Comunidades mayas ganan amparo que ordena protegerlas de plaguicidas
Tuvieron que pasar seis años para que la justicia reconociera la presencia de glifosato en cuerpos de agua y en los propios organismos de los habitantes de Hopelchén.
17 comunidades mayas de Hopelchén ganaron un amparo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ante la presencia de plaguicidas en sus comunidades. La resolución del Máximo Tribunal del país ordena a las autoridades ambientales garantizar agua limpia y monitorear la presencia de contaminantes.
Ayer, el Pleno de la SCJN aprobó por unanimidad la protección para los pobladores de Hopelchén, quienes demandaron en 2020 la protección de la justicia para hacer valer los derechos al medio ambiente sano, al agua y la salud.
“Las comunidades señalaron que las aguas subterráneas de la región constituyen un elemento esencial para su vida y continuidad como pueblos mayas. Alegaron que existía información y evidencia sobre la presencia de residuos de plaguicidas en el agua, particularmente glifosato”, señaló la Corte en un comunicado.
La resolución cierra una etapa de lucha por los derechos en las comunidades originarias. El Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, así como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) reconocieron el voto de los ministros y la sentencia, cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Comunidades envenenadas por la agricultura industrial
Hopelchén es uno de los municipios de la península de Yucatán con gran presencia de agroindustria, con los impactos ambientales de los plaguicidas empleados en cultivos de soya y maíz.
Desde hace años, los pobladores del municipio denunciaron la presencia de toxinas en el agua y notaron una sorpresiva mortandad en abejas. Para las comunidades la actividad apícola artesanal es de suma trascendencia y el reconocimiento de estos insectos como sujetos de derecho ya había escalado a la Corte el mes pasado, cuando se determinó atraer el amparo en revisión 790/2025.
Ante la problemática, las comunidades mayas acudieron a la justicia local, sin embargo, su caso fue desestimado en el año 2024, pese a haber presentado peritajes que confirmaban la contaminación.
“Estudios realizados por universidades y autoridades han encontrado la presencia de plaguicidas en el acuífero, principal fuente de agua en la región, en cenotes sagrados, pozos de agua e incluso en nuestra sangre y orina”, señalaron los denunciantes en una petición de Change.org.
Inconformes, los pobladores impugnaron y tuvieron que pasar casi dos años para que el caso fuera resuelto, bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos.
El proyecto de la ministra señala que el juzgador local debió dar valor probatorio al “Anexo 6. Medición de glifosato en fuentes de abastecimiento del Estado de Campeche”, un estudio que encontró presencia elevada de glifosato en 5 sitios de muestreo.
“Se presentan concentraciones de glifosato por encima del límite de cuantificación: Pozo 1 del SAP de Alfredo V, Pozo del SAP de Dzilbalchén, Pozo del SAP de Pakchén, Campo menonita Nuevo Progreso y Pozo 1 SAP Hecelchakán”, dice el informe.
No sólo eso, en las documentales del juicio de origen se encuentran muestras de orina con residuos de glifosato en habitantes de Ich Ek (0.47 – 0.66 g/L), Francisco J. Mújica (0.41 – 1.3 g/L), Suc Tuc (0.49 – 0.87 g/L), Sacabchén (0.35 – 0.89 g/L) y Crucero San Luis (0.36 – 0.65 g/L).
“Exhortamos a las autoridades ambientales responsables a garantizar el estricto cumplimiento de la sentencia dictada hoy por el Máximo Tribunal del país, así como a realizar las acciones indicadas en la resolución, a fin de que efectivamente se logre proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades mayas en Hopelchén”, señaló el CEMDA y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.
