Congreso avanza en poner fin a las pensiones doradas, exceptuando a las Fuerzas Armadas
El fin de las pensiones doradas implica que quienes cobraban más de 300 mil al mes, ahora percibirán alrededor de 70 mil pesos.
El Senado de la República aprobó el miércoles la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para poner fin a las llamadas pensiones doradas, es decir aquellas de más de 300 mil pesos al mes.
La reforma, que es constitucional, surgió de una iniciativa presidencial, la cual permitirá ahorrar más de 5 mil millones de pesos en pensiones que hoy reciben exservidores públicos.
La reforma establece que los funcionarios públicos de organismos descentralizados y de empresas públicas del Estado, entre otras entidades, no podrán recibir una pensión que exceda la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal.
El proyecto fue aprobado en lo general por unanimidad, con 116 votos a favor; mientras en lo particular recibió 109 votos a favor y seis abstenciones, por lo que la Mesa Directiva lo turnó a la Cámara de Diputados.
La reforma también dispone el límite en las pensiones para funcionarios de las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del gobierno federal.
La medida se aplica además a funcionarios públicos de organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, empresas públicas y fideicomisos públicos, de las entidades federativas y de los municipios.
Reforma excluye a Fuerzas Armadas
Eso sí, la reforma que pone fin a las pensiones doradas excluye de ese límite a las Fuerzas Armadas; así como las jubilaciones o pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios; y la pensión no contributiva.
La disposición transitoria de la reforma estipula que todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas y que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que se encuentren vigentes.
Con esta reforma que pone fin a las pensiones doradas, los entes públicos referidos deberán revisar y, en su caso, adecuar los contratos, las disposiciones condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos que prevean planes de pensiones o jubilaciones, para que se ajusten a lo previsto en la reforma.
No obstante, el dinero que han cobrado quienes tiene cuantiosas pensiones no les será pedido que lo devuelvan, ya que eso afectaría un derecho adquirido.
Sheinbaum impulsó el fin de las pensiones doradas
A finales del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que presentaría esta reforma para poner fin a las pensiones doradas. En el Congreso, la iniciativa avanzó en fast track pues tuvo el apoyo de todas las fuerzas políticas.
Entonces, puso de ejemplo que en lugar de una pensión dorada “ahora serán 70 mil (mensuales), que es bastante comparado con la pensión de cualquier ciudadano. Por lo menos es la mitad de lo que gana la Presidenta”.
Según Sheinbaum, había directores generales de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex o de Luz y Fuerza del Centro, que llegaban a recibir hasta 12 millones de pesos del erario a lo largo de los años, gracias a su pensión.
La mandataria aclaró que esta reforma “no es para los trabajadores de base, que están sindicalizados y que su pensión está reconocida por un contrato colectivo. Ahí no se toca”.
A quienes afectaría sería “sólo para aquellos donde fue discrecional la definición de cuál era su pensión, porque eran de confianza; todos los servidores públicos de confianza del pasado que están recibiendo un millón o 300 mil pesos de pensión mensual”.
