La CNDH exculpa al Ejército de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
Después de 12 años, la CNDH emite una recomendación en que acredita las violaciones de los derechos humanos en contra de 92 estudiantes, pero exculpa de toda responsabilidad institucional al Ejército y, de paso, desacredita el trabajo del Grupo Independientes de Expertos Internacionales (GIEI) y de organizaciones defensoras como el Centro Prodh y Tlachinollan.
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH) publicó este 9 de julio la Recomendación 208VG/2026: 867 páginas en las que acredita las violaciones graves a derechos humanos en contra de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa mientras exculpa al Ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
El organismo, encabezado por Rosario Piedra Ibarra, tipifica como desaparecidos a 40 de los 43 normalistas y considera que los tres restantes fueron víctimas de ejecución extrajudicial, que hubo tortura y encubrimiento por parte de autoridades de distintos niveles.
Sin embargo, el mismo informe que reconoce los hechos contiene una omisión que ha encendido las alarmas entre las organizaciones de derechos humanos: excluye explícitamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) de cualquier responsabilidad institucional.
La CNDH concluyó que, aunque hubo presencia del Ejército en Iguala, “no hubo participación de los elementos de la Defensa en ninguno de los eventos violentos contra los estudiantes” de Ayotzinapa y, en cambio, arremete contra el trabajo y acompañamiento legal que organizaciones civiles y comisiones internacionales han dedicado al caso.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) denunció ayer en sus redes sociales que la recomendación deslegitima a las organizaciones de derechos humanos y a los mecanismos internacionales, mostrando una profunda insensibilidad a las demandas de las familias.
La tortura y el reconocimiento de la atrocidad
La recomendación hace un repaso por distintos momentos de la noche del 26 de septiembre y las posteriores investigaciones realizadas desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y hasta el de Andrés Manuel López Obrador.
En el caso del estudiante Julio César Mondragón Fontes (identificado como V44), que fue torturado, desollado y la imagen de su cadáver circuló sin control en redes sociales y medios de comunicación, la CNDH documentó que fue víctima de tortura y ejecución extrajudicial.
El peritaje médico-forense de 2025 concluyó que el desollamiento de Julio César Mondragón fue un acto intencional realizado con un objeto cortante y no únicamente por fauna depredadora. El reporte también documenta que el estudiante sufrió 64 fracturas.
La recomendación reconoce violaciones al derecho a la vida y a la integridad física en agravio de otros seis estudiantes fallecidos y actos de tortura específicos contra Mondragón.
Además de los 40 desaparecidos y los tres ejecutados, la CNDH acreditó uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra 45 estudiantes sobrevivientes.
También concluyó que existieron violaciones al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas directas e indirectas por las deficiencias en las investigaciones desarrolladas durante más de una década.
Pero ni los integrantes del Ejército ni la Secretaría de la Defensa Nacional, dice la CNDH, participaron activamente en los eventos ocurridos durante la Noche de Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa.
La CNDH está presidida por Rosario Piedra Ibarra, hija de la activista Rosario Piedra, quien pasó toda su vida buscando a su hijo Jesús, desaparecido por la Dirección Federal de Seguridad. La última vez que se vio con vida al hermano de la actual titular de la CNDH fue en las instalaciones del Campo Militar Número 1.
CNDH: en defensa del Ejército
El documento de la CNDH no solo exime al Ejército, sino que dedica una parte sustancial a criticar a las organizaciones que han acompañado a las familias de Ayotzinapa durante casi doce años.
Señala que organizaciones como el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Serapaz y Fundar asumieron la representación legal de la mayoría de los familiares, “monopolizando su voz”, “imponiendo su agenda” y generando una división en la que las víctimas sobrevivientes “fueron discriminadas”.
El informe señala que en octubre de 2014 representantes de estas organizaciones impidieron que la Procuraduría General de la República (PGR) entrevistara a los familiares y les recabara muestras biológicas de ADN, argumentando falsamente que las muestras “eran para buscar a los jóvenes entre cadáveres”.
