justas fue pospuesta en al menos cuatro ocasiones. Por supuesto, llegará mucho después de que se celebre la Copa Mundial de Fútbol en la Cdmx: un evento que ha acelerado el aumento del alquiler, la especulación con la vivienda a través de Airbnb y otras plataformas, los desalojos forzados y la guerra por el suelo urbano.

Vidas sometidas al alquiler

Actualmente, cerca de dos millones de personas viven en viviendas rentadas dentro de la ciudad. Eso representa una de cada cuatro personas. Entre 2010 y 2020, el número de quienes alquilan creció en 135 mil. La cifra aumenta en las colonias centrales de la ciudad: allí, más del 40 por ciento de la población paga una renta.

Más que el volumen, el problema es el costo. Entre 2019 y 2023, el precio de las rentas se disparó más del 30 por ciento en algunas áreas de la CDMX, promedio; aunque algunas estimaciones indican que el costo del alquiler se cuadruplicó. En paralelo, entre 2015 y 2025, el valor de la vivienda se duplicó. 

Para las familias más pobres, el efecto ha sido devastador: muchos destinan más de la mitad de sus ingresos mensuales sólo en el pago del alquiler. Sin mencionar que muchos jóvenes no encuentran la manera de independizarse, o incluso de formar una familia, debido a la imposibilidad de pagar una renta o acceder a una vivienda en crédito. 

El arraigo como un derecho y una defensoría inquilinaria

Frente a este escenario, Brugada propuso incorporar en la Constitución local el derecho al arraigo vecinal y comunitario. La figura busca proteger “el vínculo social, cultural, económico y territorial” de los habitantes, así como “la permanencia donde hayan desarrollado sus proyectos de vida”.

La reforma, de ser aprobada, no se limitará a un tope inflacionario.También establece la obligación del gobierno capitalino de articular una política integral para aumentar de manera significativa la oferta de vivienda social y asequible, con mecanismos de acceso especialmente dirigidos a los sectores de menores recursos y a los jóvenes. El propósito declarado es “contribuir al arraigo vecinal, disminuir desigualdades territoriales y construir relaciones inquilinarias justas y equilibradas”.

Otro de los ejes de la iniciativa es la creación de una institución pública encargada de la promoción y defensa de los derechos y obligaciones de las relaciones inquilinarias. El organismo deberá velar tanto por arrendatarios como por arrendadores, en un intento por reducir la asimetría de poder que hoy caracteriza al mercado de alquileres.

La propuesta está lejos de entrar en vigor, sin embargo. La jefa de gobierno explicó que se trata del primer paso de una ruta legislativa que se desarrollará en dos etapas. La primera consiste en elevar a rango constitucional los principios anunciados. La segunda, explicó Brugada, contempla la presentación de una Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que desarrollará los mecanismos específicos para regular el mercado.

No queda claro cuándo estas medidas serán efectivas.

La jefa de Gobierno recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya avaló un tope al incremento de la renta de vivienda en Ciudad de México, en una decisión anunciada en febrero de este año. Ese respaldo judicial allana el terreno para la discusión que ahora deberá ocurrir en el Congreso capitalino.

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