Esta acción, según la CNDH, impidió ingresar los perfiles a la Base Nacional de Datos de Genética para su confrontación en vida, lo que dañó y retrasó el curso de una investigación seria.
El documento cuestiona el financiamiento internacional de estas organizaciones y las vincula financieramente con Fundación Ford, Open Society Foundations y la Fundación Hewlett.
La CNDH también se lanza contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas investigaciones ayudaron a desmontar la “Verdad Histórica” con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendía dar carpetazo al caso en 2014.
Hoy, la CNDH califica como “absolutamente falsa” la afirmación del GIEI en su Sexto Informe de que existió un “apagón informativo total” por parte de la Defensa y el CISEN después de las 21:20 horas del 26 de septiembre de 2014.
Además, la CNDH critica que el GIEI omitió o minimizó el hecho de que un grupo de aproximadamente 20 estudiantes normalistas que se habían refugiado en una casa aledaña fueron rescatados y custodiados por miembros del Ejército hasta las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero para presentar sus denuncias.
En su comunicado el Centro Prodh cuestionó “la falta de autonomía al eximir la responsabilidad institucional del Ejército, desacreditar organismos internacionales y esfuerzos institucionales, así como a la sociedad civil”.
El Prodh denunció que la CNDH “deslinda de responsabilidad a la Sedena, afirmando que no hay evidencias que la acrediten, pese a que hay 17 militares vinculados a proceso por el caso”, y que “desestima la opacidad del Ejército al no entregar información de inteligencia faltante e incluso valida información que ya ha sido verificada por propios documentos militares, confirmando su alineación al Poder Militar”.
Y añade: “Afirmar que las víctimas en el caso no han tenido voz propia es negarles su propia agencia y decisión en su proceso.”
Validar la versión militar
Uno de los puntos más controvertidos de la recomendación es la validación de la respuesta de Sedena sobre los llamados “800 folios”. En marzo de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa ordenó a la Sedena entregar la totalidad de la información generada en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) de Iguala. La sentencia estima una brecha de aproximadamente 853 folios del CFRI que no han sido entregados.
Sin embargo, la CNDH informó que, al requerir la información, Sedena respondió que solo existen 10 archivos del Cerfi vinculados al caso, y que los más de 800 folios reclamados corresponden a un registro consecutivo de la mesa de control del 27 Batallón de Infantería. Además, el Cerfi inició operaciones el 8 de diciembre de 2015, 15 meses después de los hechos.
A pesar de la orden judicial, la CNDH validó la versión castrense, pese a que el juzgado precisó que la falta de continuidad en los documentos no demuestra su inexistencia. La resolución establece que dicha información no puede clasificarse como confidencial, pues existe un interés preponderante de las familias y de la sociedad en conocer la verdad.
Los grandes pendientes
El informe también aborda el controvertido caso de AR-7, el juez de barandilla de la comandancia de Iguala.
De acuerdo con al menos cinco testimonios de mandos y policías, así como el testimonio de un estudiante normalista, este funcionario entregó a los estudiantes que estaban en la Comandancia de la Policía de Iguala al Subdirector de la Policía Municipal de Cocula, durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
El juez después huyó a Estados Unidos y, en enero de 2020, la Corte de Inmigración de Arizona le otorgó asilo político tras considerar que su testimonio era “detallado, coherente y específico”, y que estaba corroborado por las investigaciones de la periodista Anabel Hernández, quien testificó como “testigo experta” a su favor. Sin embargo, argumenta la CNDH, la Corte ignoró la ficha roja activa de Interpol que pesaba sobre AR-7 por delincuencia organizada y secuestro, y el gobierno mexicano nunca fue notificado oficialmente sobre el otorgamiento de este asilo.
La recomendación de la CNDH llega en un momento crítico, a poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y cuando el caso sigue sin esclarecerse plenamente y lo único claro son los obstáculos a la investigación que podría derivar en la verdad y en la justicia: desde la opacidad del Ejército y su negativa a entregar información de inteligencia faltante, hasta las extradiciones pendientes y las contradicciones entre las instituciones.
